Según han indicado a EFE fuentes cercanas a la negociación, está prevista una reunión a primera hora de la tarde en el Ministerio de Fomento, a la que se espera que acudan las partes que ya se sentaron en la mesa de negociación el pasado martes.
En aquella ocasión la reunión estuvo presidida por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, y contó con la asistencia de representantes de los seis grandes bancos BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia, Banco de Sabadell y Banco Popular, así como del presidente de la patronal que aglutina a las principales constructoras y concesionarias, Seopan, Julián Núñez.
Mientras que ya se da prácticamente por seguro que la quita aplicada a la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros (en su mayoría -4.000 millones- pasivo financiero y el resto deuda comercial) no se moverá del 50 %, la postura de la banca española pasa por evitar que se produzca una nueva quita implícita en torno a la rentabilidad que devengarán los bonos a 30 años que plantea el Gobierno basándose en su esquema.
Las mismas fuentes señalan que aunque la propuesta contempla la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 % (porcentaje que podría incrementarse hasta el 4,3 % en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías), la realidad parece indicar que la rentabilidad estará por debajo de la que se paga ahora por el bono español a 30 años: 4,162 %.
Las entidades calculan que la rentabilidad de estos bonos no llegará nunca al 4,3 % teniendo en cuenta la evolución de los tráficos que han demostrado las nueve autopistas de peaje que se integrarán en la sociedad pública y que se situará en torno al 1,5 %.
Entre las propuestas que barajan se encuentra incrementar este porcentaje o flexibilizar el periodo temporal sobre el que se extenderán los bonos.
Otro de los puntos problemáticos es que los bonos no están garantizados por el Estado a fin de que no compute como deuda pública. Por ello, entre las opciones que plantea la banca está la de contar con un aval que garantice directa o indirectamente estos bonos en caso de impago.
El presidente del Santander, Emilio Botín, ya avanzó su apoyo a la iniciativa a pesar de reconocer que la quita propuesta es "muy dura", mientras que el de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha pedido una oferta "lo suficientemente clara" para que no haya riesgos adicionales al margen de la quita que se acuerde.
Desde Seopan subrayan que la quita planteada es excesiva y advierten del escaso margen de negociación.
Además recuerdan que las empresas ya han perdido el 100 % de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales.
A esto hay que añadir los 471 millones que les adeuda el Estado por obras de construcción, una cantidad que ya sufrió en su día una quita del 50 %, así como los 1.200 millones de expropiaciones.
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