El Gobierno garantiza que el peaje de la AP-4 no se renovará en 2019

El histórico peaje de la Autopista AP4 entre Cádiz y Sevilla desaparecerá en 2019, una vez que termine el contrato que mantiene el gobierno de España, a través del ministerio de Fomento, con la actual concesionaria Abertis.

En las últimas horas el PSOE, a través de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz y secretaria del partido, Irene García, había generado algunas dudas en torno al particular.

Se basa en que Abertis reclama al Gobierno central una indemnización millonaria o medidas compensatorias por la merma de tráfico que ha sufrido en la AP7 por una autovía que Fomento construyó en Castellón. Por ello la dirigente socialista deja entrever una posible ampliación del peaje entre las dos provincias andaluzas.

El delegado del gobierno en la comunidad, Antonio Sanz, le ha contestado indicando que "si quiere inventarse o meter miedo a la gente no voy a contribuir a ello". El dirigente del PP ha ratificado el compromiso del Ejecutivo, expresado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, de suprimir ese pago, tras 50 años, "en 2019 cuando acaba el contrato actual".

Sanz incluso apuntó que no sólo "no se va a prorrogar el peaje sino que vamos a duplicar la carretera Nacional IV", algo que, añadió "no ha hecho nadie".

Esa obra, que en principio se adjudicará a finales del presente año,afectará al tramo comprendido entre las poblaciones sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios. "Estamos haciendo más que nadie en esta materia y además el compromiso que se ha puesto de manifiesto de no prorrogar el peaje".

Explicó el delegado que la dirigente socialista "interpreta que la consecuencia podría ser esa", y le pregunta, con cierta ironía, "quién se lo ha dicho, o es que trabaja para la concesionaria". Por último, apuntó que él "no va a contribuir a esto y si otros quieren meter miedo que lo hagan". Pero deja claro que el peaje entre Sevilla y Cádiz, tras medio siglo de estar en vigor, acabará en 2019.

El Mundo.es 03/09/2015

Ana Pastor pide ‘inauguraciones’ a las constructoras al tiempo que las hunde con las radiales

La ministra de Fomento, Ana Pastor (en la imagen) está desesperada. Necesita salir de casa. En plena precampaña electoral no tiene ninguna inauguración a la vista. Vamos, que en su agenda falta lo más importante para un ministro de Fomento a pocos meses de unas elecciones. Pero no se apuren, Pastor no se rinde fácilmente.

Por eso –no es broma- está llamando a las constructoras españolas para animarlas a que inauguren algo, lo que sea. ¡Pero si no ha habido inversión pública para infraestructuras durante esta legislatura! ¿Qué quiere que inauguremos? Le responden. Da igual, inauguren lo que sea y donde sea. ¿No estamos en un mundo global?

Se pueden imaginar la cara de las constructoras. La misma ministra que las ha hundido con lasradiales les pide ahora que la saquen de paseo. Y es que, al liquidar las autopistas –no irán a la liquidación pero sí al concurso de acreedores- pierden las concesionarias –que en muchos casos son también las constructoras- pero no los bancos.

Lo que está claro es que, al final, las radiales costarán dinero al Estado, es decir, a los ciudadanos. Eso sí, no será en esta legislatura que termina –es una tarea de niños lograr que se retrase unos meses el inicio del proceso concursal- pero sí será en la que viene, gobierne quien gobierne.

No es ninguna tontería. Según la patronal Seopan, el coste de la liquidación de las radiales será de unos 8.000 millones de euros. Puede ser. Lo que sí es seguro es que la deuda que tendría que afrontar Hacienda asciende a 4.500 millones de euros que, por supuesto, pasaría a engrosar el déficit del Estado.

En definitiva, la cabezonería de la ministra nos costará mucho dinero a los ciudadanos, diga lo que diga doña Ana. Y eso sin contar con el berenjenal judicial en el que se ha metido a cuenta de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que la ministra intentó reducir meses atrás mediante un decreto que pretendía descontar de la RPA el coste de las expropiaciones.

Hispanidad.com 10/09/2015

Abertis reclama 444 millones al Estado por hacer la autovía de Castellón junto a la AP-7

Al menos 444 millones de euros. Esta es la cantidad que -por el momento- reclama la multinacional Abertis al Estado como compensación por la construcción de la autovía CV-10 junto a la autopista AP-7 en la provincia de Castellón. La denuncia se encuentra en manos de la justicia desde que el pasado 22 de julio su filial Aumar, radicada en Valencia, presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo al entender que le asisten "sólidos a gumentos jurídicos en defensa de sus derechos e intereses legítimos", según consta en las cuentas del primer semestre presentadas por la compañía.

La pugna entre la firma y el Estado llega ahora a los tribunales tras un largo tira y afloja administrativo. Aumar, que también gestiona la autopista entre Sevilla y Cádiz, presentó en febrero de 2011 una "solicitud de reequilibrio económico financiero de la concesión AP-7 / AP-4 a causa de los impactos en la base económica del contrato derivados de la construcción de vías paralelas", una reclamación que responde de forma expresa a la pérdida de tráfico en la autopista AP-7 a su paso por Castellón con motivo de la apertura de la CV-10 entre Nules y Benlloch, según concretan fuentes de Abertis consultadas por ValenciaPlaza.com. La sociedad acude a la vía legal después de que el Gobierno desestimara todas sus solicitudes al respecto.

Según reconoce la propia firma, en el contrato de la concesión no existe cláusula alguna que, de forma expresa, impida a la administración central construir autovías junto a la autopista, como tampoco consta que deba compensar económicamente a Aumar por hacerlo. No obstante, la concesionaria solicita "la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento del equilibrio económico financiero quebrado", dado que en el acuerdo sí se alude, de forma genérica, a que el Estado garantizará la estabilidad en el negocio de la empresa y  esta sostiene que se trata de una circunstancia "no prevista en el momento de firmar".

Por ello Abertis exige "compensar de modo íntegro los perjuicios sufridos por pérdida de tráfico e ingresos" al considerar que se ha producido un "incumplimiento contractual". La mercantil, en su primera reclamación, cifró los "daños y perjuicios" en 187 millones de euros para el periodo comprendido entre se 2002 y 2010, una cantidad que elevó a 444 millones al recalcular el impacto hasta el año 2014. Además, a la ya friolera cantidad cabe añadir "las pérdidas de ingresos desde 2014 hasta el fin de la concesión en 2019", un montante que también ha sido reclamado pese a que todavía se encuentra "pendiente de cuantificación".

Según las cuentas consolidadas de 2014 de Abertis su filial Aumar obtuvo un beneficio de 77 millones de euros el pasado ejercicio con la gestión de las autopistas AP-7 (de la que posee los tramos Hospitalet-Sagunto y Algemesí-Alicante) y la AP-4 (entre Sevilla y Cádiz), un conjunto de 468 kilómetros que tiene en la autopista que discurre entre Cataluña y la Comunitat su principal fuente de ingresos.

La concesión se prorrogó en 1997 hasta el año 2019. En principio la fecha de la conclusión estaba fijada para 2006, pero la mercantil logró una ampliación de trece años a cambio de una serie de inversiones y de "una importante reducción de tarifas". Como informó este diario, Abertis ha ganado 1.200 millones netos en los últimos 10 años con la gestión del tramo valenciano de la AP-7. 

Valencia Plaza.com 01/09/2015