Muy reciente está el caso del posible cobro de peaje de autovías y vías rápidas competencia de la comunidad de Madrid, sin que aún se sepa si este tema sigue aparcado para abrir una vía de recaudación o si por el contrario, está totalmente descartado. Y cuando todavía nos estamos sobreponiendo del susto de tener que incluso pagar para ir a trabajar, al menos en Madrid, nos enteramos que el gobierno de Extremadura acataría esta medida en dos autovías como son la A-66 y la A-58 Cáceres-Trujillo si lo indica el gobierno central.
El gobierno central sigue tanteando este tema, pese a que en Extremadura las vías rápidas están contadas con los dedos de una mano y la saturación de vehículos es muy puntual y en determinados lugares.
Por otro lado, los grupos de la oposición han mostrado su preocupación ya que el pago por el uso de vías que son un eje vertebrador de la economía industrial y de servicios de esta comunidad irían totalmente en su contra, y además, empeoraría, como ya se argumentó cuando el tema salió a la luz, el tráfico de las vías convencionales, con el consiguiente aumente del mantenimiento y de los accidentes en estas vías.
Pero pese a esta medida, las empresas concesionarias de las autopistas de peaje están muy a favor de que el gobierno central ejecute esta medida, y que serviría para solucionar sus problemas económicos. Con este cobro argumentan que se podría garantizar el mantenimiento de los más de 8000 km de autovías que existen en el estado y que “cuestan” al estado (porque se olvidan que al estado lo financian los ciudadanos, y que, en consecuencias, ya pagan por este mantenimiento) unos 900 millones de euros al año.
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