Catorce años después de su adjudicación, la letra pequeña de la concesión para la construcción y gestión de la autopista entre Alicante y Cartagena puede convertirse en un nuevo problema económico para el Gobierno central. Como ha ocurrido con el resto de vías de peaje, la que une las dos ciudades sufrió durante 2012 una caída continuada del tráfico y, por tanto, de los ingresos. En octubre, último mes reflejado en las estadísticas del Ministerio de Fomento, circularon por la autopista 15.431 turismos, un 0,9 % menos que en el mismo mes de 2011. Desde inicio del año, la AP-7 Alicante-Cartagena ha visto como el tráfico descendía todos los meses, una tendencia generalizada en el conjunto de las carreteras de pago de España y, en particular, de la Comunitat Valenciana.
Con estos números va a ser difícil que la concesionaria Autopista del Sureste (Ausur) se recupere de las pérdidas que ya arrastraba de ejercicios anteriores. El consorcio participado por la constructora Ploder, el Grupo Fuertes y Banco Mare Nostrum perdió en 2011 algo más de 36 millones que se suman a los 52 millones de euros acumulados de años anteriores. Aunque Ausur cerró 2011 con un patrimonio neto positivo de más de 50 millones de euros, la carga financiera y su magro resultado de explotación hizo saltar las alarmas del Gobierno. En junio de 2011, el Ministerio de Fomento entonces dirigido por el socialista José Blanco, tuvo que aprobar un préstamo participativo de 6,94 millones de euros que evitase el concurso de acreedores de la concesionaria.
La razón de esta ayuda de urgencia se debe a que el contrato de concesión, firmado en 1998, incluía una cláusula que obligaba al Estado a desembolsar 195 millones de euros en caso de quiebra de la concesionaria. Se trata de una garantía en favor de la adjudicataria que fija la "responsabilidad patrimonial" de la Administración central respecto a las inversiones realizadas por la adjudicataria.
Además de esta garantía, el decreto de concesión establecía un préstamo del Estado para acometer el 50 % de las obras por importe de 72 millones de euros cuya amortización está prevista casi en totalidad para los años 2047 y 2048. Es decir, en caso de que Ausur entre en concurso de acreedores, el Estado no solo tendría que afrontar una indemnización sino que además sería el principal damnificado de la suspensión de pagos.
Esta es la razón por la que tanto el exministro José Blanco como su sucesora en Fomento Ana Pastor están tratando a toda costa de evitar la quiebra, no solo de la autopista Alicante-Cartagena, sino de otras vías de peaje repartidas por España con cláusulas similares y cuya situación financiera es también muy delicada.
Hay una decena de vías de pago que actualmente afrontan desequilibrios económico-financieros que presentaron descensos del número de usuarios más abruptos y pronunciados que la media, según recoge Europa Press. La R-3 Madrid-Arganda se anotó una caída del 25% en su intensidad media diaria de tráfico (IMD) hasta octubre, con un total de 9.490 usuarios al día. La R-2 Madrid-Guadalajara contabilizó 6.119 vehículos diarios entre enero y octubre del pasado año, un 23,6% menos. La Madrid-Toledo experimentó un descenso del tráfico medio diario del 19,4%, La Ocaña-La Roda del 18,8%, la Circunvalación de Alicante del 18%, la R-4 Madrid-Ocaña, del 17%, la R-5 Madrid-Navalcarnero del 15,6, y la Cartagena-Vera, participada por Ausur, del 8,9%.
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