jueves, 31 de marzo de 2016

Las autopistas de peaje más caras de España




Utilizar las autopistas de peaje que tenemos en España es algo a lo que mucha gente es reacia. No está bien visto eso de pagar por circular, por muchas comodidades que ello aporte. Desde luego tampoco ayuda a la popularización de estas vías las variaciones de precio que existen entre todas ellas, algo que también se ve afectado incluso por la fecha y la hora en la que las utilizamos. Según Automovilistas Europeos Asociados -AEA-, las diferencias pueden llegar hasta un ¡3.300%!

Según un informe de esta asociación, vemos que el coste medio del peaje en nuestro país es de 0,16 céntimos por kilómetro recorrido, si bien hay vías que llegan hasta a multiplicar por 10 esta cifra. Solamente hay que mirar el tramo de peaje más caro del país para darse cuenta de esto. Se trata del túnel de Sóller, en Mallorca, en el que emplearemos hasta 1,65 euros por recorrer cada uno de los 3 kilómetros de longitud que tiene. En el lado contrario encontramos la carretera que une Puxeiros y Baiona, en Pontevedra, costando cada uno de los 28 kilómetros del recorrido 0,05 céntimos.

Los peajes más caros de España, aparte del comentado, son el del túnel de Cadí (0,38 céntimos el kilómetro), el túnel de Vallvidriera y la autopista de San Cugat a Manresa (0,24 céntimos el kilómetro), los túneles de Artxanda (0,22 céntimos por kilómetro), o la M-12 del aeropuerto de Barajas en Madrid, que cuesta 0,21 céntimos el kilómetro.

En el lado contario tenemos el peaje Larraskitu-Santurtzi (0,06 céntimos por kilómetro), los de Sevilla-Cádiz y La Coruña-Carballo (0,07 céntimos por kilómetro), el de Ocaña-La Roda (0,08 céntimos por kilómetro) y los de Ferrol-Tuy, Barcelona-La Jonquera, Alicante-Cartagena, Tudela-Irurzun o Mongat-Palafolls (0,09 céntimos por kilómetro).

La AEA también concluye en su informe que casi el 50% de las carreteras de peaje en España encarecen sus precios en los horarios de mayor afluencia de coches. Las diferencias en función del día, hora o mes del año llegan a ser más que palpables. Por ejemplo, en la AP-7, pagarás tres veces más en el tramo que une Cartagena y Vera si lo haces entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche que si lo haces de madrugada. Injusto, ¿no crees?


Ciudadanos lleva al Congreso el pago de las indemnizaciones pendientes por la construcción de la AP-7



El diputado de Ciudadanos por Murcia, José Luis Martínez, ha presentado una pregunta al Gobierno en funciones interesándose por la situación actual de los afectados -en su mayoría agricultores- por las expropiaciones forzosas para la construcción de la autopista AP-7 Cartagena-Vera.

C's lleva al Congreso el pago de las indemnizaciones pendientes por la construcción de la AP-7
En concreto, Martínez inquiere al Gobierno "si se ha marcado algún plazo para abonar a los afectados las indemnizaciones que les corresponden, después de los casi diez años transcurridos desde el inicio del proceso", según han informado fuentes de la formación naranja en un comunicado. 

Además, también se pregunta al Ejecutivo en funciones "si tiene constancia del número de afectados por las expropiaciones pendientes de cobrar y por el montante total de dichas indemnizaciones, que deberá abonar el Gobierno central después de que la concesionaria de la autopista, Aucosta, entrara en concurso de acreedores". Y es que, en 2014, el Tribunal Supremo resolvió en 2014 que fuera el Gobierno central quien asumiera el pago de las indemnizaciones en las autopistas cuyas concesionarias se encontraran en concurso de acreedores. 

El fallo confirmó otra sentencia similar del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que condenaba al Ministerio de Fomento -más concretamente, a la Demarcación de Carreteras de Murcia- y al Jurado de Expropiación Forzosa al pago de 282.177 euros más interés a un grupo de afectados de la Región. La autopista Cartagena-Vera, de 115 kilómetros de longitud, se puso en servicio en marzo de 2007 tras una inversión de 650 millones de euros, con el fin de convertirse en una vía de continuación de la AP-7 y canalizar tráficos turísticos y de otras poblaciones de la zona. 

La vía contabilizó un tráfico medio diario de 3.000 vehículos según datos actualizados de 2016. Su construcción supuso la expropiación de una amplia zona de cultivo, especialmente en el Campo de Cartagena, afectando también a propietarios de los municipios de Lorca, Mazarrón, Águilas y Fuente Álamo. Su concesionaria, Aucosta, fue declarada en concurso voluntario de acreedores en 2012 por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid con un pasivo de unos 550 millones de euros.

miércoles, 30 de marzo de 2016

Los flecos de Fomento en Arteixo

Carriles (en los laterales) que el alcalde de Arteixo denuncia que quedarán inutilizados tras prolongar el acceso al puerto exterior.
Carriles (en los laterales) que el alcalde de Arteixo
 denuncia que quedarán inutilizados tras prolongar
el acceso al puerto exterior.

Arteixo ha vivido un cambio drástico de su territorio en los últimos años con la construcción del puerto exterior de Langosteira y las infraestructuras que necesita para funcionar. Algunas como la nueva autovía de acceso ya están construidas. Otras tan importantes como el acceso ferroviario y el poliducto de la Refinería de Repsol quedan pendientes.

"Arteixo está sometido a grandes infraestructuras y no se ha analizado el beneficio para el concello", explica el alcalde, Carlos Calvelo. Por esto el Ayuntamiento ha pedido modificar el proyecto de la autovía de Langosteira en varias ocasiones. Quiere que se hagan los enlaces de Meicende y de Suevos porque la autovía sin estos accesos "no tiene sentido", según el regidor. También reclama a Fomento que suprima el peaje de Pastoriza en vez de prolongar el acceso a Langosteira.

El Peaje de Pastoriza es la petición más importante que ha realizado el Concello sobre el acceso al Puerto. El alcalde, Carlos Calvelo, ha amenazado con denunciar ante la Unión Europea a Fomento si continua con su decisión de prolongar el acceso a Langosteira en vez de asumir el peaje de la autopista AG-55 entre A Coruña y Arteixo. El regidor asegura que parte de la obra quedará inutilizada.

El Concello defiende que el coste de la eliminación del pago sería de 22,5 millones de euros y el del vial para conectar la autovía con la tercera ronda ascendería a 32 millones de euros. El regidor reclama a la Xunta (titular de la AG-55) y Fomento que creen una mesa de negociación para poner encima de la mesa todas las cifras sobre la supresión del peaje de Pastoriza.

El Semáforo de O Quinto Pino. Es otro de los compromisos que adquirió Fomento. El Concello solicitó al departamento estatal instalar un semáforo en la carretera general para las paradas del autobús de O Quinto Pino. La Xunta (titular del vial) autorizó en octubre del año pasado la colocación de este semáforo. Fomento explica que ha recibido el permiso del Gobierno gallego y que el semáforo "actualmente se encuentra pendiente de ejecución". Mientras no instala los autobuses deben subir hasta la parada provisional, más cercana a las casas. Los vecinos han denunciado en más de una ocasión que algunos autobuses de la línea A Coruña - Arteixo no van hasta ahí al estar la parada fuera de la carretera.

EEnlace de Meicende. El alcalde de Arteixo denuncia que Fomento tiene paralizado estos accesos entre la autovía del Puerto y la carretera de Meicende y Pastoriza como "medida de presión" por la postura del Concello respecto a la supresión del peaje de la AG-55. El proyecto salió a información pública en mayo de 2015 y por el momento el Ejecutivo central no ha licitado los trabajos. Esta obra costará 8,5 millones de euros, según Fomento.

EEnlace de Suevos. El Concello pretende construir unos accesos entre la carretera de Suevos y la autovía de Langosteira. Calvelo asegura que el coste, de 900.000 euros, lo financiarían íntegramente entre el Ayuntamiento y la empresa Saria (antigua Ártabra). Fomento únicamente debería autorizar los trabajos.

Termina el calvario para los expropiados de la región Castellano Manchega



El Tribunal Supremo ha dictado sentencia. El Ministerio de Fomento tendrá que pagar las expropiaciones de los terrenos que sirvieron para construir las autopistas radiales de Madrid, muchos de ellos en suelo de Castilla-La Mancha. Parece que termina el calvario para los numerosos propietarios castellano-manchegos que se vieron afectados y que hasta ahora no han podido cobrar su dinero. Varios de estas autopistas atraviesan Castilla-La Mancha. La suma final es multimillonaria.

Según una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, el Ministerio de Fomento deberá pagar las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas radiales de la Comunidad de Madrid. El Ministerio deberá hacer frente a todos los justiprecios no abonados por las concesionarias de los peajes que se encuentran en concurso de acreedores. Los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha y Madrid ya declararon en 2013 la responsabilidad subsidiaria del Ministerio de Fomento para hacer frente al pago de los justiprecios adeudados por las concesionarias que se declararon en concurso de acreedores durante 2012.

En el caso de Castilla-La Mancha, los afectados por esta medida son los propietarios de los terrenos expropiados en su día de las autopistas que atraviesan la región: Autopista Madrid-Sur (Madrid-Ocaña); Autopista Madrid-Levante (Ocaña-La Roda); Autopista Henarsa (Madrid-Guadalajara); y Autopista AP-41 (Madrid-Toledo). Además, se encuentran también afectadas la Radial 3 y 5 en Madrid, y el eje del aeropuerto Adolfo Suarez-Barajas.

De esta forma, los expropiados ya no tendrán que esperar al resultado del concurso de acreedores en el que se encuentran todas estas autopistas para ver si cobran. El Ministerio de Hacienda deberá satisfacer la cantidad que les deben, unos 3.400 millones de euros en total, consignando primero las cantidades para acometer los pagos por vía presupuestaria, aunque en el futuro esta partida se podrá detraer de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, si es que está se acaba ejecutando.

El Ministerio de Fomento recurrió en su día Supremo en casación todos los justiprecios de más de 600.000 euros, porque creía que las sentencias de los TSJ suponían darle un privilegio a los expropiados sobre el resto de acreedores de las concesionarias.

Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo desmonta categóricamente los argumentos de la Abogacía del Estado. Su razonamiento es tajante: “Si la concesionaria tiene una concreta actividad- el objeto de la concesión- es porque previamente la Administración le ha garantizado que se iba a proceder a la desposesión forzosa de bienes de terceros”.

martes, 29 de marzo de 2016

Convocan una nueva manifestación para denunciar la siniestralidad en la N-340

Una veintena de ayuntamientos han convocado mañana una nueva manifestación, coincidiendo con la operación salida de Semana Santa, para denunciar la siniestralidad de la N-340.

Ayuntamientos del Camp de Tarragona y de las Tierras del Ebro han convocado esta manifestación, con la que pretenden lograr un "colapso viario" que impulse la reacción las administraciones competentes.

El lema del acto de protesta: "Basta muertos, basta peajes" y están previstos dos cortes de circulación en la N-340, promovidos por los alcaldes, a los que se sumará un tercero, convocado por los vecinos, y cuatro marchas lentas, tanto por la N-340, una vez terminan los cortes, como por la autopista AP-7, que contarán con la participación de los transportistas.

Las movilizaciones comenzarán a las doce del mediodía con un corte de tráfico en El Vendrell y otro en el Perelló, durante tres cuartos de hora, convocados por los alcaldes.

La Federación de Vecinos de Amposta, que cada jueves corta también esta vía en tres puntos, se suma a la protesta con un corte propio en Las Casas de Alcanar.

A los cortes en la N-340 se sumarán las marchas lentas en varios puntos de la AP-7.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Amposta presentó ayer una nueva denuncia en los tribunales, en el juzgado de instrucción número 3 de Tortosa, en la que pide que se investigue si el Ministerio de Fomento ha podido incurrir en un posible delito de malversación de fondos públicos con la construcción de las rotondas a lo largo de la carretera N- 340.

La denuncia se suma a las ya efectuadas por la entidad vecinal contra los gobiernos español y catalán por dejadez en sus funciones, a raíz de la elevada siniestralidad que presenta esta carretera y también por un presunto trato de favor a la concesionaria de la autopista AP-7, Abertis.

