No nos salen las cuentas

Las arcas públicas se han vaciado tras tanto despilfarro en obras faraónicas y sobres y maletines de váyanse ustedes a saber, y las comunidades buscan medidas para no verse inmersas en grandes cifras de déficit, aunque para eso tengan que engañar. Las cuentas no le salen a Esperanza Aguirre. En la Comunidad de Madrid, la “Lideresa” lleva semanas estudiando la mejor manera de implantar peajes a las carreteras públicas para que los usuarios paguen su mantenimiento, nada más que el de unos 2.500 kilómetros. Pero esta opción no encuentra el apoyo ni del resto de partidos de la oposición y mucho menos el de la ciudadanía, harta de ver como se les sube impuestos, se les recorta servicios públicos sin que la clase política y financiera, que es la que nos ha llevado a este punto con la manida frase del “España va bien” se haya bajado ni un céntimo en sus salarios y mucho menos hayan recortado sus privilegios. Podemos hablar de que hemos vuelto un poco a la época de la Ilustración en la que el “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” y costeado por el pueblo se cumple a rajatabla.

Hay carreteras en la comunidad de Madrid (M-45, M-407, M-511 y M-501) que se construyeron con el sistema de peajes en la sombra, y vinieron impulsadas por el modelo de crecimiento por el que apostó la Comunidad, el del ladrillazo. En estas vías, la adjudicataria de la construcción de la infraestructura, gestiona la vía durante un tiempo determinado y cobra según el número de vehículos diarios o anuales que pasen por dicha vía. Estas carreteras que nacieron bajo el gobierno de Alberto Ruíz-Gallardón y crecieron con la de Esperanza Aguirre, se llevan al año unos 103 millones de euros de los presupuestos destinados para carreteras. La concesión establecida, según el caso, varía de unos 20 a unos 30 años. Un pastel muy suculento para las empresas constructoras (Grupo Acciona, FCC, Cintra y Sacyr), pues, a diferencia de las vías de peaje directo, el conductor considera que esas vías, sin barreras y sin señales de peaje, son públicas, pagadas con su dinero sin que haya empresas de por medio, y claro, las utiliza como cualquier otra vía. El caso de la M-45 es ilustrativo, ya que la construcción de la vía costó 487 millones y la concesión inicial fue de 30 años. El pago anual está siendo de 70 millones de media, por lo que el coste total por la M-45 ascenderá hasta los 2.000 millones. Quizás el Gobierno regional debería alertar al conductor de qué tipo de vía es esa al igual que hicieron con las autopistas de peaje.

Por otro lado, la M-407 se construyó paralela a la AP-41 (Autopista de Peaje Madrid-Toledo) hasta Griñón, de tal manera, que parte del posible tráfico que pudiera utilizar esta autopista de peaje se desvía por esta. En ambos casos se pagaría peaje, directo o en la sombra, pero mientras que en el primer caso el coste recae directamente sobre el usuario, en el segundo caso recae indirectamente, y con la mentalidad que reina de momento en esta sociedad, parece que como paga el estado, pagan otros.

De todas maneras, es bastante curioso ver como las distintas administraciones no se coordinan. Mientras ahora el Gobierno central rescata a la AP-41, que recientemente se ha declarado en quiebra, el gobierno regional construye otra vía que paga también el ciudadano. Todo un despilfarro.

Por su parte, el sector de los transportes y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer)  rechazan la posible implantación de los peajes en las carreteras de la Comunidad de Madrid, por ser una medida insalvable e insostenible que sólo responde a un intento desesperado por recaudar de cualquier sitio para reducir el déficit y defienden que este sector ya contribuye al mantenimiento de las carreteras mediante el impuesto de hidrocarburos, por el que las empresas madrileñas abonan hasta 1000 millones de euros al Estado, de los cuales el 58% son para Madrid, aproximadamente 600 millones. Cifras que superan con creces los 65 millones que la Comunidad necesita para el mantenimiento de las carreteras. La situación del sector de transportes se encuentra en una situación crítica desde que comenzó la crisis, ya que han cerrado en España 20.000 empresas y las que sobreviven están ahogadas por la subida del combustible. Desde 2008 el precio de hidrocarburo se ha incrementado un 67%, lo que implica una subida anual de entre el 15 y 19%. Estos porcentajes les suponen a las empresas el 50% de los costes de explotación, lo que destroza la viabilidad de cualquier empresa.

Por su parte, en la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peajes (ASETA) defienden la tarificación de la red de carreteras en cumplimiento de la directiva europea conocida como Euroviñeta, que supondría el pago de un peaje por circular por las principales autovías transeuropeas que se aplica en exclusiva al tráfico pesado por su mayor contaminación y desgaste de la carretera. Además, en la ASETA recalcan que la implantación de los peajes en este momento es inevitable para sanear el déficit público. El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pablo Clavero, en unas recientes declaraciones insinuó la implantación de peajes "duros" (denominados a los que tienen barrera) en la M-61 y la RM-1, aunque la tarificación de carreteras de nueva construcción parece que solo responde a las presiones de las empresas constructoras, por la deuda de hasta cuatro mil millones que tienen con entidades financieras y que con dos obras así podrían respaldar.

De todas maneras, hay que considerar que nunca las infraestructuras se han utilizado de manera gratuita. El Estado recauda 25.000 millones de impuestos sobre hidrocarburos, matriculación, tasas, vehículos de tracción mecánica, y, en algunas comunidades el llamado céntimo sanitario, para el mantenimiento de estas y otros servicios públicos y sólo se gastan 1.300 millones, así que no nos salen las cuentas.