Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, se ha impuesto al final y su esquema será el que se aplique. Su ministerio y el de Fomento explicarán hoy a la banca y las constructoras que las quitas a su deuda serán al final del 50% para las nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores. Ese es el plan del Gobierno y se lo dirá a los afectados en una reunión en la que también participará la patronal Seopán. Con este proyecto se pretender cerrar el contencioso abierto hace meses con las autopistas que quebraron en cadena. Esas vías -esencialmente la radiales de Madrid- entraron en concurso porque los ingresos que percibían vía peajes era muy reducido en relación con el coste de la infraestructura.
El Gobierno creará una empresa pública que aglutinará todas las citadas nueve concesiones de autopistas fallidas. Los bancos recibirán el 50% de la deuda que sí le pagará el Estado mediante un bono negociable con un vencimiento a 30 años. La rentabilidad anual de ese bono será del 1% mínimo y podrá ser vendido por los tenedores del mismo. Fuentes consultadas dijeron que el bono nacería con un alta calificación de solvencia y no contaría como déficit público.
Los bancos afectados son BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank, Banc Sabadell y Banco Popular. En conjunto los bancos tienen créditos concedidos a las autopistas en concurso de acreedores por valor de 3.900 millones de euros y las constructoras por unos 470 millones. Teniendo en cuenta otras deudas menores de otros acreedores, el pago que efectuará el Estado mediante los bonos será de unos 2.300 millones. Adicionalmente, la empresa nacerá con otra deuda de 1.200 millones contraída con los propietarios de tierras a los que se les expropió el terreno para la construcción de las vías de peaje y que aún no han cobrado. Después de esta operación, el Estado central será propietario de las nueve operadoras, con lo cual podría darlas en concesión nuevamente cuando considerara oportuno.
El Gobierno ha optado finalmente por aplicar quitas y constituir una empresa pública al entender que es la opción menos gravosa para el contribuyente. La opción de liquidar estas vías supondría un coste de unos 5.000 millones de euros para el Estado, además de un proceso judicial con las empresas actualmente concesionarias de las infraestructuras. Así lo aseguran estas firmas, controladas por los grandes grupos constructores y que afirman haber perdido ya 1.800 millones de euros en estas autopistas.
La nueva sociedad integraría a nueve concesionarias que suman 748 kilómetros de autopistas, el 22% de la red española de pago. Son las radiales de Madrid, la autopista que une la capital con Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.
La Vanguardia.com 25/03/2014
El Gobierno creará una empresa pública que aglutinará todas las citadas nueve concesiones de autopistas fallidas. Los bancos recibirán el 50% de la deuda que sí le pagará el Estado mediante un bono negociable con un vencimiento a 30 años. La rentabilidad anual de ese bono será del 1% mínimo y podrá ser vendido por los tenedores del mismo. Fuentes consultadas dijeron que el bono nacería con un alta calificación de solvencia y no contaría como déficit público.
Los bancos afectados son BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank, Banc Sabadell y Banco Popular. En conjunto los bancos tienen créditos concedidos a las autopistas en concurso de acreedores por valor de 3.900 millones de euros y las constructoras por unos 470 millones. Teniendo en cuenta otras deudas menores de otros acreedores, el pago que efectuará el Estado mediante los bonos será de unos 2.300 millones. Adicionalmente, la empresa nacerá con otra deuda de 1.200 millones contraída con los propietarios de tierras a los que se les expropió el terreno para la construcción de las vías de peaje y que aún no han cobrado. Después de esta operación, el Estado central será propietario de las nueve operadoras, con lo cual podría darlas en concesión nuevamente cuando considerara oportuno.
El Gobierno ha optado finalmente por aplicar quitas y constituir una empresa pública al entender que es la opción menos gravosa para el contribuyente. La opción de liquidar estas vías supondría un coste de unos 5.000 millones de euros para el Estado, además de un proceso judicial con las empresas actualmente concesionarias de las infraestructuras. Así lo aseguran estas firmas, controladas por los grandes grupos constructores y que afirman haber perdido ya 1.800 millones de euros en estas autopistas.
La nueva sociedad integraría a nueve concesionarias que suman 748 kilómetros de autopistas, el 22% de la red española de pago. Son las radiales de Madrid, la autopista que une la capital con Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.
La Vanguardia.com 25/03/2014
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