Portugal avisa a turistas españoles de la complejidad de su sistema de peajes

La gestora de las carreteras portuguesas avisó hoy a las decenas de miles de turistas españoles que se desplazarán a Portugal en automóvil sobre la "complejidad" de su sistema de peajes electrónicos.

Así lo expresó hoy en declaraciones a Efe una de las responsables de la estatal Infraestructuras de Portugal, Vanda Nogueira, cuyos cálculos apuntan a un notable incremento del tránsito rodado procedente de España durante los próximos días por las vacaciones de Pascua.

"Como somos el país de al lado, se puede pensar que es muy fácil viajar hasta aquí y teóricamente así debería ser, pero la verdad es que no lo es y resulta necesario prepararse en casa y consultar los medios de pago (para los peajes)", detalló Nogueira.

Varias de las autopistas que conectan Portugal con España funcionan con peajes electrónicos, es decir, sin barreras ni cabinas físicas donde poder abonar los cargos.

El sistema se basa en una serie de pórticos electrónicos equipados con lectores de matrícula y localizados cada escasos kilómetros, por lo que cada vez que se pasa por uno de ellos se carga una cantidad en la cuenta del conductor.

Ésta es la situación de la A22, fronteriza entre Andalucía y la región lusa del Algarve; la A24, entre Galicia y Oporto; y la A25, limítrofe con Salamanca.

A éstas se suman una docena más de autopistas en el interior del país que operan bajo el mismo sistema de cobro.

Para pagar estos peajes -que comenzaron a ser introducidos a partir de 2010- cuando se circula con un vehículo de matrícula extranjera y evitar el riesgo de ser sancionado, existen varias alternativas.

Los conductores españoles abonados al servicio de telepeaje "Via T" no tendrán problema, ya que el sistema es interoperable, por lo que los costes serán cargados directamente a su cuenta bancaria.

El método "preferido" por los turistas extranjeros es el uso del "Easy Toll", unos puntos colocados en vías de servicio junto a las principales autopistas de acceso a Portugal (como la A22, la A24, la A25 y la A28) donde se puede asociar la matrícula a una tarjeta de crédito en la que se cobrará el importe total.

"Hemos reforzado este método colocando personal en el terreno para prestar informaciones, y además el sistema cuenta con un servicio de atención por voz 24 horas", precisaron desde Infraestructuras de Portugal, que advierten de posibles colas en estos puntos el jueves 24 por la mañana, cuando se prevé el mayor volumen de tráfico.

Otras alternativas son la compra de tarjetas prepago que se activan introduciendo la matrícula a través de un mensaje telefónico -aunque esta opción incluye recargo- o la adquisición de otras tarjetas con un precio fijo y que son válidas para hacer todos los viajes que se quiera durante un plazo de tres días.

"El sistema no es propiamente fácil (...) Su complejidad hizo que la tasa inicial de adhesión entre los conductores extranjeros fuera baja", reconoció Vanda Nogueira.

Sin revelar datos concretos, se limitó a subrayar que actualmente el número de turistas que pagan estos peajes triplica la cifra obtenida hace seis años cuando comenzó a ser aplicado.

"La impunidad que existía en el cobro (de las multas) a extranjeros ya tampoco existe", aseguró la responsable de la compañía pública, quien recordó no obstante que son las concesionarias de cada autopista las responsables de reclamar esos pagos.

La conversión de antiguas autovías gratuitas (SCUT) en autopistas con peajes electrónicos arrancó en 2010, una medida dirigida a reducir el déficit público del Estado y que causó polémica también entre los portugueses, que pasaron a tener que pagar por circular. 

lunes, 28 de marzo de 2016

¿De dónde sale el dinero para construir y mantener las carreteras?


Hace más de 45 años, se inauguró la primera autopista de peaje en España. Fue en Cataluña en 1969 y unía Barcelona con Mataró. Aunque ya se habían abierto otras autopistas y autovías como la madrileña Avenida de América o la autopista Madrid-Valencia, esta fue la primera ocasión en la que los conductores tenían que pagar por utilizar una carretera. 

Desde ese momento, el crecimiento de estas vías ha sido exponencial y ahoranuestro país está a la cabeza de Europa en kilómetros de autopistas y autovías. El conjunto de las carreteras nacionales suma un total de 166.284 km, de las cuales 15.048 son Vías de Alta Capacidad. El segundo puesto lo ocupa Alemania, con 12.917 y el tercer país de la Unión con más kilómetros es Francia, que cuenta con 11.465, según Eurostat. 


En la década de los 70, se produjo en España un crecimiento exponencial de la construcción de carreteras de peaje y actualmente supera los 3.000 km. Sin embargo, en comparación con los kilómetros de autovías, esta cifra es solo un 20% de la red total de Vías de Alta Capacidad, la diferencia más importante de toda la Unión Europea. 

 

En los últimos años, la Comisión y el Parlamento Europeo han comenzado a buscar soluciones de tarificación vial para mejorar la red de transportes de la Unión, las infraestructuras y para crear un área única europea de transporte. 

Una de las hojas de ruta marcadas por la UE es la directiva Eurovignette, que propone a los estados miembros la implantación de un sistema de tarificación para los vehículos pesados de transporte de mercancías, con el objetivo de reducir y compensar el impacto que provocan en el medio ambiente y en el sistema de carreteras. Sin embargo, la directiva Eurovignette no es de carácter obligatorio, ya que son los gobiernos nacionales los que deben tomar la decisión de cobrar.

El peaje o la viñeta son, por tanto, las formas más frecuentes de financiación que utilizan los países para la construcción de nuevas vías de alta capacidad. En la mayoría de las ocasiones, estas obras se realizan a través de concesiones privadas debido, principalmente, a la falta de financiación pública. 

Este modo de generar ingresos se está implantando no solo en la Unión Europea, sino también a nivel internacional. Desde el año 2000, Estados Unidos está en pleno proceso de construcción de vías de pago en los estados de Virginia, California o Texas. Japón está ampliando su red vial con el objetivo de alcanzar los 9.000 km de red de peaje. Algunos países en desarrollo, como Marruecos o Mali, también están empezando a cobrar por el uso de sus infraestructuras, incluyendo carreteras ya construidas. El segundo, por ejemplo, va a introducir un peaje por kilómetro que variará según el perfil de los vehículos que circulen por la red de carreteras.


