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| FOTO;XOÁN A. SOLER |
La bajada de cinco céntimos en el recorrido completo de la AP-9 entre Ferrol y Tui -la primera desde el 2008- es un alivio mínimo en la escalada de precios que han experimentado los peajes desde el 2006, cuando todavía la crisis no había llamado a la puerta y las autopistas no se resentían de la cruda bajada de tráfico que provocó la recesión y que ahora se está empezando a recuperar. En enero del 2006 costaba recorrer de norte a sur la Autopista del Atlántico 14,85 euros, mientras que a partir del próximo 1 de enero esa tarifa pasará de 20,20 euros a 20,15. A pesar del descenso moderado, el panorama general del último decenio es de una subida desbocada del 35,6 %, diecisiete puntos por encima del aumento del coste de la vida en el mismo período. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC subió en Galicia desde el 2006 un 18,1 %.
La razón de este desfase radica en el sistema proteccionista que regula las concesiones de autopistas en España, que de alguna manera responsabiliza a la Administración de que estos contratos gocen de estabilidad económica mientras dura la concesión pública. Esta filosofía es la que subyace a los importantes crecimientos de las tarifas en los tramos de la AP-9 pues, además de los aumentos coyunturales de los precios, la fórmula para calcular el precio de los peajes incluye correcciones por la bajada de tráfico. Pero no solo por las reales, sino sobre las previsiones de tráfico que calcula la concesionaria para cada ejercicio económico. Así, el precio se calcula al final de año teniendo en cuenta la evolución del IPC entre los dos últimos noviembres, así como el comportamiento del tráfico en la autopista en los últimos 24 meses.
A esta fórmula de cálculo, siempre beneficiosa para las empresas concesionarias, hay que añadir una serie de subidas extraordinarias, como la que elevó en agosto del 2012 los precios de los peajes un 7,5 %, después de que en enero de ese mismo año aumentaran un 3 % debido al abrupto descenso de la intensidad media diaria de vehículos en plena crisis económica. El tasazo del 7,5 % se justificaba en la supresión de una compensación que el Estado abonaba a las concesionarias por una rebaja de peajes del 7 % aprobada en 1999.
Este sistema proteccionista se refleja también en las subidas de peajes a cambio de obras necesarias como la ampliación de Rande o el tercer carril en la circunvalación de Santiago, o las compensaciones que deben asumir todos los contribuyentes por las exenciones de pago y rebajas en distintos tramos -fundamentalmente urbanos- de la AP-9.
Xosé Ramón Nóvoa, sociólogo de la plataforma Todos Contra los Peajes, creada tras la fuerte subida de las tarifas a partir del 2012, considera que tras la «testimonial» bajada de precios para el 2016 se esconde una estrategia frente a los cambios en movilidad que ha habido en Galicia. «Antes la AP-9 era un monopolio. Ahora el tren ha dejado en 80 minutos el viaje entre A Coruña y Vigo y eso puede hacer que el tráfico en la autopista, a pesar de la recuperación, termine estancándose». Nóvoa cree que Fomento ha ejercido un escaso control sobre la concesión. «Audasa mantuvo sus beneficios a pesar de la crisis, mediante la subida de peajes, un bajo mantenimiento y reducción de plantilla. Y se lo han permitido», argumenta.
El futuro Gobierno socialista portugués podría tener una política diferente con las autovías, presionado por sus socios del Bloco de Esquerda, que ayer presentaron una iniciativa para eliminar el peaje en el Algarve. El Partido Comunista quiere ampliar esta medida a otras autovías que en el 2010 dejaron de ser gratuitas. Y diez alcaldes del distrito de Viana solicitan que esa exención se aplique a la autovía que conecta con Galicia.
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