El 29 de diciembre de 2006 se inauguró la AP-41. «Una autovía de peaje que une Madrid y Toledo en media hora», decían entonces las crónicas de la época. La obra tuvo un presupuesto de 440 millones de euros y se pretendía que acogiera un tráfico de 25.000 vehículos diarios. Siete años después, por la AP-41 –de 71,5 kilómetros– apenas circulan 1.031 vehículos, según los datos del Ministerio de Fomento de los siete primeros meses de este año. Es decir, solo un 4 por ciento de lo que la empresa concesionaria de la autopista preveía. Una sociedad –integrada por el Banco Espíritu Santo, el Grupo Sando y Corsán-Corviam–, que ahora está en concurso de acreedores.
«La obra fue adjudicada por Aznar y se pone en marcha con Zapatero», se podía leer en la noticia publicada en ABC aquel 29 de diciembre. Faltaría añadir: y la tendrá que pagar el Gobierno de Rajoy o el siguiente. Es decir, los ciudadanos. Porque, casi una década después, la mayoría de los más de 1.200 propietarios que en el otoño de 2004 vieron expropiadas sus tierras «de un día para otro» siguen sin cobrar. La indemnización asciende a cientos de millones de euros y el Estado es el responsable, ya que la empresa adjudicataria se declaró en quiebra el año pasado.
«Los propietarios no pudieron hacer nada con la expropiación de sus tierras, puesto que el Estado, en Consejo de Ministros, declaró de interés general esa autopista. Lo único que les quedaba era negociar cuánto recibirían por ellas», explica el abogado Alberto De Lucas. Pertenece al despacho «De Lucas, Benítez y Martínez», que representa a clientes de algunos de los municipios afectados como Olías del Rey, Mocejón o Villaseca de la Sagra.
Esa negociación se llama «justiprecio». La primera oferta que la empresa adjudicataria realizó a los propietarios fue «irrisoria»: 1,10 euros por metro cuadrado de secano o 1,65 por el de olivar. La mayoría no aceptó y tres años más tarde, en 2007, ya con la autopista funcionando, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa fijó unas indeminzaciones mucho más elevadas: 4,65 euros por metro cuadrado de secano; 7,20 por el de olivar; 10 por el de regadío y 72 por el urbanizable. Además, los propietarios que tenían sus tierras a menos de un kilómetro de algún núcleo urbano tenían que recibir un dinero adicional en lo que se conoce como «factor situacional».
Pero la concesionaria decidió que «no pagaba y el Ministerio de Fomento –hasta 2009 con Magdalena Álvarez al frente y después con José Blanco– tampoco le exigió cumplir su obligación con la justicia», afirma De Lucas. Lo que sí hizo esta empresa fue recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha todos los expedientes de justiprecio de todos los propietarios que no estaban de acuerdo.
En este juego del gato y el ratón, este despacho de abogados logró que a la empresa se la forzara a depositar en Hacienda el dinero que les correspondía a «unos 50 clientes», bajo la argucia de que era «una medida cautelar para asegurar el pago». Visto con perspectiva, esos 50 propietarios son los únicos que, de momento, han cobrado. «Unos 15 millones de euros en total», aseguran desde el bufete.
El resto, más de 1.200 propietarios, sigue a la espera. El abogado De Lucas garantiza que estos también acabarán cobrando. Aunque no les pagará la concesionaria, ya que durante el año pasado oficializó su quiebra. Lo tendrá que hacer el Estado. «Ya ha habido alguna sentencia del TSJCM que dice que la administración es la que tiene que cargar con la deuda que la empresa tiene con los propietarios, más los intereses desde 2004, que es cuando se produjo la expropiación», explica el letrado, quien cifra en «cientos de millones de euros» lo que tendrá que abonar el Estado. Eso sin contar otras deudas que pueda tener la concesionaria.
Por eso De Lucas aconseja a los afectados que reclamen «cuanto antes» la deuda al Estado, pues es este el responsable último del desaguisado. «Y la administración no se puede declarar en suspensión de pagos», añade.
