La Asociación de Concesionarias de Autopistas de Peaje (Aseta) vuelve a
anunciar que para resolver la situación de quiebra que afrontan las autopistas
de peaje (Radiales Madrileñas, AP-41 y la AP-7 Cartagena-Vera) el Gobierno debe implantar el cobro de peajes en toda la red de autovías/Autopistas/Vías Rápidas
del Estado.
Además, la patronal justifica que esto serviría al estado para
garantizar unos ingresos mínimos para el mantenimiento de la red viaria del
estado y calculan que dicha implantación podría generar ingresos anuales de
entre 1.800 millones y 3.500 millones de euros a las arcas del Estado, en
función de la cuantía de la tasa y el número de kilómetros de vía sobre la que
se imponga, según los cálculos realizados por Aseta y patronales del sector de
la construcción.
Pero ahora nos preguntamos por un lado ¿es moral que una empresa intente
subordinar tanto a un gobierno por a su favor? Cuando uno se embarca en un
proyecto empresarial, debe saber que siempre hay riesgo, mayor o menor, en que
dicho proyecto naufrague. En el caso de las Autopistas de peaje, más aun, pues
eran ya proyectos con un alto riesgo de fracaso. Lo que no puede ser es que
ahora, las empresas concesionarias, pese a la cláusula en la que la responsable
subsidiaria es el estado, sean las que para salvarse de dicha quiebra, impongan
al estado una solución como esa. Es como si las empresas dedicadas a la Sanidad
o a la Educación obligaran al estado a que los ciudadanos pagaran (además de
con sus impuestos) una tarifa por acceder a dichos servicios para que al final
el ciudadano decidiera entre lo “Público” o lo “Privado”.
Todo esto tiene un tufillo a secuestro de los que los rehenes y los que pagan el rescate son los mismo, todos nosotros. Porque al final se opte por la solución de la implantación de los peajes como por la otra, la del rescate, al final, los afectados, somos los mismos de siempre. Aquí si que se cumple que la crisis de unos la pagamos todos.
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