La consellera de Infraestructuras exige al Gobierno la gratuidad de la autopista AP-7

La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, avanzó ayer en Madrid que el Consell no tiene previsto reclamar al Gobierno que adelante el rescate de la autopista Ap-7 hasta el final de la concesión, en el año 2019, pero sí avanzó que cuando ésta se produzca, la intención del Ejecutivo autonómico es exigir su uso gratuito y, como máximo, que los conductores que circulen por la actual vía de peaje, contribuyan con una cantidad para su mantenimiento. Bonig hizo este anuncio en Madrid, en una jornada organizada por la Asociación Española de Transportes. La recuperación de la Ap-7 está incluida en el plan autonómico de Infraestructuras que, por otro lado, considera estratégico el desarrollo del Corredor Mediterráneo, según subrayó la consellera Bonig.
 

La consellera admitió que la Ap-7 es «una infraestructura que ya se ha amortizado por el concesionario, pero en el momento que revierta al patrimonio común podrá ser utilizada por más conductores particulares y empresas de transporte, reduciendo la presión sobre las carreteras N-340 y N-332, que sufren fuertes congestiones en numerosos tramos y presentan elevados índices de siniestralidad». Bonig recordó, en este sentido, que la posición de la Generalitat es «no es exigir la liberalización inmediata de la AP-7, sino abogar porque el Estado deje vencer la concesión en 2019, de modo que una vez llegado este término, la infraestructura sea bien de uso gratuito o bien se pague un canon estricto para mantenimiento, siempre dentro de una solución homogénea y con igualdad de trato para toda España».
Por otro lado, la consellera Bonig afirmó que el Corredor Mediterráneo «es una ocasión única para la revitalización económica de la fachada mediterránea y de buena parte de la península. La actual evolución de los mercados implica la creación de nuevos flujos de comercio marítimo intercontinental. Entre Asia y América a través del Pacífico, y entre Asia y Europa a través del Índico, Suez y el Mediterráneo», explicó durante su intervención en la jornada.

Diario Información.com 23/10/2013

"Con 250 millones podríamos contar con una autopista liberada ya"

Izquierda Unida ha emprendido una campaña para poner de nuevo sobre la mesa el rescate del peaje de la autopista Cádiz-Sevilla (AP-4). Su coordinador provincial, Manuel Cárdenas, manifestó ayer que su formación elevará una proposición no de ley en el Parlamento andaluz, llevará mociones a todos los ayuntamientos y presentará una enmienda a los Presupuestos del Estado para que el Gobierno central incluya una partida destinada a liberar esta carretera, una partida que IU calcula en unos 250 millones. "Con ese dinero podríamos contar ya con una autopista liberada", aseguró.

Cárdenas dijo que esta cantidad se ha calculado según los beneficios que la concesionaria dejaría de percibir de aquí a 2019 -año en el que termina de momento la concesión- más los gastos de amortización. Serían, dijo, unas aportaciones anuales que rondarían los 35 o 40 millones al año, "una cifra que no es ningún disparate y que es perfectamente asumible por el Ministerio", afirmó.

Este dinero incluiría el que la Junta de Andalucía asume cada año por el rescate parcial que se hizo de la vía, eliminando el peaje de Jerez, "un peaje en la sombra" de diez millones de euros al año "que en su momento tendría que haber asumido el Gobierno central", criticó. "Ser del mismo color político no era motivo para que los andaluces pagáramos este peaje". Los diez millones de euros representa, según apuntó Cárdenas, "el 10% de lo que destina el Gobierno andaluz a carreteras cada año y vendría como agua de mayo para otras infraestructuras en la provincia".

La formación izquierdista piensa defender su posición con un argumentario que explicó la parlamentaria y portavoz de IU en la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto. Cádiz es la única provincia sin una vía de altas prestaciones gratuita para salir hacia Sevilla o Málaga, la Nacional-IV "está al límite" y el peaje es un perjuicio para el desarrollo. "Las empresas no pueden asumir estos gastos fijos continuos y la solución es dejar de usar la autopista aumentando el tráfico por la N-IV y, por consiguiente, la inseguridad de la vía", aseveró. Sólo procedente de la comarca del Campo de Gibraltar, el tráfico de camiones ha aumentado hasta la cifra de 493.000 anuales, de los que "una parte importante utiliza la carretera nacional para evitar el pago del peaje". De hecho, continuó, el último año el tráfico de vehículos por lo autopistas ha ido en descenso mientras que el precio del peaje ha ido en aumento.

La parlamentaria hizo hincapié en que el rescate del peaje no supondría perjuicio alguno para la concesionaria porque durante estos años ha amortizado suficientemente las cantidades recibidas. Por eso confió en "una rectificación" del PP en los Prespuestos de manera que "terminen asumiendo una enmienda que implica una cantidad muy pequeña en relación al enorme beneficio, tanto en términos económicos de desarrollo logístico como de seguridad", que recaería en la provincia.