En el caso de la Unión Europea, las diferencias entre los países son muy significativas. Algunos estados tienen una larga tradición de peajes, como Italia, Francia o España. En el caso italiano, el 85% de las autopistas son de peaje,mientras que en Reino Unido solo alcanza el 1,5%.

En España, en 2009, se publicó un Real Decreto en el que se establecieron los criterios para fijar las tarifas de las autopistas de peaje de la red nacional que operan en régimen de concesión. El gobierno manifestaba así que no se prevé ninguna aplicación de la Directiva Eurovignette. Además, en 2014, el Ministerio de Fomento publicó otro Real Decreto para mantener el pago obligatorio de peajes para los transportes de mercancías de más de 3,5 toneladas. También ratificó su intención de no aplicar un nuevo impuesto por el uso de la red de carreteras del Estado.

Según un informe de la Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN), “la ampliación del pago por el uso de la red vial generaría unos ingresos anuales de 6.828 millones de euros, mientras que la inversión inicial sería de 627 millones y los costes de operación ascenderían a 247 millones de euros anuales”. 

Las Autopistas de peaje Catalanas seguirán siendo de pago al terminar los plazos de concesión


La jornada de transporte organizada por Transcalit y la Escuela Europea de Short Sea Shipping ha sido el marco en el que el director general de Transporte y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Pere Padrosa, ha anunciado que los transportistas continuarán pagando por circular en las autopistas catalanas de peaje cuando finalicen los plazos de concesión.

Pere Padrosa ha asegurado que "a partir de 2019 se se implantará un sistema de pago por uso y contaminación de la infraestructura" y que el coste de este nuevo peaje será menor al actual, al estar ya amortizada la construcción, pero deberá garantizar el servicio de conservación que la Administración realice en estas carreteras.

El presidente de Transcalit, Enrique Soravilla, ha manifestado su desacuerdo con las tasas por el uso de las infraestructuras, entre otras cuestiones porque, "la rentabilidad de las empresas del sector de la carretera es nula en estos momentos".

Pere Padrosa no ha descartado la gestión mixta en la aplicación del nuevo sistema de pago de las autopistas de peaje catalanas y lo ha enmarcado en el desarrollo de la directiva Euroviñeta por las carreteras europeas además de pedir al sector del transporte que asuma que su entrada en vigor en Catalunya y España es sólo cuestión de tiempo, aunque ha declarado que "no se aplicará antes de lo recomendable".

domingo, 27 de marzo de 2016

El Gobierno desestima indemnizar a Aumar con 187,7 millones por la A-7

El Consejo de Ministros ha desestimado la reclamación de 187,7 millones de euros presentada por la concesionaria Aumar, controlada por Abertis y que opera el tramo valenciano de la AP-7, por la construcción de vías paralelas a autopistas de peaje.

El Consejo de Ministros ha acordado desestimar la reclamación formulada por la sociedad Autopistas Aumar mediante un escrito del 18 de febrero de 2011 por el que solicitaba que se restableciese el equilibrio económico-financiero de la concesión.

Abertis entendía que éste se había, supuestamente, alterado por haberse proyectado y construido vías paralelas a las autopistas de su concesión de uso equivalente, alternativo y libre de peaje.

En concreto, la concesionaria se refería a la CV-10, construida por la Generalitat Valenciana y que en la actualidad es el vial que más tráfico soporta, junto con la N-340, ya que es utilizada para cruzar el norte de la Comunitat Valenciana, partiendo de Valencia, por la A-7 hasta Nules, y ahí, desviarse por la CV-10 para evitarse la autopista de peaje AP-7 o la nacional N-340.

Subsidiariamente, Aumar pedía que se le reconociera el derecho a ser compensada con la cantidad de 187.788.000 euros en concepto de daños y perjuicios causados por el incumplimiento contractual de la Administración.

También solicitaba que se le resarcieran todas las cantidades que por pérdida de ingresos se generen en 2011 y sucesivos ejercicios por las vías paralelas.

La compañía también reclama judicialmente el pago de las compensaciones solicitadas por la caída del tráfico de la AP-7.

Ante la caída de los tráficos de la autopista a partir de 2007 con motivo de la crisis económica, el Ministerio de Fomento se comprometió a articular una cuenta de compensación que abonaría a la compañía en 2021, cuando finaliza el plazo de la concesión. Una cantidad que fue aumentando considerablemente por la caída de los tráficos.

sábado, 26 de marzo de 2016

Bellreguard reclama al Gobierno que no prorrogue el peaje de la AP-7

El Ayuntamiento de Bellreguard, con el voto de todos los partidos políticos, se ha sumado a la propuesta de la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) para el Gobierno español «certifique» que no se volverá a prorrogar la concesión de la autopista AP-7, cuyo peaje expira definitivamente el último día del año 2019. La moción del PSPV y Compromís recibió el apoyo del PP.

La intención del Ayuntamiento de Bellreguard, como el de tantos otros de la Safor y de buena parte de la Comunitat Valenciana, es que la autopista pase a ser, el 1 de enero de 2020, una autovía gratuita que, en esta comarca, serviría de ronda de circunvalación y reduciría considerablemente el tráfico en las travesías de la N-332, especialmente entre Gandia y Oliva.

El concejal portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Bellreguard, Àlex Ruiz, enumeró durante la exposición de la moción el largo rosario de prórrogas que ha tenido la AP-7 y que han hecho que todavía hoy se tenga que pagar peaje por usar esa importante vía de comunicación.

Ruiz recordó que la AP-7 debió ser gratuita desde el 1 de enero del año 2000, algo que no ocurrió porque, antes de esa fecha, el Gobierno de la UCD prorrogó la concesión en 4 años, otro Gobierno del PSOE le sumó dos años más, y cuando llegó el PP se despachó con una monumental prórroga de 13 años. En total la empresa que explota la autopista, Aumar primero y Abertis después, logró 48 años de concesión para cobrar a los vehículos por su uso.

jueves, 24 de marzo de 2016

El Peaje belga para camiones entrar en vigor el 1 de Abril

Transporte


Las asociaciones de transporte han hecho públicas las dudas sobre la disponibilidad de dispositivos suficientes para dar cobertura a la demanda del sector, y más aún si para el 1 de abril Bélgica no tuviese homologados otros dispositivos distintos del dispositivo oficial (Satellic).

