El juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid acordó ayer liquidar las sociedades, pertenecientes a OHL, que explotan el tramo de peaje que une la capital con el aeropuerto de Barajas. Con esta decisión, se ve aún en mayor riesgo el plan de rescate que Fomento presentó, en 2014, para salvar las nueve autopistas que están al borde de la quiebra. No en vano el mismo juzgado ya abrió anteriormente la fase de liquidación para otra de ellas, la AP-36 Ocaña-La Roda. Empieza así a presentarse el escenario que el Ministerio quería evitar a toda costa: el cierre de las sociedades supone activar la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA); en otras palabras, el Estado se verá obligado a indemnizar a las concesionarias, una vez que se ha demostrado el fracaso de las infraestructuras.
Fomento se encuentra, por tanto, en una situación apurada, ante la que ha respondido de la misma manera tanto en el caso de Ocaña como de Barajas: recurriendo las decisiones judiciales y demorando así el proceso hasta la próxima legislatura. Pero persiste el riesgo derivado de un uso abusivo de la RPA, que extendió la aplicación de esta garantía a todo tipo de obra publica, incluso a aquélla que contaba con una expectativa irrazonable de rentabilidad para la concesionaria, como las radiales de Madrid.
Es un legado que recibió la ministra Pastor y que se ha esforzado en eliminar, con los cambios legislativos impulsados en abril. Pero esas modificaciones sólo afectan a los futuros proyectos. La herencia envenenada, en forma de indemnizaciones a las radiales o a otros proyectos fallidos como el AVE a Francia, aún amenaza a los ciudadanos con reeditar un nuevo caso Castor. El futuro Gobierno debe hacer lo posible para minimizar sus efectos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario