Las carreteras Radiales de Madrid se diseñaron a la sombra de la burbuja inmobiliaria, y se construyeron mediante el denominado 'peaje en la sombra', con el que la Administración se ahorraba los costes de construcción a cambio de pagar cada año un canon a las empresas, permitiendo que éstas se embolsaran el precio del peaje gestionando la vía por entre 25 y 30 años (la R-4 se adjudicó hasta 2065).
Pero, la falta de usuarios, unido al descenso adicional por la crisis y a las exigencias de los expropiados, colocaron a la R-2 (participada por Abertis y ACS), la R-3 y la R-5 (propiedad de Abertis, Sacyr, ACS y Caja Madrid), la R-4 (Ferrovial, Sacyr y Caja Castilla-La Mancha) al borde del precipicio y la AP-41 (Sando, Isolux y varias empresas más).
Si bien la crisis no ha sido el factor determinante de esta situación, lo ha sido la falta de usuarios el principal problema de las autopistas radiales, que en algunos casos un fueron un 25% por debajo de lo que se estimó al proyectarlas.
Para salvar a las empresas concesionarias de la quiebra, el Ministerio de Fomento concedió préstamos participativos por un importe de alrededor de 200 millones de euros a las 5 carreteras radiales de peaje de Madrid, con el fin de que las empresas que las gestionan superaran el riesgo de quiebra en el que actualmente se ven inmersas.
Los préstamos se dirigieron principalmente al rescate de las autopistas radiales de Madrid y a la que une Madrid y Toledo, aunque se incluyeron las de Ocaña-La Roda y Cartagena-Vera. En estas vías, el canon que recibieron de la administración las empresas adjudicatarias y el peaje que cobraban a los usuarios eran insuficientes frente a los elevados costes de construcción afrontados en su día y de mantenimiento ahora. Fomento descartó en su momento la inyección directa de fondos, por lo que las cantidades se concedieron a intereses preferentes pero con obligación de devolución.
Además de esto, se unieron las demandas presentadas por los propietarios de los terrenos expropiados. El Tribunal Supremo había fijado ese sobrecoste en 2008 en 1.000 millones y el ministerio prometió responder con 1.320 millones. En 2009, los denunciantes ya elevaban a 2.000 millones de euros las compensaciones que exigían, entre otras, a empresas tan potentes como FCC, Acciona o Ferrovial. El sobrecoste que las empresas concesionarias de las autopistas registraron fue1.858 millones, frente a los 269 millones previstos por las expropiaciones de los terrenos en los que se construyeron las autopistas, como consecuencia de la aplicación de la Ley del Suelo vigente entonces, la de 1998.
En este sentido, en fuentes del Ministerio compararon el "coste mínimo" que suponía realizar esta aportación en comparación con los 3.731 millones de euros que costaría el Estado y al déficit asumir la gestión de estas autopistas en caso de que no se solventara su desequilibrio económico-financiero y quebraran. Con este acuerdo el Gobierno buscaba solventar uno de los dos principales problemas que abocaban a la quiebra a ocho sociedades concesionarias de autopistas de peaje, el de la caída de los tráficos.
Para solventar este problema y evitar la quiebra, los Presupuestos de 2011 ya incluyeron una dotación de 250 millones de euros. Este monto se destinaría a otorgar a estas mismas concesionarias créditos participativos para paliar dicho sobrecoste de expropiación y no aumentaría, a pesar de las demandas de las concesionarias.
Así, en total, el Gobierno prestó este 2011 a estas autopistas 330 millones de euros, que, a su vez, se elevan a 530 millones al sumar los 200 millones ya incluidos en los Presupuestos de 2010 también para créditos participativos.
Estos primeros 200 millones ya fueron tramitados y la autopista Cartagena-Vera, la concesionaria de las radiales R-3 y R-5 de Madrid y la de la R-2, fueron las tres primeras que los han solicitado.
Para que las concesionarias puedan devolver estos préstamos (que tienen tres años de carencia) se les permitirá realizar subidas de tarifas adicionales a la ya prevista anualmente en enero para actualizar el peaje a la inflación. Este aumento añadido variará dependiendo de la vía que logre créditos, pero no superará el 2%.
El Gobierno ha articulado una serie de requisitos para que las concesionarias puedan acceder tanto a las aportaciones para compensar caídas de tráfico como para lograr créditos para paliar el sobrecoste de expropiación.
En este último caso, deberán acreditar haber pagado expropiaciones un 175% más caras respecto a lo ofertado y que el importe total haya sido determinado en más del 50% por acuerdo de un jurado de expropiación o sentencias de los tribunales.
En el caso de los tráficos, el Gobierno realizar una aportación en forma "cuenta de compensación" a las vías cuyo tráfico no alcance el 80% del tráfico previsto. Para devolver el crédito, las vías entregarán a la Administración, y no computarán así como beneficios, la mitad de los ingresos que obtengan cada año que el volumen de tráfico supere al inicialmente previsto.
Para solventar este problema y evitar la quiebra, los Presupuestos de 2011 ya incluyeron una dotación de 250 millones de euros. Este monto se destinaría a otorgar a estas mismas concesionarias créditos participativos para paliar dicho sobrecoste de expropiación y no aumentaría, a pesar de las demandas de las concesionarias.
Así, en total, el Gobierno prestó este 2011 a estas autopistas 330 millones de euros, que, a su vez, se elevan a 530 millones al sumar los 200 millones ya incluidos en los Presupuestos de 2010 también para créditos participativos.
Estos primeros 200 millones ya fueron tramitados y la autopista Cartagena-Vera, la concesionaria de las radiales R-3 y R-5 de Madrid y la de la R-2, fueron las tres primeras que los han solicitado.
Para que las concesionarias puedan devolver estos préstamos (que tienen tres años de carencia) se les permitirá realizar subidas de tarifas adicionales a la ya prevista anualmente en enero para actualizar el peaje a la inflación. Este aumento añadido variará dependiendo de la vía que logre créditos, pero no superará el 2%.
El Gobierno ha articulado una serie de requisitos para que las concesionarias puedan acceder tanto a las aportaciones para compensar caídas de tráfico como para lograr créditos para paliar el sobrecoste de expropiación.
En este último caso, deberán acreditar haber pagado expropiaciones un 175% más caras respecto a lo ofertado y que el importe total haya sido determinado en más del 50% por acuerdo de un jurado de expropiación o sentencias de los tribunales.
En el caso de los tráficos, el Gobierno realizar una aportación en forma "cuenta de compensación" a las vías cuyo tráfico no alcance el 80% del tráfico previsto. Para devolver el crédito, las vías entregarán a la Administración, y no computarán así como beneficios, la mitad de los ingresos que obtengan cada año que el volumen de tráfico supere al inicialmente previsto.
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