Satellic ha confirmado que un número importante de aparatos de control ya instalados en los vehículos deben ser reemplazados, porque el programa de gestión presenta importantes deficiencias que afectan a la geolocalización de los vehículos y a la facturación de los peajes.
Desde CETM se recuerda que el gobierno belga debe clarificar que el sistema de tarificación satelital estará operativo el 1 de abril, con la seguridad jurídica suficiente de que los proveedores de los dispositivos finalmente homologados puedan asegurar a los transportistas europeos el equipamiento de sus vehículos con los dispositivos necesarios para acceder a sus carreteras sin ser sancionados.

miércoles, 23 de marzo de 2016


Día a día, kilómetros y kilómetros de atascos acompañan a los españoles en su camino al trabajo. Después de acabar su jornada laboral, el atasco "mañanero" se vuelve a repetir por la tarde-noche. Pues bien, el medidor INRIX del Tráfico (INRIX Traffic Scorecard) en su Informe Anual de 2015 revela datos bastantes interesantes sobre los atascos y la congestión de circulación de las ciudades españolas. 

En España, el ránking de ciudades con más congestión de tráfico lo lidera Barcelona. Los conductores catalanes perdieron de media en 2015 hasta 28 horas en un atasco, lo que significa en un incremento de 3 horas respecto a los datos de 2014. 

En el segundo escalón del podio de ciudades españolas con más atascos se encuentra Madrid. En 2015, los madrileños malgastaron en la carretera una media de 22 horas, lo que supone un leve descenso de apenas media hora respecto a los datos registrados en 2014. 

La tercera ciudad española que más atascos sufre a diario es Sevilla (con una media de 18 horas perdidas), seguida porBilbao (16 horas), Valencia (12 horas) y Zaragoza (11 horas). En la media nacional, los españoles perdieron en atascos hasta18 horas. 

Las carreteras con más atascos en España (por horas perdidas al año):
  1. Barcelona: carretera B-10, desde B-20/Montgat/ Ronda de Dalt/Lleida/ Girona/ Terrassa a (Dir.Besós) Zona franca/Port/ Fira/ pg.Zona Franca.
  2. Barcelona: carretera B-23, desde Barcelona (Av. Diagonal) a Molins de rei sud/ pol.el pla/ St.Feliu/.
  3. Madrid: A-2, desde M-50 a M-30
  4. Madrid: M-40, desde M-503 a M-607
  5. Madrid: A-2, desde M-300 a M-108 
El indicador INRIX del Tráfico argumenta como razón principal del aumento del tráfico en las carreteras españolas a la mejora de la situación económica de nuestro país. La economía española creció un 3,2% en 2015, mientras que el paro ha ido bajando en los dos últimos años (un 24,5% en 2014 y un 22,3% en 2015). 
Atascos en Europa: los países con más tráfico

En Europa, el tráfico también es un grave problema de movilidad al que se enfrentan a diario nuestros vecinos. Bélgica encabeza el ránking de nuestro continente con una media de 44 horas perdidas en atascos; el segundo país en esta clasificación es Países Bajos (39 horas) y el tercero es Alemania (38). Por su parte, España ocupa el puesto undécimo. 

martes, 22 de marzo de 2016

Toca acordarse de la AP-53

En la cartera conservo aun un par de recibos con la cuantía abonada por transitar la pasada semana una jornada por la AP-53. Quise ayer contemplar de nuevo la cifra -5,95 euros, IVA incluido- para constatar el abusivo coste de transitar por la autopista en Santiago y Lalín. ¿Por masoquismo se preguntarán algunos? No. El consenso parlamentario en el Pazo do Hórreo en torno a la AP-9 y su traspaso me recordó el problema que también padecemos los usuarios de la AP-53. Toca agarrar el timón con fuerza de esa reivindicación ante la pleamar, ante el olvido tiznado con periódicos pronunciamientos en plenos que terminaron siempre en agua de borrajas. Y llevan visos de seguir haciéndolo, en espera de quién gobierne Madrid a más corto plazo y Santiago un poco después. Y toca llevar al Parlamento de Galicia una iniciativa similar a la aprobada este martes, reavivar la presión ante la Xunta y el Ministerio de Fomento.

Desembolsar 5,95 euros por trayecto no resulta cuestión baladí. Máxime cuando la alternativa, la N-525, no vive sus mejores momentos si hablamos de firme, carriles de adelantamiento, paso por núcleos habitados, tráfico pesado,... Quizás por ello entendamos mejor a los 6.042 conductores de media que a diario utilizaron la autopista durante el 2015. Ni un mísero céntimo de descuento, por cierto, para quienes repiten en el día o acumulan un buen número de viajes a la semana. Política cero por parte de la concesionaria Acega. Las gangas, en el mercadillo. Ni siquiera las pérdidas encadenadas en los años 2013 -dos millones de euros- y 2014 -863.000 euros- les animaron a buscar alguna fórmula para dinamizar el tránsito de vehículos mediante rebajas del peaje. Pero tampoco aprovecharon la circunstancia desde la Administración para negociar tarifas más blandas.

Concellos como Lalín, Silleda y Santiago amagan en sus reivindicaciones pero sin mucho calado por el momento. Siempre hubo voces políticas para reclamar el traspaso a la Xunta por parte del Ministerio de Fomento pero sin cuajar. Tampoco lo conseguía aquella plataforma liderada desde la capital dezana en tiempos del bipartito autonómico, más amplia en sus bases. Un gobierno por cierto que levantó aduana monetaria en Dozón por intereses electorales: Gratis hacia Ourense, de cobro a Santiago (AG-53 versus AP-53 y solo baila una letra).

