El colectivo de expropiados por la autopista AP-41 Madrid-Toledo denuncia sentirse de nuevo como un convidado de piedra al resurgir el debate sobre los planes del Estado para rescatar a ésta y otras vías de peaje en situación de quiebra en España. Por ello, estos 1.600 antiguos propietarios de los más de 11 millones de metros cuadrados apropiados para construir la ruinosa infraestructura piden que, dentro de sus planes para rescatar estas autopistas quebradas, el Gobierno central aclare cómo y cuándo pagará a los afectados cumpliendo las reiteradas sentencias en este sentido dictadas por los tribunales.
Hay que recordar que este problema se remonta a la construcción de la autopista, cuando la concesionaria presupuestó para estas expropiaciones unos 54.5 millones de euros, alegando que adquiría fincas rústicas. Esto no fue aceptado por los expropiados, que lograron que el Tribunal Superior de Justicia de la región primero y el Supremo después avalaran un recálculo del precio al alza por la revalorización urbanística que suponía la instalación de la autopista. De este modo, el precio por metro cuadrado pasó de los 4,65 euros previsto por los promotores a una media de 13 euros, por lo que se estima que el coste total del terreno supera los 140 millones (sin contar intereses de demora en los pagos).
El precio final del suelo, sumado al no cumplimiento de las previsiones de usuarios (por debajo del 10 por ciento de lo estimado) y la no prolongación de la vía hasta Córdoba, con lo que la concesionaria aspiraba a convertirse en una alternativa a la A-4 para viajar a Andalucía, determinó que la autopista entrara en concurso de acreedores en mayo de 2012, tras declarar un pasivo de unos 523 millones de euros.
El proceso concursal no ha supuesto ninguna merma en las indemnizaciones a los expropiados, ya que la Justicia ha reconocido que no se les puede efectuar ninguna quita y que el Estado debe asumir los pagos como responsable último de la concesión. Es más, en varias resoluciones judiciales, se obliga al Ministerio de Fomento a abonar un 25 por ciento más (otros 35 millones) por «enriquecimiento injusto» al apropiarse las fincas con un procedimiento que se considera nulo.
Aunque la Justicia ya ha fijado qué hay que hacer, esto no ha supuesto un pago automático de las compensaciones. Uno de los abogados de los expropiados, Alberto de Lucas, critica que sólo unos 50 de sus 150 representados han cobrado, y reprocha que el Estado esté obligando a pleitear individualmente a los afectados para cobrar un dinero al que tienen derecho. «Lo que echo en falta cuando oigo algunas noticias -explica tras las últimas novedades del rescate de autopistas- es que el Estado diga cuándo va a pagar a los propietarios, porque aquí todo el mundo se olvida de los que han sido expropiados.
Fernando Guirao, representante de la consultora Cleocir, también denuncia que sólo una minoría de sus 200 clientes han percibido las indemnizaciones. Este letrado se muestra sumamente crítico con los planes de rescate de las autopistas, que califica de «enjuague entre el Ministerio de Fomento y las constructoras» para eludir toda su responsabilidad en la construcción de estas autopistas, que han dejado una deuda total cercana a los 4.600 millones de euros. Guirao sostiene que lo justo es que el Estado asuma directamente las autopistas y respondiera por sus perjuicios económicos, recordando entre otras cosas que a las concesionarias se les debía haber retirado las adjudicación de las vías en el momento en que entraron en concurso tal y como marca la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.
La Tribuna de Toledo.es 30/03/2014
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