martes, 31 de marzo de 2015

El PSOE recoge firmas para liberar el peaje de Pastoriza por las obras

Los socialistas de Arteixo (A Coruña) han iniciado una campaña de recogida de firmas para apoya una iniciativa parlamentaria que exige a la Xunta que libere el peaje de la autopista que une A Coruña y Carballo por encontrarse en obras.

El PSOE de Arteixo quiere que se suprima el peaje de Pastoriza, una iniciativa que se aprobó hace ocho meses, por ser "injusto", asegura en un comunicado.

Según el socialista Martín Seco, tanto el Consistorio como la Xunta están "permitiendo que la empresa concesionaria del servicio de autopista entre A Coruña y Arteixo siga cobrando por un servicio que no da, incluso por tener cerrado el doble carril o utilizar semáforos en muchos instantes".

Abertis invertirá 1.100 millones este año en autopistas y satélites

Francisco Reynés, vicepresidente y consejero delegado de Abertis, insistió en que uno de los objetivos del grupo es entrar en el mercado de EE UU
Abertis aprovechó su junta general de accionistas para detallar su plan de inversiones para este año. La compañía invertirá 1.100 millones de euros en la mejora de la red de autopistas de peaje que tiene en Brasil y Francia y en el desarrollo de nuevos satélites de Hispasat. Así lo detalló el vicepresidente y consejero delegado Abertis, Francisco Reynés, que añadió que la firma seguirá además buscando nuevas oportunidades de compra en Europa y, sobre todo, en EE UU. El grupo está presente en el estado asociado de Puerto Rico, pero su objetivo es desembarcar en uno de los 50 que forman la Unión. Lo intentó recientemente pujando por la autopista Indiana Toll Road, aunque sin éxito. Sin embargo, perseverará en su intento. «Hay que perder unos cuantos partidos para ganar alguno», afirmó Reynés en Barcelona.
A la espera de poder aprovechar alguna oportunidad, la principal concesionaria de peajes del mundo –8.300 kilómetros repartidos en 11 países– seguirá acometiendo mejoras en los activos que ya tiene en cartera. Fuentes de la compañía explicaron que el grueso de los 1.100 millones de euros comprometidos se invertirá en Brasil, donde las necesidades de mejora de las infraestructuras son más evidentes. Abertis adquirió las autopistas que OHL tenía en este país por medio de un acuerdo que incluyó un pago en efectivo y la entrada en su accionariado del grupo de construcción. Su presidente, Juan Miguel Villa Mir, no descarta repetir la operación con algunos de los activos maduros que tiene en México si Abertis muestra interés. Reynés aseguró ayer sobre este punto que aunque no tienen compromiso de mirar nada en este país, sí que hay voluntad si hay una buena opción.
Abertis podría duplicar en los próximos años la inversión comprometida en Brasil y Francia si logra cerrar las negociaciones que mantiene con las autoridades galas y de Chile para alargar las concesiones de su cartera. La UE ha dado el visto bueno al Plan Relance galo que prevé invertir 600 millones de euros en cinco años para impulsar la economía y el empleo en el país vecino. En el país suramericano, la extensión de los contratos supondría una inversión adicional de 500 millones de euros en los próximos años.
En España, Abertis reiteró su interés por alargar la concesión de la AP-7 más allá de su vencimiento en 2021, si bien la compañía todavía no ha hecho ninguna propuesta concreta al Ministerio de Fomento. En los últimos meses, el tráfico en las vías de peaje españolas ha comenzado a recuperarse de forma nítida. En enero y febrero, avanzó un 4,3% en las autopistas que gestiona Abertis, según los datos que facilitó la compañía. Reynés confía en que esta tendencia sea el inicio de la recuperación que se está viendo sobre todo en España. En sus otros mercados, el tráfico de Abertis también han subido. El vicepresidente del grupo concesional destacó que en Francia –2,4%– el avance ha sido posible a pesar de las nevadas registradas en el país. En Brasil también hubo avances a pesar de la ralentización de la economía, el carnaval y las importantes lluvias caídas, explicó Reynés. En Chile, la intensidad media diaria (IMD) de vehículos en las vías de Abertis también se incrementó un 6,1%.

