Seguro que casi todos conocen el
juego del Monopoly e incluso muchos de ustedes habrán jugado alguna vez una
partida. Un juego en el que la frase de “esa calle es mía y me tienes que pagar
tanto dinero” era la clave del
“negocio”. Pues el Gobierno de España pretende crear una versión moderna del juego del Monopoly
adaptado a las carreteras y los jugadores seremos los ciudadanos de a pie, o
mejor dicho los “ciudadanos de a coche”.
El Gobierno es el dueño de todas las
carreteras de España, las ha comprado con nuestro dinero, pero son suyas. Y
ahora nos va a cobrar también por usarlas. Hay que rellenar el saco de
Hacienda, inmenso y cada vez más grande, y parece que el automóvil es el mejor
sistema de hacerlo.
Más del 50% de cada litro que
echamos de gasolina cada día va directamente a llenar las “arcas del Estado”.
Cuando uno se compra un cochazo de 60.000 euros, nada menos que 15.000 euros
van a llenar esa caja. Cada vez que a uno le ponen una multa por rodar a 130 km/h en una autovía,
el dinero va para la gran caja.
Sin embargo, esa gran caja está cada
vez más vacía y cada vez hay más gastos que pagar con ella. Hay más coches
oficiales, más edificios públicos, más aeropuertos, más Metro, más trenes y
sobre todo muchos más políticos, y mejor pagados, más jueces con escolta, más
policías, más embajadores. Vamos, en general más gastos y menos ingresos.
Por ello, hay que aumentar los
impuestos. Hace cinco años se vendían en España 1,5 millones de coches nuevos
cada año y además eran coches caros. Ahora, se venden la mitad y además de un
precio mucho más bajo. Y la recaudación por el impuesto de compra de un coche
ha caído a menos de la mitad, y eso en un momento en el que hace falta mucho
más dinero.
El Gobierno ya tiene la respuesta,
que está en el bolsillo del
automovilista. Las carreteras españolas llevan años en un estado lamentable de
mantenimiento. El poco dinero que se gasta en ellas es para hacer una gran
obra, que muchas veces no sirve para nada, pero no para mantener lo que hay.
Ya saben que es mucho más rentable
hacer un gran puente que reparar 100 kilómetros de asfalto. Con el primero se
ganan votos, que es lo más importante para un político, se sale en los
periódicos al inaugurarlo, se queda bien con una gran constructora y, además,
siempre se quedará algo por el camino.
El Gobierno habla de que los
ciudadanos tendrán que pagar por los servicios que reciban, es decir, por la
sanidad, la educación y ahora también parece que por las carreteras.
Lo que ocurre es que pagar por una
buena carretera puede estar bien, pero hacerlo por una carretera mala, llena de
baches, mal señalizada y, sobre todo, atascada y peligrosa, no parece de
recibo. En mi caso vivo en el norte de Madrid
y tengo que entrar en la ciudad por la
A1. Si voy por la carretera normal tengo a la hora punta más
de una hora y cuarto de trayecto para llegar a Madrid. La alternativa es entrar por la
radial de peaje que me cuesta 1,90 euros y con la que llegó en 25 minutos. Y
por ello cada día voy por la de peaje. Cuando las dos cuesten lo mismo las dos
estarán llenas por igual y todos estaremos atascados y pagando.
Parece que el Gobierno está decidido
ya a imponer el pago por las carreteras y que lo que hace ahora es estudiar la
forma en la que lo aplicará. Hay varias alternativas, la primera de ellas un
impuesto de circulación a nivel nacional, para todos los coches, que será
independiente del
impuesto de circulación que pagamos cada año al Ayuntamiento. Y ojo, las
Comunidades Autónomas también se quieren apuntar también, como ya ha dejado claro Esperanza Aguirre.
Otra alternativa es la de la llamada
Euroviñeta que se aplica en otros países europeos. Lo malo es que en este caso,
el de España, como
siempre hay que aplicar un carácter diferenciador a lo que hacemos aunque sea
copiado de lo que hacen otros, si en otros países son los camiones de cualquier
procedencia los que pagan por usar las carreteras alemanas o francesas, por
ejemplo, aquí será muy distinto.
Los camiones estarán exentos, porque
es un gremio muy castigado y si le aplican otro impuesto paralizarían España. Y
eso es malo, pero sobre todo es que los políticos son políticos pero no tontos.
Tampoco pagarán los conductores de turismos extranjeros, exentos, porque hay
que promocionar el turismo, casi nuestra única “industria”. Y por supuesto
coches oficiales exentos, policías exentos, jueces exentos, autobuses exentos.
Vamos, que solo pagaremos este nuevo impuesto los mismos de siempre.
Hay más alternativas, como es la de montar un
Gran Hermano en las carreteras, con postes con cámaras cada pocos kilómetros y
con un sistema informático brutal capaz de analizar el recorrido diario de cada
coche y tarifarlo convenientemente. Incluso se baraja un sistema de control de
cada coche vía satélite, sí de los 33 millones de vehículos que circulan por
España.
Eso nos situaría como
un país innovador, como
lo somos por tener tantos aeropuertos, o por tener más universitarios que
cualquier otro país europeo (aunque casi todos ya apuntados al paro
directamente) o más kilómetros de AVE que nadie.
Con cualquiera de los dos últimos
sistemas de cobro por el uso de las carreteras, una parte importante del dinero
recaudado se gastaría en la infraestructura, pero no de las carreteras como se
supone que debería ser, sino que se lo llevaría una empresa que a lo mejor
hasta es extranjera o de un grupo afín al Gobierno de turno, que montaría la
complicada infraestructura necesaria.
Lo mejor es que, para aplicar estos
últimos sistemas de manera eficaz, al matricular un coche pondríamos también
junto a nuestros datos una cuenta corriente para que nos cobren cada mes
literalmente lo que quieran. Estamos en un estado de “derecho” cuanto menos
especial. Y digo esto porque la
DGT ha cobrado durante años ilegalmente a los conductores
sancionados con excesos de velocidad según ha sentenciado el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid.
Lo malo es que la única forma que había de defenderse contra este robo oficial
era tener dinero y pagarse un abogado, lo que costaba mucho más que el
sobreprecio ilegal de la multa. Los que no tenían ese dinero para el
abogado, pagaban las multas multiplicadas por seis de forma ilegal mediante un
embargo de Hacienda imparable.
¿Qué ocurrirá cuando nos manden cada
mes una factura con membrete del Ministerio de Fomento, o del Ministerio del Interior,
o incluso de un ministerio nuevo que se cree para gestionar el cobro a los
ciudadanos, algo así como el Ministerio de Cobros del Gobierno de España,
diciendo que hemos recorrido 2.000 kilómetros por autovía ese mes y que
debemos 200 euros?. No nos dirán que debemos 200 euros, nos dirán que ya nos
han quitado 200 euros de esa cuenta corriente que tendremos a medias entre el
Gobierno y nosotros.
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