En esa cíclica reclamación de un peaje aquilatado al servicio recibido toca de nuevo aunar fuerzas desde todos los ámbitos. Trabajar en pronunciamientos similares al del pasado martes con la AP-9. Y presionar para que todos negocien mientras tanto rebajas, desde Fomento a Xunta y lógicamente la concesionaria.

lunes, 21 de marzo de 2016

344.027 euros en peajes al día en la AP-9




Cada hora que pasa las cabinas de peaje de la autopista del Atlántico recaudan 14.334 euros. Así ocurrió en el primer semestre del año pasado, escenario de un crecimiento continuado en el número de usuarios que se inició en septiembre del 2014 y no ha dejado de incrementarse desde entonces tras haber caído con la llegada de la crisis.

Fruto de esa recuperación, Audasa, la concesionaria del vial, obtiene de los automovilistas, fundamentalmente gallegos, 344.027 euros al día, cifra que en todo caso está aún un 18,2 % por debajo del mejor resultado de la concesión, el del 2009, cuando los peajes de la principal carretera de Galicia reportaron a la joya de la corona del grupo Itínere el ingreso de 156,2 millones de euros en tasas cobradas.

Desde que el 27 de abril de 1979 el padronés Francisco Mene cruzó la primera barrera de la AP-9 en Santiago junto a su mujer y su nieta en un Seat 1430 para ir al médico a A Coruña, vehículo a vehículo han ido dejando hasta el último balance presentado a mediados del año pasado un total de 2.384,9 millones de euros en peajes. Pero a pesar de dicha cifra de negocio, la actual concesionaria solo ha amortizado, según datos del Ministerio de Fomento, un 26,6 % de los gastos contraídos en la construcción y mantenimiento del vial y sobre todo en la recuperación de la inversión realizada en las sucesivas adquisiciones de la concesión desde que dejó de estar en manos públicas en el 2003, casi veinte años después del rescate por parte del Estado de la sociedad inicial.


Los primeros quince años de la infraestructura fueron deficitarios. Hasta que se conectó todo el eje entre Vigo y A Coruña con la apertura del tramo Caldas-Pontevedra en 1992, la AP-9 no dio beneficios. Diez años más tarde, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adjudicaba la Empresa Nacional de Autopistas a un consorcio liderado por SacyrVallehermoso y con ella la autopista del Atlántico incluida.

El sucesivo cambio de manos de la concesión, que ahora tiene a un fondo de pensiones americano como propietario último, ha puesto el contador de la amortización a cero con cada modificación en la titularidad del vial, incrementándose por otra vía el capital a recuperar a cuenta de las obras añadidas al proyecto inicial y que ha acabado por alejar la gratuidad del vial primero al 2013, después al 2023 y finalmente hasta las cero horas del 18 de agosto del año 2048.

Por ambas circunstancias Fomento estima, según sus cuentas, que de los 1.507,7 millones de euros invertidos en la principal arteria de Galicia solo están amortizados 400,3 después de 37 años de peajes.

Teniendo en cuenta el número de vehículos que transitan por kilómetro al año, la AP-9 es la tercera autopista de España, con un 7,9 % del tráfico total. Solo Acesa, concesionaria de la autopista Zaragoza-Mediterráneo, y Aumar, Sevilla a Cádiz -ambas del grupoAbertis- superan en el ránking a la gallega.

El Ministerio de Fomento y la Xunta mantienen una postura diametralmente opuesta respecto a la posibilidad de traspaso de la AP-9 a cuenta del supuesto carácter internacional del vial. Tan dispares son las posiciones que el Ejecutivo gallego planteó el pasado enero un conflicto de competencias, que bien podría acabar en el Tribunal Constitucional si no hay un acuerdo antes. El departamento de Ana Pastor, que señala ahora que está dispuesta a consultar de nuevo a los técnicos y juristas de la Administración central por si es revisable su postura, mantiene que la autopista gallega no es traspasable por conectar España con Portugal y enlazar puertos y aeropuertos de interés general.

La Xunta no lo ve así. No comparte siquiera que la autopista tenga carácter internacional. En su argumentación, el Ejecutivo de Núñez Feijoo mantiene que no existe convenio internacional alguno con Portugal que defina a la AP-9 como internacional, carácter que recuerda sí tiene el puente que une Goián (Tomiño) con Vila Nova de Cerveira y en cambio no ha pasado a formar parte de la Red de Interés General del Estado. Por negar, la Xunta niega además que la autopista conecte incluso con la frontera, dado que la AP-9 desemboca en la autovía A-55 Vigo-Tui, que es la que concluye en el puente que une los dos países.

Añade el Gobierno gallego en la argumentación que está en la mesa de la ministra, que tanto puertos como aeropuertos quedarían enlazados por otras carreteras del Estado, recordando incluso que el puerto exterior coruñés tendrá acceso por una autopista autonómica.

Y su último argumento: tanto las catalanas A-17 y A-19, como lavasca A-8, forman parte de la red del Estado y fueron traspasadas a sus autonomías.

domingo, 20 de marzo de 2016

La Autopista que nunca está en rebajas


El traspaso de la autopista

AP-9 El traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico a la Xunta no sería la panacea ni el remedio a todos sus males, pero sí el primer paso para ordenar, de una forma más racional, desde Galicia, el funcionamiento de esta infraestructura de vital importancia para el crecimiento económico de la comunidad. La Cámara de O Hórreo dio ayer el primer paso para conseguir este objetivo, en una iniciativa que contó con el unánime apoyo de todo el arco parlamentario. 

Toca ahora esperar la tramitación de la petición gallega en el Congreso, donde será interesante comprobar si las formaciones que respaldaron la resolución en el Parlamento gallego mantienen o no sus posiciones en Madrid. Si así fuese, su aprobación estaría garantizada, pero tampoco sería la primera vez que en el tiempo de traslado de un parlamento a otro, algún partido cambia el sentido de su voto. 

Luego, si el traspaso se hiciese efectivo, sería el momento de abordar las cuestiones que más preocupan a los usuarios, como son las tasas de los peajes -demasiado caras- y la calidad del servicio -demasiadas retenciones y firme en mal estado-. Desde Galicia, resolverlas sería más sencillo.

sábado, 19 de marzo de 2016

¿Es ilegal anunciar por redes sociales las restricciones anticontaminación?

