La administración hace un frente común contra las exigencias de Abertis. La multinacional, como informó ValenciaPlaza.com, aspira a cobrar una indemnización de 444 millones de euros del Gobierno por haber construido la autovía CV-10 de Castellón junto a la AP-7, autopista de peaje gestionada por la filial de firma Aumar. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Fomento replican al respecto que la caída en las ventas de la compañía no puede achacarse a la creación de una vía paralela gratuita, una postura que cuenta con el respaldo de la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat.
"De acuerdo con informes técnicos de la Dirección General de Carreteras, se considera que la reducción de los tráficos en las autopistas objeto de concesión no puede atribuirse a las actuaciones en ejes alternativos como pretende en sus escritos Aumar, sino que viene fundamentalmente motivado por el descenso de tráficos que se ha producido en la red de carreteras del Estado desde 2008 debido a la crisis económica y que debe ser asumida por Aumar como riesgo propio del contrato de que es titular", sentencia la administración.
Aumar interpuso un recurso contencioso administrativo el pasado 22 de julio ante el Tribunal Supremo al entender que le asisten "sólidos argumentos jurídicos en defensa de sus derechos e intereses legítimos", según consta en las cuentas del primer semestre presentadas por Abertis.
La entidad, que también gestiona la autopista entre Sevilla y Cádiz, presentó en febrero de 2011 una "solicitud de reequilibrio económico financiero de la concesión AP-7 / AP-4 a causa de los impactos en la base económica del contrato derivados de la construcción de vías paralelas", una reclamación que responde a la pérdida de tráfico en la autopista AP-7 a su paso por Castellón con motivo de la apertura de la CV-10 entre Nules y Benlloch, según concretan fuentes de Abertis.
Preguntadas al respecto, fuentes de Fomento reconocen que la reclamación de Aumar se encuentra en trámite pero afirman sobre el proceso contencioso administrativo que "no tienen conocimiento del mismo hasta el momento".
Sobre la materia, la Consellería de Infraestructuras subraya su voluntad de que la AP-7 pase a ser una infraestructura libre y gratuita a partir de 2019, año el que termina la concesión, por lo que espera que la disputa iniciada por Abertis no desemboque, bajo ningún concepto, en una ampliación del contrato de explotación. "Hemos pedido al ministerio que realice un plan de actuaciones para conectar ya la AP-7 con la nueva red de carreteras, para que arranquen los trabajos antes de que esta esté liberalizada", agregan.
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