El Supremo rechaza modificar contratos de concesión de las Radiales R-3 y R-5

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la sociedad Accesos de Madrid (AMSA) en el que exigía el restablecimiento económico-financiero de sus contratos de concesión de la explotación de las autopistas de peaje R-3 y R-5 y un tramo de la M-50 en Madrid por la disminución del tráfico desde el principio.

En una sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo tumba la pretensión de la sociedad concesionaria argumentando que "la merma de flujos de vehículos no constituye un riesgo imprevisible", ya que tuvo que considerarla cuando participó en el concurso.

Como ya hicieran en febrero de 2014 en relación a la R-4 y otros tramos de la M-50, los magistrados argumentan que la contratación administrativa lleva inherente un elemento de aleatoriedad de los resultados económicos del contrato, al estar expresamente proclamado por la ley el llamado "principio de riesgo y ventura del contratista".

"Un elemento de aleatoriedad que significa que la frustración de las expectativas económicas que el contratista tuvo en consideración para consentir el contrato no le libera de cumplir lo estrictamente pactado, ni consiguientemente le faculta para apartarse del vínculo contractual o para reclamar su modificación".

Por ello, rechaza el recurso de AMSA contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación para modificar la concesión de la explotación de las mencionadas autopistas y el tramo de la M-50 entre la A-6 y la carretera M-409 que presentó al Consejo de Ministros el 8 de noviembre de 2011.

En concreto, la sociedad intentó que el Supremo ordenara a la Administración que dictara una resolución expresa en la que se reconozca el desequilibrio producido en la base económico-financiera de la concesión, como consecuencia de la concurrencia de una "circunstancia imprevista, imprevisible y determinante de la inviabilidad de la misma".

También pretendía que se le reconociera el derecho a que se adopten de "modo inmediato" las medidas necesarias para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero quebrado, al objeto de hacer viable económica y financieramente la concesión.

Pero el Supremo responde que "el reequilibrio sólo procederá cuando lo haya previsto el propio contrato y cuando una ley especial regule hipótesis específicas de alteración de la economía inicial del contrato y establezca medidas singulares para restablecerla".

En octubre de 2012, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid declaró el concurso voluntario de acreedores de las concesionarias de estas dos radiales y nombró administrador concursal al Ministerio de Fomento, al que el pasado febrero dio dos meses para subsanar los errores de su propuesta de convenio y acreditar que el Consejo de Ministros va a dar luz verde a la solución planteada.

lunes, 30 de marzo de 2015

Álava cobra 0,96€ a quienes caen en la trampa de la AP1 pese a estar cerrada

El cierre de la AP1 por el derrumbe de una ladera acumula ya casi tres semanas de retrasos. Tres semanas en las que, cada día, cientos de conductores se ven atrapados y estafados por la falta de información en el acceso a la AP1 desde Etxabarri-Ibiña. Las señales favorecen desde hace años el uso de la AP1 en detrimento de Etxegárate, y ahora esta situación se ha convertido en un problema.

La autopista se encuentra cerrada desde el peaje de Luko (enlace con la N240 junto al Parque Tecnológico). Sin embargo, no existe ninguna referencia de ello hasta 500 metros antes del peaje de salida.
Salida obligatoria en Luko

Los conductores que vienen desde Burgos son derivados en la Circunvalación de Vitoria hacia la AP1, en el peaje de Etxabarri. No se han modificado los carteles, por lo que, desde el peaje, recorren cerca de 5 kilómetros por la autopista hasta que, en Luko, son obligados a abandonarla.

Incluso, la Diputación sigue cobrando a los conductores 0,96€ por este tramo. Casi un euro por un pequeño recorrido que termina llevándoles a ninguna parte. La nula información es patente también en larotonda existente tras el peaje. Ni un sólo cartel indica a los conductores por dónde pueden continuar su camino. De hecho, en sus comunicados la Diputación sigue indicando como alternativa a la AP1 el Puerto de Arlaban, una carretera complicada y peligrosa, especialmente para los camiones. Sin embargo, la salida lógica hacia Donosti, Irún y Francia es el puerto de Etxegárate

El Bundestag aprueba un peaje en las autopistas para coches que solo afectará a los extranjeros

Imagen del Parlamento alemán.EFE/Stephanie Pilick
El Parlamento alemán ha aprobado este viernes una ley que introduce un peaje en las autopistas para coches particulares acompañada de un rebaja del impuesto de circulación para compensar a los automovilistas alemanes.