El coordinador provincial de IU recordó además que para temas como el rescate de la autopista "sí estaríamos dispuestos a sentarnos con el Partido Popular", después que su presidente provincial, Antonio Sanz, ofreciera la semana pasada una reunión a IU para tratar los Presupuestos del Gobierno andaluz para 2014.

Diario de Cádiz.es 23/10/2013

Hacienda ´no prevé´ cobrar peaje en las autovías gallegas

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, ha dicho este lunes que "no está previsto" cobrar en las autovías que actualmente son gratuitas de la comunidad autónoma y ha explicado que la administración gallega sigue "muy de cerca" la situación de las empresas concesionarias de infraestructuras viarias "para garantizar que la prestación del servicio se pueda materializar independientemente de la situación económica".

En una entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press, Elena Muñoz ha indicado que conocen las medidas que otras autonomías proyectan respecto a cobrar peajes en autovías. "Eso no es ninguna medida que se esté planteando esta comunidad en absoluto", ha zanjado.

En cualquier caso, sobre las dificultades que atraviesan algunas concesionarias, la conselleira ha indicado que es necesario "tener claro" que la situación "es difícil" y "es obligación de la administración pública garantizar la prestación de todos los servicios".

También aludiendo al contexto de crisis ha justificado el incremento en los precios que Sogama cobrará a los ayuntamientos a los que presta servicios --casi todos, salvo algunos en la provincia de A Coruña-- y que repercutirá en un incremento de la factura de la basura. En este momento, la empresa pública necesita, "como consecuencia de la modificación de la normativa estatal, garantizar el equilibrio de sus cuentas y la viabilidad futura", ha dicho.

Por ello, ha continuado, ha hecho un plan de viabilidad en el que se establece que debe cambiar la tarifa para poder seguir prestando sus servicios. El incremento es de "alrededor del 30%" en el precio que cobra a los ayuntamientos y que estos repercutirán en menor medida a los ciudadanos.

La titular de Facenda ha incidido en que los presupuestos para 2014, que acaban de iniciar su tramitación parlamentaria, son "los primeros" en los que se incluye "la perspectiva de mejora clara de la economía". Preguntada acerca de si serán los últimos que recojan descensos respecto al año anterior, ha replicado que es lo que estima la Xunta. "En este año podemos decir que las cuentas se estabilizan", ha manifestado y ha expresado su confianza en que sea "de los últimos años" con descensos en la cuantía.

Además, la conselleira ha hecho balance del año transcurrido desde que el PP de Galicia revalidó su mayoría absoluta en las elecciones de 2012. "Creo que todos los indicadores nos dicen que Galicia en este momento tiene muchos motivos para ver que estamos ante el fin de la recesión y el inicio de la recuperación". "Galicia tiene menos déficit que España, tiene menos paro que España, tiene menos recesión que España", ha agregado.

Sobre las peticiones para cambiar el sistema de financiación autonómica lanzadas por varias comunidades, Muñoz ha reiterado que la opinión de la Xunta es que el actual modelo "no se adapta bien a las características de Galicia" y que también el Gobierno gallego pidió la revisión.

"Pero un nuevo sistema no se puede alcanzar con un acuerdo bilateral. El sistema de financiación tiene que ser consensuado, tiene que cumplir lo que la Constitución manda, que es la solidaridad territorial", ha defendido y ha reclamado que se tengan en cuenta "dos características" de Galicia, que son la dispersión y el envejecimiento.

Sobre la actuación del Gobierno central, la conselleira ha defendido que el Ejecutivo "está haciendo lo que España necesita" y que la situación del país "está mejorando".

Muñoz se pronunciado de nuevo sobre las medidas fiscales que las cuentas públicas prevén para 2014. Sobre la rebaja de medio punto en el IRPF para las bases liquidables inferiores a 17.707 euros, ha sostenido que se aumenta la renta disponible y se aumenta la progresividad del sistema. "Pagarán más los que más tienen y menos los que tienen menos", ha asegurado.

Sobre las críticas a que no se suban los tipos para las rentas más altas, ha replicado que la Xunta incorpora un incremento en el Impuesto de Patrimonio del 20%, que se había pactado ya en la tramitación de los presupuestos de 2013.

Ha defendido también la subida del impuesto de hidrocarburos y ha afirmado que la imposición indirecta "perjudica mucho menos al crecimiento". En este caso, ha insistido, quedan excluidos los transportistas --a los que se les devolverán las cantidades pagadas de más trimestralmente-- y el gasóleo para usos agrícolas y pesqueros, así como el utilizado en calefacción en hogares.

Preguntada acerca del motivo por el que los fondos de contingencia suben un 23% en 2014, la conselleira ha explicado que "es una obligación legal" establecida en la ley de estabilidad presupuestaria con el fin de que las administraciones cuenten con "recursos financieros para atender posibles circunstancias excepcionales".

Faro de Vigo.es 21/10/2013