Dvuelta, empresa dedicada a la defensa de los conductores, considera que no es legal la forma que tiene el Ayuntamiento de Madrid de avisar a los conductores sobre la activación de los protocolos de contaminación. Por ello, ha presentado un recurso ante la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJ (Tribunal Superior de Justicia).
Dicho Protocolo anticontaminación implica reducciones de la velocidad, así como restricciones de tráfico y de aparcamiento en el centro de Madrid y/o en el anillo de la M-30 durante los episodios de alta contaminación por NO2 (dióxido de nitrógeno) -se basa en un Acuerdo final que sustituye al aprobado durante la alcaldía de Ana Botella-.
El Ayuntamiento de Madrid considera que puede denunciar a los conductores que no respeten esta normativa, en la que no se establece la necesidad de dar una publicidad acorde a la notoriedad, según Dvuelta, debería tener. De hecho, en alguno de los últimos anuncios de la activación del Protocolo, el aviso ha tenido lugar a altas horas de la noche (aproximadamente a las 23:00 horas y efectivo a partir del día siguiente) y únicamente en la página web del organismo público y en sus redes sociales.
Para Dvuelta, esta situación es ilegal, ya que la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid establece que este tipo de limitaciones al tráfico podrán tener lugar cuando haya razones basadas en proteger el medio ambiente y siempre que se señalicen de la forma correcta y se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.
Por tanto, las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno Municipal contradicen a la ordenanza legal, segun DVuelta. Asimismo, DVuelta también recuerda que todas las multas que se impongan al amparo de dicho acuerdo se podrán recurrir

Galicia volverá a reclamar a Fomento la gestión de la autopista AP-9




Todos los partidos con representación en el Parlamento de Galicia, incluido el PP, reivindicarán en el Congreso de los Diputados el traspaso a la comunidad de su principal vía de comunicación, la AP-9, una autopista de peaje dependiente del Ministerio de Fomento que se extiende entre Ferrol y la frontera con Portugal, la franja más poblada. Tres diputados, uno del PP, otro del PSdeG-PSOE y una tercera del BNG, serán los encargados de defender una propuesta en la que se reclama la transferencia de la titularidad y competencias sobre la infraestructura, gestionada actualmente y hasta 2048 por la concesionaria Audasa, del grupo Itínere. Galicia vuelve así a revivir una antigua reclamación que ya ha sido rechazada anteriormente en Madrid tanto por gobiernos del PP como del PSOE y que se cuestiona el elevado coste de los peajes y el deficiente mantenimiento de la vía por parte de la empresa privada.

La propuesta del BNG ha salido este martes definitivamente adelante en el pleno de la Cámara autonómica en forma de proposición de ley. El PP gallego ha condicionado su apoyo a la exclusión en el texto de referencias críticas a la gestión de la AP-9 realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El parlamentario popular Jesús Goldar ha recordado que su partido ya demandó sin éxito el traspaso de la autopista cuando era presidente el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La actual ministra en funciones, la pontevedresa Ana Pastor, ha accedido recientemente a volver a estudiar la cuestión, aunque se ha remitido a la opinión de los técnicos que establecen qué vías son de interés general y por tanto deben ser competencia del Estado.

Los grupos políticos han censurado los costosos peajes que cobra Audasa en la AP-9, calificados por la diputada Ana Pontón (BNG) de "impuesto a la circulación injusto y regresivo, un lastre para el desarrollo" de Galicia. El parlamentario Juan Fajardo (AGE) ha recordado que viajar por esta vía desde Tui, en la frontera con Portugal, a A Coruña cuesta 17,85 euros y ha afirmado que “es más barato ir a Frankfurt” desde el aeropuerto coruñés con las tarifas de las aerolíneas low cost. Raúl Fernández (PSOE) ha recalcado que la transferencia “es posible” porque “lo permite la Constitución y el Estado".

El BNG ha pedido que PP y PSOE mantengan su apoyo a la iniciativa cuando llegue al Congreso para que no se repita lo que ya ocurrió cuando se reclamó la transferencia a la Xunta de las competencias de tráfico. Populares y socialistas rechazaron entonces en las Cortes lo que sí defendían sus compañeros de partido en Galicia. Pontón ha recordado que el PP votó en contra también recientemente en el Congreso sobre el traspaso de la AP-9 y ha instado al partido de Alberto Núñez Feijóo a acabar con la "doble moral".

viernes, 18 de marzo de 2016

Carreteras de pago para unos y gratis para otros

A la derecha, cartel de bifurcación de la GI-20, en sentido Irun, hacia el tramo de pago entre Errenteria y Oiarzun.
A la derecha, cartel de bifurcación de la GI-20,
en sentido Irun, hacia el tramo de pago entre Errenteria y Oiarzun.
MIKEL FRAILE

Muchos conductores que transitan por esta carretera se hacen la mismas pregunta. Unos la hacen con más o menos resignación y otros, con cierta dosis de hartazgo. ¿Cómo puede ser que en una carretera que no está señalizada como de pago, es decir, no es ninguna AP, cobren peaje? Pues bien. Esto ocurre desde hace cinco años y medio en Gipuzkoa, en la GI-20 y su salida a Oiartzun-Errenteria en sentido Irun, donde se cobra peaje a pesar de que, según los hitos de la carretera, se circule por una carretera con denominación GI provincial, en la que teóricamente no se paga. Así pues, la GI-20 es de pago para unos y gratis para otros, dependiendo del recorrido que se realice. Entre Ondarreta y Pasaia, por ejemplo, es gratuito. Según la Diputación, titular de la carretera, este tramo de Oiartzun de la GI-20 es explotado por Bidegi y, por tanto, «está sujeto al cobro de canon», en virtud de una norma foral.

Pero esto no queda claro para muchos usuarios que utilizan la carretera a diario para ir a trabajar a la zona industrial de Ugaldetxo de Oiartzun, donde se encuentra el centro comercial Mamut y el Alcampo, entre otras empresas y comercios. «Hago todos los días el recorrido entre Donostia y Oiartzun y me cobran peaje -1,21 euros-, a pesar de que haga todo el recorrido por una carretera que no es AP. Es una GI en la que en teoría no se debería pagar. Si nosotros, los de casa, no tenemos claro que esté bien indicado que sea una carretera de pago, imagínense los conductores foráneos. Muchos se sorprenden cuando se topan con el peaje», afirma uno de estos usuarios.

