Esta semana hemos podido enterarnos de como la concesionaria de la autopista Cartagena-Vera, Aucosta, podría tener los días contados si no logra refinanciar de inmediato con la banca un crédito de 500 millones de euros que le serviría de ‘colchón’ a la espera de recibir ayudas del ministerio de Fomento.
Ya hablamos en este blog de como esta Autopista, la AP-7, en su tramo Cartagena-Vera, se construyó en plena efervescencia del "Ladrillazo" pese a tener unas expectativas no muy claras de ocupación y en contra de muchas organizaciones ecologistas.
La situación en la empresa que mantiene esta carretera es similar a la que viven otras autopistas de peaje como la Cartagena-Alicante y algunas radiales de Madrid.
Esta enésima emergencia en el negocio de las autopistas de peaje en lo que parece una ruleta para ver cuál es la primera que entra en concurso de acreedores y en la que se quiere ganar tiempo para acceder a las ayudas que el sector está reclamando al Ministerio de Fomento. La principal vía de solución demandada es la ampliación a 20 años de las cuentas de compensación que fueron articuladas en la pasada legislatura por un periodo de tres años. Estas vienen a salvar la diferencia entre los ingresos por tráfico real y el previsto por la Administración cuando se firmó el contrato de concesión. La otra herramienta utilizada hasta ahora en busca del reequilibrio económico de las concesionarias son los créditos participativos, cuyo objetivo es aliviar la carga de los sobrecostes por las expropiaciones de suelo.
De momento, la banca no está por la labor de respaldar unas infraestructuras en crisis y con dudoso futuro a medio plazo y, por tanto, las empresas adjudicatarias están a la espera de los primeros movimientos de Ana Pastor al frente de Fomento.
Y, con todo lo dicho, aún el gobierno de la Comunidad de Madrid quiere adjudicar el proyecto de la RM-1, una infraestructura que, al igual que resto de radiales, no cumplirá con los objetivos económicos.
Ya hablamos en este blog de como esta Autopista, la AP-7, en su tramo Cartagena-Vera, se construyó en plena efervescencia del "Ladrillazo" pese a tener unas expectativas no muy claras de ocupación y en contra de muchas organizaciones ecologistas.
La situación en la empresa que mantiene esta carretera es similar a la que viven otras autopistas de peaje como la Cartagena-Alicante y algunas radiales de Madrid.
Esta enésima emergencia en el negocio de las autopistas de peaje en lo que parece una ruleta para ver cuál es la primera que entra en concurso de acreedores y en la que se quiere ganar tiempo para acceder a las ayudas que el sector está reclamando al Ministerio de Fomento. La principal vía de solución demandada es la ampliación a 20 años de las cuentas de compensación que fueron articuladas en la pasada legislatura por un periodo de tres años. Estas vienen a salvar la diferencia entre los ingresos por tráfico real y el previsto por la Administración cuando se firmó el contrato de concesión. La otra herramienta utilizada hasta ahora en busca del reequilibrio económico de las concesionarias son los créditos participativos, cuyo objetivo es aliviar la carga de los sobrecostes por las expropiaciones de suelo.
De momento, la banca no está por la labor de respaldar unas infraestructuras en crisis y con dudoso futuro a medio plazo y, por tanto, las empresas adjudicatarias están a la espera de los primeros movimientos de Ana Pastor al frente de Fomento.
Y, con todo lo dicho, aún el gobierno de la Comunidad de Madrid quiere adjudicar el proyecto de la RM-1, una infraestructura que, al igual que resto de radiales, no cumplirá con los objetivos económicos.
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