El 20 de diciembre, si no hay imprevistos, España elegirá un nuevo Gobierno. Apenas tendrá protagonismo en la campaña electoral, pero la quiebra de las autopistas de peaje y de otras infraestructuras será, en un contexto de estrecheces presupuestarias y de extrema consolidación fiscal, uno de los caballos de batalla que enfrentará el futuro Ejecutivo, con obligaciones de pago que podrían oscilar entre los 3.800 y los 8.500 millones de euros.
El actual Gobierno, el presidido por Mariano Rajoy, heredó un problema que cuatro años después no ha conseguido resolver. Los intentos de la ministra de Fomento, Ana Pastor, por llegar a un acuerdo con las constructoras concesionarias y la banca acreedora de las autopistas quebradas han resultado infructuosos. Si el próximo Ejecutivo no encuentra la fórmula para sellar un pacto, la resolución la tendrán los tribunales.
Esta semana, de hecho, el juzgado de los Mercantil número 2 de Madrid desestimó los convenios presentados por la Abogacía del Estado para las sociedades concesionarias de la autopista Eje Aeropuerto Barajas, la M-12, propiedad al 100 por cien de OHL, al hallar "defectos de legalidad". Esto implica la liquidación de la infraestructura. No obstante, el Ministerio de Fomento, como ya hiciera con la AP-36 entre Ocaña y La Roda, recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial. De esta forma, gana tiempo para mantener el conflicto en suspenso. Hasta al menos el próximo año no se conocerá el fallo.
A la M-12 y la AP-36, cuya concesión se reparten Ferrovial y Sacyr, se sumarán previsiblemente en los próximos meses sentencias desestimatorias por parte de los tribunales de los convenios presentados por el Gobierno por el resto de autopistas quebradas: R-2 Madrid-Guadalajara, R-3 Madrid-Arganda del Rey, R-4 Madrid-Ocaña, la R-5 Madrid-Navalcarnero, AP-41 Madrid-Toledo, AP-7 Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.
En virtud de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública (RPA) asociada -vía real decreto- a estas concesiones, el Estado tendrá que desembolsar un máximo de 3.344 millones de euros por el rescate de las autopistas en concurso de acreedores. Fuentes gubernamentales aseguran que a esta cifra, en todo caso, habría que descontarle las amortizaciones y las expropiaciones.
Las cifras de Seopan
Sin embargo, desde la patronal de las grandes constructoras, Seopan, insisten en elevar sustancialmente la cifra. No en vano, este jueves el presidente de la organización, Julián Núñez, cifró en 5.500 millones el coste de compensar a las concesionarias. El agujero en estas autopistas se sustenta en las erráticas previsiones de tráfico, así como en los sobrecostes derivados de las mejoras solicitadas por las Administraciones, siempre según las constructoras, y del precio de las expropiaciones, que de los 388 millones calculados inicialmente pasó a 2.250 millones. Más aún, Seopan, que en marzo cifró en 5.700 millones las indemnizaciones, eleva la suma hasta los 8.000 millones de euros si se incluyen los intereses de demora.
Al entuerto de las autopistas el futuro Gobierno sumará también el de la línea de alta velocidad entre Figueres y Perpignan (Francia). TP Ferro, la concesionaria de la infraestructura que controlan ACS y la firma gala Eiffage, declaró el concurso de acreedores a principios de septiembre con una deuda superior a los 400 millones. La quiebra de la sociedad deriva, igualmente, de unas previsiones de tráfico excesivas, así como de los retrasos en las obras, según denuncia la empresa, que reclama al Estado en virtud de una cláusula de características similares a la RPA un total de 304 millones.
Otro frente abierto con una demanda millonaria por medio es el del cierre de las frecuencias de televisión por decisión del Tribunal Supremo. Por aquella medida, Cellnex, la filial de telecomunicaciones de Abertis, ha solicitado al Estado una compensación de 143 millones.
Todos ellos podrían engordar episodios pasados en los que el Estado tuvo que asumir los costes de una mala planificación o, incluso, de posibles actividades negligentes. Así ha ocurrido con el almacén de gas Castor, por el que se está juzgando en este momento a los funcionarios que aprobaron el proyecto y por el que el Estado pagó cerca de 1.400 millones a ACS y a la canadiense Dundee Energy para hacer frente a los bonistas de la fallida instalación.
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