La nomenclatura de la GI-20 tiene poco más de cinco años y medio de historia. Surgió como consecuencia de la construcción y apertura en junio de 2010 del Segundo Cinturón de San Sebastián. Esta última carretera pasaba a canalizar el tráfico de largo recorrido y tomaba el nombre y la categoría de autopista de pago AP-8. Se decidió entonces que el recorrido de la A-8 por Pasaia, Errenteria y la Variante de San Sebastián pasase a tener la categoría de carretera provincial, con nombre GI-20. La carretera va desde Aritzeta hasta la bifurcación con el Segundo Cinturón. A partir de ahí, los hitos kilométricos de la carretera pasan de ser GI-20 a convertirse en AP-8.

En estos cinco años y medio, los vehículos que han transitado por esta carretera, la GI-20, lo han hecho gratis, si por ejemplo entraban en la GI-20 desde Ondarreta en sentido Irun y luego se salían en Pasaia; o pagan peaje si decidían ir un poco más allá, siempre dentro de la misma carretera, y salirse en Oiartzun-Errenteria. Y aquí empiezan las incertidumbres. «Si la salida de Oiartzun en sentido Irun está dentro de la GI-20, según los hitos kilométricos -concretamente cerca del PK 2-, ¿por qué se cobra peaje?. No queda claro en las indicaciones», se lamenta un usuario. En sentido contrario, en el recorrido Irun-Donostia, la salida al peaje de Oiartzun se encuentra claramente dentro de la AP-8.

Desde el Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Gipuzkoa, de quien depende la sociedad Bidegi que gestiona las carreteras de pago, no hay lugar a dudas de que el tramo de la GI-20 en Oiartzun es de pago. Según explican estas fuentes, Bidegi explota, además de la AP-8 y la AP-1, dos tramos de la GI-20: de Aritzeta al enlace Añorga-Ondarreta (GI-20-10) y del enlace de Pasaia (GI-20-2) al enlace con a AP-8 en Errenteria (Gi-20-0). «Quien recorre estos dos tramos está sujeto al cobro de canon en las estaciones bien de Zarautz, de Oiartzun o de Irun», aseguran en Diputación.

Y esto es así, según añaden, en virtud de la «norma foral 7/2002, de 3 octubre». Según esta normativa, «el objeto del canon es la utilización de las infraestructuras viarias cuya explotación corresponde a Bidegi y su finalidad es financiar las actuaciones de esta sociedad pública». Como ese tramo de la GI-20 entra dentro de la lista, también está sujeto a peaje, sostienen.

Desde Diputación explican que el cobro en estos dos tramos de la GI-20 es «coherente», conociendo «la historia» de la carretera. «Antes de la construcción del Segundo Cinturón, Bidegi explotaba y cobraba estos mismo tramos. Tras su puesta en servicio se decidió mantener el mismo sistema al entender que funcionalmente actúan como ramales de largos de conexión con la AP-8». En cambio, añaden, «todos los movimientos entre Ondarreta y el enlace de Pasaia (llamado así aunque está situado entre Pasaia y Errenteria) son gratuitos».

Estas mismas fuentes aseguran que la nomenclatura de la GI-20, a pesar de hacer referencia a una carretera provincial, «es más coherente» a efectos de «denominación» que adoptar la de AP-8 (Segundo Cinturón), porque esta vía funciona como «ramal largo de conexión».

Además, afirman que en el caso del tramo en sentido Irun que cuenta con la salida de Oiartzun, en los carteles de la carretera se informa previamente a los conductores «de que va a entrar en una autopista-autovía». Este cartel, en concreto, es de fondo blanco con la GI-20 en la parte superior. Dentro lleva un gran cajetín de fondo azul con el anuncio de la AP-8.

Pero lo que para la Diputación está muy claro, no lo está para los usuarios de la vía. «Es confuso que ese cartel diga que ese tramo es de pago porque el fondo principal es blanco y el símbolo es de GI, carretera provincial», asegura uno de ellos.

La correcta señalización del pago en esta carretera, en sentido Irun, también se pone en tela de juicio por parte de los profesionales. «La interpretación lógica de la señal es que se circula por la GI-20, una carretera provincial de primer nivel, en la que no se debería pagar, y al finalizar dicha vía comienza la AP-8», señalan desde una autoescuela de Irun.

De hecho, en sentido contrario, el cartel de anuncio de la GI-20, desde la AP-8, tiene una organización similar, pero con distintos colores protagonistas. El fondo es totalmente azul, en referencia a la carretera por la que se transita y se cobra, y dentro se incluye el logo de la GI-20, vía que se anuncia.

La liquidación de las autopistas de peaje, otro problema de la herencia de Rajoy



Siete bancos se oponen al plan de Fomento para rescatar a dos autopistas de peaje. Consideran el plan del Ministerio dirigido por Ana Pastor de "irrealizable", por el que exigen la liquidación. La guerra judicial se dirime en la Audiencia Provincial de Madrid y los bancos The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Société Générale, Royal Bank of Scotland (RBS), Natixis y Deutsche IndustrieBank han presentado un recurso para poner fin a estas autopistas, según fuentes judiciales a EuropaPress.
Las entidades financieras ven "irrealizable" el plan del Gobierno para dar viabilidad a las infraestructuras, y señalan que la liquidación es la única vía factible. Esta alternativa daría luz verde a la Responsabilidad Patrimonial, por lo que el Estado tendría que abonar a la constructora el valor de la infraestructura y las inversiones realizadas.

De esta forma, según la agencia que cita fuentes del sector, la factura del Estado podría sumar un máximo de 5.000 millones de euros. La R-4 de Madrid supone 700 millones de euros. La justicia ya ha mandado liquidar la AP-36 Ocaña-La Roda y M-12 Eje Aeropuerto.

Fomento quiere aplicar una quita del 50% a la deuda de 4.000 millones de euros e integrar las infraestructuras en una sociedad pública. La banca se opone a dichas quitas y ve en el Estado la recuperación total de la inversión. El nuevo Gobierno tendrá que hacer frente a este problema que colea más de un año en los tribunales.