El proyecto ha sido muy debatido y sus críticos más acérrimos consideran que es contrario a las normativas europeas puesto que discrimina a los automovilistas de otros países de la UE. Esta previsto que la norma entre en vigor en 2016.

El peaje para extranjeros en las autopistas alemanes fue una de las banderas claves durante la campaña electoral de la Unión Socialcristiana (CSU), ala bávara de la Unión Cristianademócrata (CDU) a la que pertenece la canciller Angela Merkel.

El ministro de Transportes, Alexander Dobrindt, de la CSU, ha hecho de la introducción del peaje uno de los programas claves de su cartera. Durante el debate, el jefe del grupo parlamentario de Los Verdes, Anton Hofreiter, le acusó de haber convertido un ministerio importante en "el ministerio del peaje para los extranjeros". "En realidad, rara vez había habido una ley que fuera tan evidentemente absurda", dijo Hofreiter.

Hofreiter recordó que en otros países europeos el peaje no se cobra sólo a los extranjeros sino también a los automovilistas nacionales.

El experto en transportes del grupo parlamentario de La Izquierda, Herbert Behrens, pronóstico que la ley será denunciada por las autoridades europeas. "De hecho la idea es que los extranjeros paguen y los alemanes no, la UE no se va a tragar el truco", dijo Behrens.

Al margen de las dudas sobre la compatibilidad de la norma con el derecho europeo, la ley es vista por preocupación en el noroeste alemán, sobre todo en los estados federados que limitan con países, como Holanda y Bélgica, que no cobran peajes en sus autopistas.

Así, por ejemplo, el primer ministro de Baja Sajonia, Stephan Weil, manifestó su preocupación de que los países vecinos reaccionen tomando medidas similares y se cree una situación que perjudique el fluido tráfico internacional que hay en esas regiones. "Si nosotros cobramos entrada, es cuestión de tiempo que otros también empiecen a hacerlo y eso será un golpe para el tráfico en la frontera", dijo Weil.

El Supremo niega que el Estado tenga responsabilidad patrimonial en las radiales

En su sentencia, el Tribunal Supremo sostiene que la contratación administrativa conlleva un elemento de aleatoriedad
La Sala III del Tribunal Supremo ha desestima un recurso de la sociedad AMSA (Accesos de Madrid, Concesionaria del Estado) que reclamaba el «reequilibrio» de sus contratos de concesión de la explotación de las autopistas de peaje R-3 y R-5, en Madrid, así como de la M-50 entre la A-6 y la carretera M-409, por la disminución del tráfico en dichas autopistas desde el inicio mismo de la explotación, lo que motivó la caída de sus beneficios.
El Supremo, como ya hizo en febrero de 2014 en relación a la R-4 y otros tramos de la M-50, rechaza la pretensión de la sociedad concesionaria argumentando que «la merma de flujos de vehículos no constituye un riesgo imprevisible», que la empresa hubo de considerar cuando participó en el concurso.

En su sentencia recuerda además que la contratación administrativa lleva inherente un elemento de aleatoriedad de los resultados económicos del contrato, al estar expresamente proclamado por la ley el llamado principio de riesgo y ventura del contratista. «Un elemento de aleatoriedad que significa que la frustración de las expectativas económicas que el contratista tuvo en consideración para consentir el contrato no le libera de cumplir lo estrictamente pactado, ni consiguientemente le faculta para apartarse del vínculo contractual o para reclamar su modificación», según el texto de la sentencia.


La sentencia rechaza así el recurso de AMSA contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación para modificar la concesión que presentó el 8 de noviembre de 2011.

domingo, 29 de marzo de 2015

Política caduca del PNV

Al menos eso dice Aitziber Ibaibarriaga, candidata a la Alcaldía de Bilbo. Es muy posible, que la política del PNV sea caduca, pero es política, política del pueblo y para el pueblo.
 
