Ecologistas en Acción ha denunciado los criterios con los que se construyó la autopista de peaje AP-41, y que ahora están suponiendo una indemnización millonaria, no respondían "a ningún interés social ni a necesidad de transporte".
Según indica el colectivo ecologista en una nota, "como es sabido, una sentencia del Tribunal Supremo dictada en el 2011, obligaba al Estado a pagar una compensación a la concesionaria de la autopista AP-41, Madrid-Toledo, porque la obra no pudo llegar hasta Montoro, como estaba inicialmente previsto. El motivo fueron varias declaraciones de impacto ambiental, que declararon inviable la obra por su grave afección al medio ambiente".
Recuerda Ecologistas que esta obra se hizo "junto con otras cuatro radiales de peaje de Madrid. Todas ellas se han declarado en concurso de acreedores y están intentando ser rescatadas por el Estado, con un coste que puede superar los 3.500 millones de euros". La organización señala que ya denunciaron en su momento que se trata "de un caso escandaloso, en el que primaron los intereses de las constructoras frende a los de la población y el medio ambiente. Mientras se siguen aplicando duros recortes en prestaciones sociales, estas cifras resultan más que escandalosas".
Aseguran que esto se ve muy claro en la AP-41, pues "se trata de una autopista que tiene solo el 11% del tráfico previsto. Costó 440 millones de euros. La concesionaria reclamaba 320 millones, por incumplimiento contractual; alegaban que la obra iba a llegar hasta Córdoba y el hecho de que concluya en Toledo les ha hecho perder rentabilidad. Finalmente se ha fijado una indemnización de 141 millones de euros". Señala Ecologistas que esta situación se ve muy clara en los papeles de Bárcenas, que recogen una anotación el mismo día de la adjudicación de la obra.
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