sábado, 13 de julio de 2013

Derroche político en las carreteras españolas


La Administración Pública derrocha el dinero de todos los españoles en una extensa red viaria que cada vez tiene menos tráfico. Si nos comparamos con países de nuestro entorno geográfico y económico la dilapidación de los recursos públicos es palpable.

España posee una red de carreteras con una extensión total de 165.810 kilómetros. El 9,6% de esta cantidad corresponde a autovías y autopistas, es decir, 14.262 kilómetros. Este porcentaje es menor en todos los países de nuestro entorno. En Francia tienen 11.042 kilómetros de vías de alta capacidad, tan solo un 4,1% del total. Por su parte, Italia posee 6.629 kilómetros de autopistas y autovías (3,6% del total de kilómetros de sus carreteras). En Alemania disponen de una longitud de 12.174 kilómetros en este tipo de vías, lo que representa el 6,3% de su red de carreteras. En el caso de Portugal, existen 2.860 kilómetros de autopistas y autovías (3,6% de su red viaria).

Si se relaciona el número de habitantes con los kilómetros cuadrados de carreteras disponibles en nuestro país, y comparamos esa cifra con otros países europeos, las diferencias se acentúan aún más. En España hay 90,8 habitantes por kilómetro cuadrado de carreteras, mientras que en Alemania tienen 230 hab/km², en Italia, 201,69 km²; en Portugal, 122,5 hab/km² y en Francia, 97 hab/km².

Sin embargo, a pesar de poseer una de las redes viarias de alta capacidad mas extensas de Europa, España está a la cola en longitud de carreteras de peaje. En total, hay en Europa unos 30.000 kilómetros de autopistas con peaje y apenas el 10% están en España. Nuestro país cuenta actualmente con 2.991 kilómetros de vías que exigen un pago al usuario, lo que representa tan solo un 21% respecto a la extensión total de autovías y autopistas. Además, de media el conductor español que viaja por autopista de peaje paga siete céntimos de euro por kilómetro que recorre. Una cuantía menor si se compara con otros países.

Y es que la gran mayoría de países europeos han escogido el peaje como modo de pagar las infraestructuras. En Francia, el 80% de sus autopistas y autovías son de peaje. El país galo privatizó las compañías que las explotan en 2005. En 2010, el Gobierno francés realizó un estudio para imponer peajes a los camiones que utilizan los 12.000 kilómetros de vías nacionales (carreteras y autovías) y eventualmente otros 2.000 kilómetros de vías locales, El coste se sitúa entre 0,08 y 0,14 euros por kilómetro y los ingresos sirven para financiar nuevos proyectos de infraestructuras de transporte.

En el caso de Italia, el 86% de sus autopistas son de peaje y están gestionadas por empresas privadas que se encargan de mantenerlas e invertir en ellas, a cambio de los beneficios que les reportan los peajes, que se abonan por tramos.

En Alemania, la circulación por los 12.000 kilómetros de autopistas está libre de peaje para los turismos. Sin embargo, para los vehículos pesados y camiones de más de doce toneladas está implantada la euroviñeta, por la que tienen que pagar una cuota por kilómetro recorrido. Esta medida fue introducida en 2005 y se aplica tanto a los vehículos pesados alemanes como a los extranjeros de tránsito por el país, y la cuota varía según el número de ejes del vehículo y el tipo de combustible.

Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca o Suecia también han implantado un sistema común de euroviñeta y algunos de estos países estudian aplicarla también a vehículos ligeros.

Actualmente se debate en España la implantación de este tipo de gravamen por el uso de las carreteras de alta capacidad. Gobierno y oposición coinciden en que, a su juicio, no es buen momento para instaurarla en España. Así lo manifestaron el pasado 1 de julio los portavoces de PP y PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso, Andrés Ayala y Rafael Simancas, en una mesa redonda de un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que fue organizado por la Asociación de Sociedades Españolas Concensionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA).

El socialista Rafael Simancas señaló que este sistema de pago por uso tiene hoy para España “más inconvenientes que ventajas”. “En este momento no podemos someter al sector del transporte y a la población a un sobrecoste en el uso de las infraestructuras”, comentó el parlamentario socialista, aunque, eso sí, se mostró dispuesto a debatir en cambio un escenario de acomodación a este modelo. Andrés Ayala (PP), por su parte, compartió el razonamiento de Simancas y abundó en la necesidad de proteger al sector de transporte manteniendo un nivel de fiscalidad que permita a las empresas seguir operando.

No es de la misma opinión José Luis Feito, presidente de ASETA, que indicó en ese mismo foro que el Gobierno no instaura tarificación por usos de autovías por el "coste político" que esta medida podría suponerle. ASETA cree que la "imposición" del pago por uso de las vías junto con la ampliación de las concesiones a autopistas son unas medidas que permitirían "dar un impulso a la inversión pública", por la recaudación que obtendría el Estado "sin aumentar el déficit", así como "apuntalar la recuperación económica".

En este sentido, Ignacio Nuche y Juan Sebastián Milanés, ambos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en un artículo titulado “Pago por uso de las carreteras” y publicado en el último número de Ciencia y Técnica, defienden la pertinencia de implantar el peaje en las autovías y autopistas. A diferencia de lo que ocurre con las infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias o portuarias, los usuarios no pagan directamente por el uso de las carreteras. “Esto produce una distorsión en el mercado del transporte que evita una asignación eficiente de la demanda”, opinan ambos expertos.

Califican la implantación del peaje como “mas justa y eficaz que otro tipo de gravámenes tributarios” y aplicar esta medida “sería muy beneficioso para el aprovechamiento mas racional de la capacidad de la red de carreteras existente y contribuiría a reducir los desequilibrios territoriales”.

Por tanto, la corriente en Europa es ser mas austero en la construcción de autovías y autopistas y que éstas sean sufragadas por el usuario que las utiliza. No es el caso de España. Si a la desmesurada extensión de nuestra red viaria, le añadimos la menor densidad de población por kilómetro cuadrado de carreteras, nos encontramos con que tenemos una de las redes viarias mas caras de mantener.

Las partidas presupuestarias que el Ministerio de Fomento ha asignado durante los tres últimos años a la construcción y mantenimiento de las carreteras españolas suman 10.424 millones de euros. Si bien es cierto que en el ejercicio del 2012 esta partida se redujo un 46,7% respecto al año 2010. Solo en el mantenimiento de la vasta red de carreteras de España, el Estado se ha gastado en los últimos seis años casi 6.500 millones de euros.

A pesar de este ingente gasto de recursos públicos, el tráfico en la red de carreteras de nuestro país se ha ido reduciendo en los últimos años. Así pues, según datos del Ministerio de Fomento, el número de vehículos que transitaron por nuestras carreteras en el año 2011 se redujo un 1,9% respecto al 2010.

Y es que, como no podría ser de otra manera, la ineficacia de los poderes públicos y, en ocasiones, la corrupción política ha desencadenado en la construcción de infraestructuras absolutamente improductivas. Es el caso de la MP-203, la autopista que no va a ninguna parte. Esta vía madrileña se proyectó en 2005 para descongestionar la A-2, entre Alcalá de Henares y la capital de España. Hasta ahora su gasto ha superado con creces los 70 millones de euros proyectados y hoy en día esta carretera finaliza abruptamente en un secarral de arena. Un caso similar se produjo también en Lérida, donde el Ministerio de Fomento inauguró el año pasado un tramo de siete kilómetros de la A-14, que no tenía ni continuidad ni al norte ni al sur. Además, se trata de una vía que no ahorra tiempo al viajero ya que es de complicado acceso.

Intereconomía.com 06/07/2013

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