¿Qué política ofrece Bildu?, ¿la que ellos dicen que es la política del pueblo? ¡Pero solo lo dicen! A la hora de aplicarla, aplican la que a ellos les interesa, como la de autopistas de Gipuzkoa, que cuando gobernaba el PNV la Diputación, vosotros decíais que tener autopistas de peaje era afán de recaudación, que vosotros cuando gobernaseis, las autopistas serían gratuitas. 

Ahora ya no solo las autopistas queréis ponerlas de peaje, ahora ciertas autovías, variantes y obras varias, queréis ponerlas de peaje. También habláis de que “los beneficiarios fundamentalmente, han sido sus amigos” y que queréis “dar la vuelta” al Ayuntamiento de Bilbo. 

¿Quiénes han sido los beneficiarios de la recogida Puerta a Puerta implantada, o mejor dicho, impuesta en Gipuzkoa? ¿Quiénes son los beneficiarios del cierre de la incineradora de Gipuzkoa? ¿Quiénes son los perjudicados por el cierre de esa incineradora? ¿Quiénes serán los que deban pagar todos los préstamos e intereses de esa obra? ¿Qué haréis con lo edificado? Ustedes, tan democráticos y partidarios de la participación ciudadana, ¿qué han hecho con las opiniones contrarias a la recogida de basura Puerta a Puerta? Sin hablar de los problemas sociales sin solucionar, de las quejas y problemas que tienen en los Ayuntamiento que gobiernan. 

También es triste que ustedes estén pidiendo ayuda, colaboración, apoyos al PNV, pero para hacer lo que ustedes impongan, eso es “o estáis conmigo o estáis contra mí”. Para llegar a consensos, acuerdos o colaboraciones puntuales, hay que saber negociar, saber dar para poder recibir, hacer concesiones para recibirlas, pero con la imposición no se va a ningún sitio, ustedes sí que son como el PP, “o hacéis lo que yo digo, o se rompe la baraja”.

Automovilistas europeos denuncian el aumento de muertos en carretera por los recortes

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) considera que el número de víctimas y accidentes de tráfico ha aumentado en España por "la reducción presupuestaria destinada al mantenimiento de las carreteras que afecta negativamente a la seguridad vial”. 

Según indica la cuarta edición del informe anual de AEA, denominado ‘Las Carreteras más peligrosas de España’, “a pesar de la reducción de las víctimas mortales (1.680 frente a las 1.903 de 2012), durante el año 2013 se han contabilizado en España 126.400 víctimas de tráfico, lo que ha supuesto un incremento del 7,3 por ciento respecto de las cifras del año anterior (117.793)”.

Igualmente, el estudio apunta que “se ha producido un incremento del 7,7% en el número de accidentes con víctimas, pasando de 83.115 a 89.519”. Para la AEA, “este hecho evidencia la reducción presupuestaria destinada al mantenimiento de las carreteras está afectando negativamente a la seguridad vial de nuestro país, ya que, al contrario de lo que la propaganda ha querido hacer creer, la realidad es que la menor inversión en carretera ha provocado un aumento de la siniestralidad”.

En el periodo 2009-2013, el informe señala que el Índice de Peligrosidad Medio de la Red de Carreteras del Estado (RCE) -que es el indicador más fiable para medir objetivamente el grado de peligrosidad de una carretera- “se ha reducido sensiblemente respecto del quinquenio anterior (del 11,4 ha pasado al 10,6), lo cual significa que tenemos unas carreteras cada vez más seguras”.

Sin embargo, AEA advierte que “todavía hay en las carreteras españolas demasiados puntos negros que son necesarios corregir, o al menos, advertir donde están ubicados, en tanto persistan los recortes presupuestarios que impidan actuar sobre esas infraestructuras”, ya que como señala el presidente de AEA, Mario Arnaldo “es importante al menos que los conductores sepan dónde están esos tramos peligrosos para tomar las debidas precauciones”.

El informe, elaborado a partir de los últimos datos disponibles delMinisterio de Fomento respecto de las carreteras a su cargo, apunta que “en solo 125 kilómetros de 39 vías de nuestra red de carreteras se han contabilizado en el quinquenio 2009-2013 cerca de mil víctimas. Tramos que, en su mayoría, ni están señalizados como Tramos de Concentración de Accidentes, ni la DGT ha colocado un radar”. 

