sábado, 3 de noviembre de 2012

¿Alguna razón más para decir que esto también ha sido una estafa?

Cayó la AP-41, la autopista de peaje entre Madrid y Toledo. Fue la primera en presentar el concurso de acreedores allá por el mes de mayo, pero después del verano, todo ha ido acelerándose. Cayó la R-4, la AP-7 entre Cartagena y Vera, unos días más tarde las radiales R-3 y R-5 y la última en caer, la AP-36.
Nos preguntamos ahora si quedan más ejemplos. Preguntamos al gobierno del estado, al gobierno de la comunidad de Madrid y al Ministerio de Fomento si hay que demostrar en más ocasiones que todas estas infraestructuras han resultado ser una verdadera estafa. Una estafa que a los ciudadanos nos saldrá por no menos de 3.500 millones de euros, que son los que las concesionarias de estas autopistas deben a los acreedores, es decir, a los bancos.


Tiene bastante gracia que aquellos que crearon este desaguisado de la estafa de las autopistas radiales y algunas de peaje sean los que hoy se encuentren de nuevo con la patata caliente entre las manos y no sepan qué hacer con ellas. Pero más gracia aun tiene que aquellos que tuvieron en su mano el arreglar el problema y no lo hicieron, ahora culpen a los que se enfrentan a esta situación.

En unas recientes declaraciones, Tomás Gómez, el actual  secretario general del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, ha arremetido contra las radiales de peaje a las que culpa de ser un negocio para las constructoras y costar muy caras a los madrileños… ¡Sorpresa!¡Sorpresa!¡Este hombre es un as de la política! ¿Eh?
No es por criticar a un partido u otro. Sabemos que ambos se han lucrado como han querido durante la burbuja inmobiliaria y financiera, y ahora, en lugar de arreglar y hacernos salir de esta estafa en la que nos han metido, simplemente se dedican a cumplir las órdenes que les llegan de Alemania, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional y despistarnos con el "¡Y tú más!". ¡Patético!
 
Y ya que me pongo a hablar de rescates, recientemente hemos sabido que las empresas concesionarias de autopistas de peaje podrán solicitar préstamos participativos al Ministerio de Fomento para así compensar una parte de la falta de ingresos que sufren como consecuencia de la falta del tráfico. Lo cual es como si yo tuviera una empresa de alquiler de sombrillas en la playa y pidiera a la administración dinero para compensar la falta de ingresos durante los meses de invierno por la falta de clientela, pero sin realmente indicar cual es la razón de la falta de clientela y sin hacer ni un poquitín de autocrítica.
Y volviendo al punto de partida, y a la patata caliente, el Partido Popular para reforzar las garantías de estos préstamos a sus amiguetes y evitar así las pérdidas de las empresas concesionarias, lleva a los Presupuestos Generales para el 2013 una enmienda por la que garantiza estos préstamos, sean cuales sean las partidas dirigidas al Ministerio de Fomento. Todo en su orden, como cabría esperar,
 
Otra razón por la que me empeño en demostrar que el rescate de las autopistas y las radiales de peaje está siendo una estafa es como sin tan siquiera ruborizarse algunas grandes constructoras siguen teniendo beneficios netos por un lado y siguen pidiendo dinero público al estado para evitar la quiebra de éstas infraestructuras.
Un ejemplo claro lo hemos conocido estos días. La Constructora Ferrovial obtuvo un beneficio neto de 488,5 millones de euros en los nueve primeros meses de este año 2012, incrementando en un 1,4% sus beneficios con respecto al mismo periodo de 2011. Sin embargo, por otro lado, Ferrovial participa en dos autopistas como concesionaria que han declarado recientemente concurso de acreedores, la radial de Madrid R-4 y la que une Ocaña-La Roda, y que por supuesto, han pedido su respectivo dinero al estado. ¿No da qué pensar?
 
Y por si faltaba algo que añadir, el despacho de abogados Serrano Alberca & Conde, se ha lanzado a la puesta en marcha de la Asociación Nacional para la Defensa del Expropiado por la que se encargará de que en los actuales concursos de acreedores en los que el último responsable es el Estado a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración contemplada en los contratos concesionales de autopistas, los expropiados por la construcción de estas infraestructuras no pierdan nada de lo que en su momento la administración les prometió. ¿Y quién estará detrás de los terrenos expropiados?¿Algún político, alcalde o concejal de algún pueblo?¡Quién sabrá!
 
¿Tengo que añadir alguna razón más para decir que esto también ha sido una estafa?

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