miércoles, 22 de junio de 2016

Las autopistas 'condenadas' sólo captan el 27% del tráfico previsto


Si algo puede salvar a las autopistas R3 y R5, las primeras radiales condenadas a la liquidación de una decena en toda España, no será el tráfico. Casi doce años después de la inauguración de ambas, el número de vehículos que circula por ellas ha aumentado notablemente en los dos últimos ejercicios, pero no lo suficiente como para hacerlas sostenibles. Y es que, para alcanzar la previsión de tráfico que justificó su construcción, el número de automóviles que se mueven por ellas debería multiplicarse por cuatro.
Este será uno de los asuntos que tendrá que resolver con más urgencia el próximo ministro de Fomento después de que el Juzgado de lo Mercantil número 6 haya puesto fecha a la liquidación y cierre de la R3 (Madrid-Arganda) y la R5 (Madrid-Navalcarnero) si el Gobierno no asume la gestión de las vías: el día 1 de octubre.
Estas radiales se inauguraron en febrero de 2004 con el objetivo de descongestionar las salidas y entradas a la capital. Sin embargo, el desplome del tráfico que ambas autopistas han registrado durante la crisis, el coste de las expropiaciones y algunas ampliaciones de obras llevaron hace dos años a la concesarionaria, Accesos de Madrid -participada por Abertis, Sacyr y ACS-, a entrar en concurso de acreedores.
Accesos de Madrid llegó incluso a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno por la falta de tráfico en estas dos autopistas de peaje, aunque sin éxito. Pero, lo cierto, es que las previsiones sobre el volumen de vehículos que absorberían la R3 y R5 eran demasiado optimistas: 70.000 automóviles diarios. En la actualidad, y con el tráfico creciendo tras los años de la crisis, los vehículos diarios que circulan por ambas vías suman 19.001.
Esto quiere decir que las autopistas condenadas a su cierre sólo captan el 27,17% del volumen de tráfico previsto en un principio. Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, en marzo de este año, la Intensidad Media Diaria (IMD) en la Radial 3 fue de 11.250 vehículos, mientras que en la Radial 5 ascendió a 7.751. En resumen, para alcanzar las cifras iniciales, habría que multiplicar casi por cuatro el volumen de tráfico actual.
Pese a esta disparidad de cifras, el Tribunal Supremo resolvió el recurso de Accesos de Madrid asegurando que la falta de tráfico no pueda considerarse «un riesgo imprevisible» como para modificar los contratos de concesión de autopistas de peaje que esta empresa exigía al Gobierno.
Hasta el año 2007, al comienzo de la crisis económica, la circulación por ambas radiales crecía año tras año, pero a partir de 2008 los datos entraron en caída libre. El peor año fue 2012, cuando el tráfico de la R3 cayó en un -16,8% y el de la R5, en un -19,8% en vehículos no pesados. En 2015, los números ya fueron positivos y la IMD arrojó cifras en negro: un incremento del 10,3% en la R5 y de un 12% en la R3 en vehículos no pesados. Cifras, en cualquier caso, muy lejanas a las optimistas previsiones.
El Ministerio de Fomento ha recurrido ante la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 6 de iniciar de oficio la fase de liquidación de las autopistas R3, R5 y la circunvalación de Alicante. Fuentes del ministerio explicaron que este magistrado «no tiene competencias» para iniciar este procedimiento y que este recurso «paraliza» la orden de cierre de estas radiales.
Junto a Accesos de Madrid, hay otras siete sociedades concesionarias inmersas en procesos concursales que gestionan nueve autopistas: R2, R3, R4, R5, la AP-41, el eje del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la AP-7, entre Alicante y Cartagena; aunque sólo en el caso de la R3 y R5 y la autopista de Alicante se ha llegado a una resolución judicial de cierre.
Durante la legislatura, el Gobierno ha intentado cerrar un acuerdo sobre el plan de rescate con las concesionarias, aunque nunca ha prosperado y las negociaciones están en punto muerto. El plan, aún vigente para Fomento, pasa por que el Estado asuma las autopistas tras aplicar una quita del 50% en la deuda de unos 3.200 millones que alcanzan.

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