Por esa razón, AEA cree muy necesario que se difunda la lista con las carreteras más peligrosas de España, teniendo en cuenta su Índice de Peligrosidad en relación con el Índice de Peligrosidad Medio de las carreteras españolas, al objeto de que tenga la máxima difusión entre los conductores y puedan tomar precauciones para evitar futuros accidentes, mientras se adoptan las medidas definitivas para eliminar los tramos peligrosos de nuestra red de carreteras.

En la selección de los tramos más peligrosos de España, AEA sólo ha tenido en cuenta los 26.073 kilómetros de carreteras, por las que discurre más del 50% del total del tráfico que circula por España. Respecto a su riesgo concreto, sólo se han tenido en consideración aquellos tramos de carreteras cuyo Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años fuera igual o superior a 100. Es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2013 fue de 10).

En el caso de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso se ha localizado, por segundo año consecutivo, en el kilómetro 57 de la N-632, carretera que comunica Villaviciosa con Gijón (Asturias), a la altura de la desviación a Pola de Siero. El índice de peligrosidad de esta vía ha aumentado pasando de 1.424 a 1.807,8, con lo que su IP supera más de 180 veces la media nacional. 

También por segundo año consecutivo, el kilómetro 10 de la A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, es el tramo que más accidentes y víctimas ha contabilizado: 99 accidentes y 149 víctimas. 

El PSOE pide un estudio del tráfico en la AP-1 al fin de la concesión

La suma al tráfico actual de la AP-1 del procedente de la N-I en 2018 preocupa a los socialistas. - G. G.
Los diputados del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados han registrado una Proposición no de Ley para su debate y votación en la Comisión de Fomento. En ella instan a la mesa «a la realización de un estudio informativo del corredor de la AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro del tráfico -tanto ligero como pesado-, que soportará a partir de noviembre de 2018 cuando concluya la concesión».

Los parlamentarios argumentan esta petición en el acuerdo alcanzado a finales del pasado año, que logró «el compromiso firme de que gobierne quien gobierne en el año 2018 no se prorrogará la concesión de la AP-1», detallan en el texto. Entienden que esta decisión traerá aparejado que «el flujo de tráfico a través de la actual AP-1, tanto de vehículos ligeros como pesados, se incrementará notablemente» indicando que «la N-1 en estos momentos supera los 9.500 diarios y gran parte de ese flujo se desviará por la AP-1».

Este previsible trasvase de vehículos de la carretera convencional a la autopista libre de peaje, lleva a los diputados socialistas a considerar necesario, «al objeto de adecuar la funcionalidad de la AP-1 a su futura carga de tráfico, a la vez que garantizar la seguridad vial», la elaboración de un estudio informativo «que permita elaborar un diagnóstico preciso de las necesidades a corto y medio plazo», argumentan.

Así como la evaluación y concreción de las actuaciones a emprender «para garantizar la conectividad con los diferentes núcleos de población y garantizar la cohesión territorial».

Por ello, en el punto primero de la PNL se insta al Gobierno a «realizar dicho estudio informativo referente al tráfico posterior que podría circular por la transitada vía, a partir del momento en que finalice dicha concesión».
En el contenido de éste, concretan que se debería evaluar y concretar con detalle qué actuaciones deberían realizar en el corredor, así como la permeabilidad al mismo tanto de entrada como de salida a los distintos núcleos de población.

Además de esta petición concreta futura, incluyen en su documento el asunto de la bonificación del 50% a camiones en autopistas de peaje paralelas a carreteras nacionales, con prohibición de su uso por pesados, en Castilla y León.

Los parlamentarios recogen la postura de la Federación de Transporte de Mercancías por carretera de Castilla y León, que ya rechazó con firmeza y rotundidad estas pretensiones del Ministerio de Fomento, y exigió que la decisión de usar las autopistas alternativas sea «voluntaria», así como la exención total.

Circunscribiéndose a la AP-1, recuerdan que «la Proposición no de Ley que se aprobó en la Comisión de Fomento el 17 de febrero también establecía que se estudie la aplicación de bonificaciones para el tráfico de vehículos pesados en la AP-1, y proceder a su implantación en los tramos en los que resulte factible técnica y económicamente el desarrollo de esta medida. Además de que ésta pueda resultar beneficiosa para la mejora de las condiciones de la circulación».

