El asunto de las autopistas de peaje le está apretando a la ministra de Fomento, Ana Pastor. Esta semana ha cobrado fuerza en el tradicional seminario que la patronal del sector, Aseta, celebra en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, que suele ser una especie de catapulta para poner en órbita sus cuitas. En esta ocasión son la crisis que atraviesan las autopistas de la segunda generación (las que se adjudicaron tras llegar el PP al Gobierno en 1996, principalmente las radiales de Madrid) y la implantación de la euroviñeta, o pago por uso.
El primer tema se ha convertido en una patata caliente para Pastor, por si no tenía pocos problemas con la deuda del departamento (se reconocen 40.000 millones de euros). En ausencia de la ministra, el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, dibujó un panorama que asusta: “De las 22 concesiones, 9 están en una delicada situación, y de estas, 6 en concurso de acreedores. Hay 10 constructoras, 52 bancos y miles de socios involucrados”.
La situación de las autopistas con problemas proviene del bajo tráfico, fruto de unos cálculos sobreestimados, y de los sobrecostes de las expropiaciones, como consecuencia de una sentencia del Supremo de 2008 que elevó de 400 a 2.300 millones su coste. Hay que añadir obras adicionales y una estructura financiera agresiva, lo que hace que la banca tenga mucho que decir.
Todo eso, que ya es bastante, se agravó por la crisis. El Gobierno adoptó medidas para evitar el concurso de acreedores como las cuentas de compensación y los préstamos participativos, cuya evolución depende de los ingresos generados. Estos préstamos tienen la ventaja, en términos de contabilidad nacional, de que se consideran inversiones financieras y no influyen en el déficit.
Ante eso, Fomento está obligado a tomar una solución urgente, para la que ha manejado tres alternativas: prorrogar los préstamos y aumentar las cuentas de compensación; no interferir en las concesiones y dejar que los concursos de acreedores sigan su curso, o crear una empresa pública con una participación minoritaria de las nueve concesionarias y mayoritaria del Estado que se quedaría con las concesiones y reestructuraría los créditos. Es decir, una especie de banco malo de las autopistas. Esta solución evitaría los litigios a los que llevaría la segunda alternativa.
“Somos conscientes de la situación y tenemos que buscar un sistema viable o liquidar las empresas; el momento es crucial. Fomento no quiere imponer ninguna alternativa, pero sí garantizar la viabilidad del sistema concesionario, lo que es un reto porque depende del futuro de la colaboración público-privada y atraer capital es prioritario”, subrayó Niño ante representantes de las empresas y de los partidos políticos, que vieron en esas palabras un ultimátum a las empresas.
Pero las empresas no están conformes con la propuesta de Fomento, que ha ofrecido a constructoras y concesionarias una participación del 20% (por la transformación de las inversiones y deuda extraordinaria en capital). Las empresas reclaman un 49% o que se les abonen los casi 500 millones que consideran que la Administración les adeuda por la construcción de las autopistas.
El sector, según José Luis Feito, presidente de Aseta, no ha pedido el rescate ni ha planteado esta empresa. Lo que propone la patronal, en definitiva, es que el peaje no se aplique como un mecanismo estrictamente financiero como en la actualidad, sino que el usuario pague una tarifa variable que refleje el ahorro de tiempo, la seguridad y los costes sociales, entre otros indicadores. Para el sector, la renegociación de los contratos de concesión tiene consecuencias negativas para contribuyentes y usuarios, porque han de pagar más por el aumento de las tarifas o la ampliación de plazo de concesión o por el otorgamiento de los préstamos a un tipo de interés fuera de mercado.
Los políticos participantes en el seminario están de acuerdo en que se debe buscar una solución rápida; y mientras Rafael Simancas (PSOE) exige una solución que satisfaga a todos, Andrés Ayala (PP) la ve lejana tras subrayar que lo peor es que no se alcance un acuerdo. Simancas añadió que, ya que no es posible una rentabilidad económica, haya una rentabilidad social “abriendo al tráfico libre” las autopistas de peaje.
El País.es 09/07/2013
El primer tema se ha convertido en una patata caliente para Pastor, por si no tenía pocos problemas con la deuda del departamento (se reconocen 40.000 millones de euros). En ausencia de la ministra, el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, dibujó un panorama que asusta: “De las 22 concesiones, 9 están en una delicada situación, y de estas, 6 en concurso de acreedores. Hay 10 constructoras, 52 bancos y miles de socios involucrados”.
La situación de las autopistas con problemas proviene del bajo tráfico, fruto de unos cálculos sobreestimados, y de los sobrecostes de las expropiaciones, como consecuencia de una sentencia del Supremo de 2008 que elevó de 400 a 2.300 millones su coste. Hay que añadir obras adicionales y una estructura financiera agresiva, lo que hace que la banca tenga mucho que decir.
Todo eso, que ya es bastante, se agravó por la crisis. El Gobierno adoptó medidas para evitar el concurso de acreedores como las cuentas de compensación y los préstamos participativos, cuya evolución depende de los ingresos generados. Estos préstamos tienen la ventaja, en términos de contabilidad nacional, de que se consideran inversiones financieras y no influyen en el déficit.
Ante eso, Fomento está obligado a tomar una solución urgente, para la que ha manejado tres alternativas: prorrogar los préstamos y aumentar las cuentas de compensación; no interferir en las concesiones y dejar que los concursos de acreedores sigan su curso, o crear una empresa pública con una participación minoritaria de las nueve concesionarias y mayoritaria del Estado que se quedaría con las concesiones y reestructuraría los créditos. Es decir, una especie de banco malo de las autopistas. Esta solución evitaría los litigios a los que llevaría la segunda alternativa.
“Somos conscientes de la situación y tenemos que buscar un sistema viable o liquidar las empresas; el momento es crucial. Fomento no quiere imponer ninguna alternativa, pero sí garantizar la viabilidad del sistema concesionario, lo que es un reto porque depende del futuro de la colaboración público-privada y atraer capital es prioritario”, subrayó Niño ante representantes de las empresas y de los partidos políticos, que vieron en esas palabras un ultimátum a las empresas.
Pero las empresas no están conformes con la propuesta de Fomento, que ha ofrecido a constructoras y concesionarias una participación del 20% (por la transformación de las inversiones y deuda extraordinaria en capital). Las empresas reclaman un 49% o que se les abonen los casi 500 millones que consideran que la Administración les adeuda por la construcción de las autopistas.
El sector, según José Luis Feito, presidente de Aseta, no ha pedido el rescate ni ha planteado esta empresa. Lo que propone la patronal, en definitiva, es que el peaje no se aplique como un mecanismo estrictamente financiero como en la actualidad, sino que el usuario pague una tarifa variable que refleje el ahorro de tiempo, la seguridad y los costes sociales, entre otros indicadores. Para el sector, la renegociación de los contratos de concesión tiene consecuencias negativas para contribuyentes y usuarios, porque han de pagar más por el aumento de las tarifas o la ampliación de plazo de concesión o por el otorgamiento de los préstamos a un tipo de interés fuera de mercado.
Los políticos participantes en el seminario están de acuerdo en que se debe buscar una solución rápida; y mientras Rafael Simancas (PSOE) exige una solución que satisfaga a todos, Andrés Ayala (PP) la ve lejana tras subrayar que lo peor es que no se alcance un acuerdo. Simancas añadió que, ya que no es posible una rentabilidad económica, haya una rentabilidad social “abriendo al tráfico libre” las autopistas de peaje.
El País.es 09/07/2013
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