Patada para adelante. Esa es la solución que la banca ha acordado con Ferrovial y Sacyr Vallehermoso para evitar declarar el concurso de acreedores de las sociedades concesionarias de la Radial 4 (R-4). Los acreedores les han dado dos meses más a las dos constructoras para que presenten un plan de viabilidad para la autopista de pago que enlaza Ocaña (Toledo) con Madrid.
El pasado 29 de noviembre vencía el plazo para que Ferrovial y Sacyr Vallehermoso hicieran frente a la deuda asociada a un crédito de 553 millones de euros que recibieron de BBVA, Santander, Popular, Sabadell y Unicaja,como principales bancos prestamistas. Dicha fecha ya era una extensión del segundo alargamiento –el pasado 27 de julio-, que originalmente expiraba hace un año.
Las 30 entidades acreedoras se han visto obligadas a dar una tercera prórroga a Ferrovial, dueña del 55% de la concesionaria, y a Sacyr Vallehermoso, propietaria del 35%. Ambas gestionan Autopistas del Sur SL, una autovía de pago inaugurada en 2004 para canalizar el exceso de tráfico que atascaba la entrada de Madrid por la carretera de Andalucia y Toledo. La autopista, de una extensión de 52 kilómetros , no ha cumplido de lejos las expectativas de ingresos de las constructoras.
Tras alcanzar un pico de tránsito de 11.346 vehículos de media diaria en 2007, el descenso de los ingresos ha sido una constante en los tres últimos años. En concreto, el número de conductores que eligieron este trayecto ha bajado un 28,6%, hasta apenas 8.096 vehículos a finales de 2010. La trayectoria se ha deteriorado de forma significativa en los nueve primeros meses del año en curso, periodo en el que el tráfico por la R-4 se ha hundido un 17,6%, hasta los 7.242 coches.
Sin embargo, los ingresos han crecido un 76,1%, hasta los 27,4 millones de euros. Tal discordancia se explica por la aportación que aprobó el Estado el 31 de diciembre de 2010 mediante un real decreto por la vía de urgencia para evitar que las autopistas deficitarias quebrasen. El Ministerio de Fomento acordó pagar la diferencia entre los ingresos que se hubiesen producido con el 80% del tráfico previsto y los realmente obtenidos, siempre que la subvención no superase la facturación real del año.
El 30 de junio se publicó en el BOE la modificación del contrato concesional para compensar los costes adicionales del proyecto de construcción. Para compensar el sobre coste se ha establecido un incremento del 1,95% en la tarifa, acumulativo a partir de 2012 hasta el año en que quede completamente compensado el gasto para Ferrovial y Sacyr Vallehermoso.
El grupo presidido por Rafael del Pino y la compañía dirigida por Manuel Manrique han conseguido lo que se llama un standstill, o cláusula por la que los acreedores se comprometen a no iniciar ninguna medida mercantil o judicial contra los dueños de la concesionaria. El nuevo plazo vence ahora el 29 de enero, por lo que será el nuevo ministro de Fomento del PP el que tenga que resolver este problema generado por la administración socialista y las dos empresas privadas.
Ferrovial y Sacyr Vallehermoso también comparten el capital de la autopista de peaje Ocaña-La Roda, la vía de escape de Madrid con Valencia. Su situación, sin llegar a ser tan extrema como la de la R-4 , también es un dolor de cabeza para los dos accionistas, que controlan el 95% de la concesión. De no cambiar de forma radical la evolución del tráfico en diciembre, este año será el tercero consecutivo con descenso de vehículos.
Las medidas pasan por una nueva aportación del Estado vía préstamos participativos, como se ha hecho con la R-2 o Autopista del Henares, la R-3 y R-5, y con la AP-7 , que une Cartagena y Alicante. El Gobierno se comprometió a finales de 2010 a inyectar hasta 330 millones para salvar estas carreteras de peaje, sobre las que se hicieron cálculos erróneos de tráfico y sobre las que existe un coste extraordinario por las expropiaciones que las empresas se niegan a pagar. El riesgo de quiebra costaría unos 3.731 millones de euros, según los números oficiales.
Ferrovial comparte el capital de la R-4 con Sacyr Vallehermoso, que tiene el 35%, y con Caja Castilla La Mancha (CCM), ahora en manos de Cajastur, con el 10%. La financiación consistía en 197 millones otorgados por un grupo de 29 bancos y otros 360 millones procedentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI). En ambos casos, las empresas pagan el Euribor más 130 puntos básicos, un diferencial que ahora se antoja imposible de refinanciar. Ferrovial ya ha aportado 43 millones como garantía del pago de los intereses y para facilitar la anterior extensión del vencimiento.
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