El gobierno de Manuela Carmena tiene otra prioridad durante su mandato, la misma que el Partido Popular desde el año 2004: cerrar todo el distrito Centro al tráfico excepto para residentes, comerciantes y transporte público. Tres de sus seis barrios ya cuentan con cuatro Áreas de Prioridad Residencial (APR) total o parcialmente. Ahora Madrid extenderá las restricciones a Universidad y Justicia y lo que falta de Palacio (oeste y sur) y Sol (este).
Según reconoció a ABC el concejal-presidente del distrito Centro,Jorge García Castaño, el siguiente se implantará en La Latina (Palacio), que es la única parte de la zona sur del distrito que queda fuera de la circulación limitada. Los cortes, después, se extenderán a la zona de Malasaña (Universidad). «Me gustaría que los seis barrios tuvieran APR. Es una reivindicación vecinal muy potente que piden todos los días», reveló el edil.
Se trata de un plan que estudia la concejalía de Inés Sabanés, Medio Ambiente y Movilidad, en consonancia con esta Junta de distrito. En estos momentos están manteniendo reuniones con todos los actores implicados para trazar los accesos y vías que se puedan atravesar para determinar su diseño técnico y casuística.
Desde 2004 que se creó la primera zona restringida, las APR se han convertido en una máquina de hacer dinero para el Ayuntamiento de Madrid. Según datos municipales proporcionados por Automovilistas Europeos Asociados, hasta el 31 de agosto estas áreas han generado 171.551 denuncias que, traducidas en términos económicos, suponen 15,4 millones de euros, el equivalente al presupuesto total que se ha destinado al distrito de Salamanca (15,5 millones) durante todo este ejercicio.
Las APR representan el 12,6% del total de sanciones de tráfico emitidas hasta el 31 de agosto (1.357.715), o lo que es lo mismo, 133,2 millones de euros, el presupuesto que suman siete distritos: Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Chamberí y Villa de Vallecas. No se puede hacer comparativa con otros años, ya que el gobierno del PP, entonces dirigido por Ana Botella, comenzó a hacer públicos los datos de multas en noviembre de 2014.
Alberto Ruiz Gallardón fue el creador de las APR. La primera se inauguró hace once años en el barrio de las Cortes; continuó en 2005 limitando el tráfico en el barrio de Las Letras, donde se ubica una de las cámaras que más multa en toda la ciudad, la de la calle Prado, 28; todos los usuarios que tratan de acceder al aparcamiento de Santa Ana por esta vía y no por la de la calle Príncipe -la única que permite el acceso sin ser sancionados- son multados. Al año siguiente, en 2006, el exministro de Justicia sumó una nueva APR, la de Embajadores. Ana Botella dejó todo listo a Manuela Carmena para poner en marcha laAPR de Ópera, en funcionamiento desde el 1 de agosto, aunque aún está en fase de prueba.
El concejal de Centro afirma que esta medida política es prácticamente repetida en todo el planeta: «Es la tendencia del resto de ciudadesde Europa y el mundo: en Nueva York, en París, en Copenhague, en México D. F. y en todos los lados. Son planteamientos de Obama, del Papa y de todo el mundo. No entiendo la fijación que tiene Aguirre y el Partido Popular con esto. Estamos haciendo cosas de lo más normal. Es un proceso de modernización en el que están todas las grandes capitales del mundo».
García Castaño no descarta que se lleve a cabo la peatonalización de calles, pero no piensa en ellas de forma generalizada. Por ahora, prefiere centrarse en las APR. Lo que garantizan es que se flexibilizarán horarios y se estudiará la entrada de más vehículos de los residentes. «Lo sustancial es disminuir de formar importante el tráfico rodado en el centro. No solo por temas de contaminación, que es impresentable, sino por buscar nuevos espacios y nuevas zonas que permitan ganar espacio para los habitantes».
El gobierno de Ana Botella pretendía continuar con el plan de Gallardón, que secunda Ahora Madrid, de ampliar las APR a todo Centro, pero no había consenso. Esta medida que apasiona a los vecinos no convence a los comerciantes. CEIM y la Cámara de Comercio, la Confederación de Comercio de Madrid (COCEM), la Asociación de Comerciantes y Vecinos de Centro y la Asociación de comerciantes de Gran Vía presionaron al anterior equipo municipal para que se repensara el plan. Por esta razón, la APR de Ópera se retrasó hasta después del 24-M.
Lo que los afectados exigen a las administraciones es que antes de ponerlo en marcha pueda negociarse la medida para coordinar un aumento del transporte público en la zona.
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