Mientras, la AP-41 sigue perdiendo tráfico. Desde 2007 a 2013 los vehículos se han reducido a la mitad –un 51,91 por ciento menos–. Esta pérdida se repite en las otras seis autopistas de peaje que hay en España en concurso de acreedores. Se calcula, además, que la deuda conjunta de todas ellas asciende a los 3.500 millones de euros. Por su parte, el Gobierno estudia crear una sociedad pública que gestione las siete carreteras en quiebra. Y, por supuesto, se haga cargo de su peaje: su deuda.
ABC.es 14/10/2013
«La obra fue adjudicada por Aznar y se pone en marcha con Zapatero», se podía leer en la noticia publicada en ABC aquel 29 de diciembre. Faltaría añadir: y la tendrá que pagar el Gobierno de Rajoy o el siguiente. Es decir, los ciudadanos. Porque, casi una década después, la mayoría de los más de 1.200 propietarios que en el otoño de 2004 vieron expropiadas sus tierras «de un día para otro» siguen sin cobrar. La indemnización asciende a cientos de millones de euros y el Estado es el responsable, ya que la empresa adjudicataria se declaró en quiebra el año pasado.
«Los propietarios no pudieron hacer nada con la expropiación de sus tierras, puesto que el Estado, en Consejo de Ministros, declaró de interés general esa autopista. Lo único que les quedaba era negociar cuánto recibirían por ellas», explica el abogado Alberto De Lucas. Pertenece al despacho «De Lucas, Benítez y Martínez», que representa a clientes de algunos de los municipios afectados como Olías del Rey, Mocejón o Villaseca de la Sagra.
Esa negociación se llama «justiprecio». La primera oferta que la empresa adjudicataria realizó a los propietarios fue «irrisoria»: 1,10 euros por metro cuadrado de secano o 1,65 por el de olivar. La mayoría no aceptó y tres años más tarde, en 2007, ya con la autopista funcionando, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa fijó unas indeminzaciones mucho más elevadas: 4,65 euros por metro cuadrado de secano; 7,20 por el de olivar; 10 por el de regadío y 72 por el urbanizable. Además, los propietarios que tenían sus tierras a menos de un kilómetro de algún núcleo urbano tenían que recibir un dinero adicional en lo que se conoce como «factor situacional».
Pero la concesionaria decidió que «no pagaba y el Ministerio de Fomento –hasta 2009 con Magdalena Álvarez al frente y después con José Blanco– tampoco le exigió cumplir su obligación con la justicia», afirma De Lucas. Lo que sí hizo esta empresa fue recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha todos los expedientes de justiprecio de todos los propietarios que no estaban de acuerdo.
En este juego del gato y el ratón, este despacho de abogados logró que a la empresa se la forzara a depositar en Hacienda el dinero que les correspondía a «unos 50 clientes», bajo la argucia de que era «una medida cautelar para asegurar el pago». Visto con perspectiva, esos 50 propietarios son los únicos que, de momento, han cobrado. «Unos 15 millones de euros en total», aseguran desde el bufete.
El resto, más de 1.200 propietarios, sigue a la espera. El abogado De Lucas garantiza que estos también acabarán cobrando. Aunque no les pagará la concesionaria, ya que durante el año pasado oficializó su quiebra. Lo tendrá que hacer el Estado. «Ya ha habido alguna sentencia del TSJCM que dice que la administración es la que tiene que cargar con la deuda que la empresa tiene con los propietarios, más los intereses desde 2004, que es cuando se produjo la expropiación», explica el letrado, quien cifra en «cientos de millones de euros» lo que tendrá que abonar el Estado. Eso sin contar otras deudas que pueda tener la concesionaria.
Por eso De Lucas aconseja a los afectados que reclamen «cuanto antes» la deuda al Estado, pues es este el responsable último del desaguisado. «Y la administración no se puede declarar en suspensión de pagos», añade.
Mientras, la AP-41 sigue perdiendo tráfico. Desde 2007 a 2013 los vehículos se han reducido a la mitad –un 51,91 por ciento menos–. Esta pérdida se repite en las otras seis autopistas de peaje que hay en España en concurso de acreedores. Se calcula, además, que la deuda conjunta de todas ellas asciende a los 3.500 millones de euros. Por su parte, el Gobierno estudia crear una sociedad pública que gestione las siete carreteras en quiebra. Y, por supuesto, se haga cargo de su peaje: su deuda.
ABC.es 14/10/2013
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