Contradicciones Ministeriales

Por un lado el Ministerio de Fomento estudia nacionalizar las autopistas de peaje en quiebra, o como eufemísticamente llaman, en riesgo de quiebra, asumiendo el control de estas la sociedad pública SEITTSA, que sería quien asumiría la deuda. Bueno, en realidad, quienes asumen la deuda son los ciudadanos.

Por otro lado, el Ministerio de Fomento estudia también implantar peajes en las autovías y vías de alta capacidad de su jurisdicción con el fin de poder afrontar su mantenimiento. O eso es lo que dicen, pues aunque no lo digan es un secreto a voces que seguro que uno de los principales motivos es  el poder hacer frente a todos los préstamos a las concesionarias de las autopistas en quiebra.

Pero esto cada día se parece más al cuento del Pastor y el lobo. Llevamos ya casi medio año escuchando los mismos rumores de la intervención del estado sobre las autopistas y pasan los meses y las autopistas en quiebra técnica: las cuatro radiales, la AP-41 (Madrid-Toledo), que recientemente solicitó el concurso de acreedores; y la M-12 (Eje Aeropuerto),  siguen recibiendo dinero del gobierno. Sin ir más lejos, hace sólo dos días, el Gobierno anunció que daría 290 millones de euros más, a través de préstamos participativos, a las concesionarias en riesgo de quiebra.  La ministra del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, volvió a explicar que estas autopistas de peaja estaban en una situación “insostenible” debido al descenso del tráfico (el tráfico de las autopistas de peaje de España ha registrado una caída del 5,6% en 2011, y se sitúa a niveles de 1998) y al coste extra de las expropiaciones (que en muchos casos se ha disparado hasta un 175%). Pero sigue sin hacer autocrítica y anunciar que el principal responsable de esta situación es el gobierno que ideó este modelo (casualmente el mismo que está ahora en el gobierno).

Y es que a todos los españolitos nos tocará, o ya nos tocando, pagar el capricho de los políticos que esa gran visión de futuro y aires de grandeza. Y sólo nos va a costar unos 3.000 millones de euros, como mínimo, para “salvar” al sector, cifra que el Ministerio apunta a que con esto se facilitaría la entrada de capital privado. Pero ¿Y de qué serviría la entrada de capital privado sin estas autopistas ya están en manos privadas y no han funcionado? Bastante contradictorio ¿no?