Por ello en su segundo punto de la PNL piden «garantizar la exención total del importe a abonar por los vehículos pesados que circulen voluntariamente por la AP-1 hasta la fecha de su liberalización», en respuesta a bonificación del 50% prevista en el plan de Fomento, respaldando la posición de la federación de transportistas castellano y leonesa.

sábado, 28 de marzo de 2015

El trasvase obligaría a 3.000 camiones a pagar

La aplicación de la medida de trasvase de camiones de la N-I a la AP-1 supondría la restauración del pago de peaje en el tramo actualmente gratuito entre Ameyugo y Armiñón que ejerce como variante de Miranda. Los datos oficiales disponibles fijan una media diaria de 3.000 camiones los que utilizan el acceso de Ameyugo para evitar el tramo urbano de la N-I en la ciudad mirandesa, al que acceden desde la carretera convencional.

En caso de prohibirles la circulación por la N-I se les aplicaría la actual norma, en la cual se abona el peaje de circulación por la autopista. Excepto si se accede en los pórticos de Ameyugo-Miranda, intercambiador Miranda e intercambiador Armiñon, y se sale por alguno de ellos.

Cabe destacar que según el proyecto de Fomento este tramo queda incluido dentro del marcado como de uso obligatorio por los camiones como alternativa a la N-I, pese a que, de facto, opera como tal desde 2006 de forma gratuita.

La liberalización de los poco más de 20 kilómetros de la AP-1 consiguió el desvío del 80% del tránsito de vehículos pesados que colapsaban la artería principal de la red de carreteras, a su paso por la ciudad utilizando el resto la N-I al ser su destino el término municipal mirandés.

Otra cuestión que entra en conflicto directo con el proyecto de Fomento es el Real Decreto 1285/2005 que establece «la utilización libre de peaje del tramo de la autopista AP-1, entre el enlace de Armiñón y el nuevo semienlace que se construya en Ameyugo, para todos los vehículos que recorran únicamente el tramo o realicen movimientos internos a él». «Es decir, exclusivamente los movimientos Armiñón-Ameyugo, Armiñón-Miranda y Miranda-Ameyugo, y los tres recorridos contrarios».

Cabe recordar que actualmente los vehículos que llegan a este tramo abonan el peaje del mismo, ya que no acceden por las entradas determinadas en el acuerdo del Estado con la empresa concesionaria. Algo que será de carácter general en el nuevo plan, al prohibir circular camiones por la N-I.

Así, un camión procedente de La Rioja estaría obligado a acceder a la AP-1 en Pancorbo abonando el peaje completo desde el mismo hasta Miranda o Armiñon al no poder acceder al peaje de Ameyugo desde la N-I para el tramo gratuito.

Igualmente, un camión procedente de Miranda o Armiñon pagaría el tramo de 20 kilómetros -actualmente gratuito-, al no poder compatibilizarse con el nuevo proyecto de trasvase que establece descuentos a nivel general sin excepciones.

Los problemas de compatibilización entre el proyecto en discusión y la situación actual va incluso más allá ya que el Real Decreto recoge como motivación de esta medida el que «la ciudad de Miranda está soportando un gran tráfico de vehículos pesados que hace necesario adoptar una solución que evite que ese tráfico pesado siga pasando por dicha localidad». Estableciéndose como compensación «de los efectos negativos que sobre los ingresos por peaje pudiera tener la solución adoptada, se ampliará el plazo de concesión en 15 meses».

La práctica desaparición del tráfico interno de vehículos pesados por la prohibición de la circulación por la N-I, que impediría de facto entrar o salir de la AP-1 en Ameyugo, dejaría sin su principal motivación la prórroga hasta 2018 como compensación por la pérdida de ingresos.

Como efecto colateral, el tráfico de camiones por la N-I se vería muy probablemente incrementado, en el tramo paralelo a la AP-1, de establecerse la excepcionalidad recogida en el proyecto de Fomento, que «no afectará a los vehículos que tengan que circular por la carretera convencional para posibilitar el acceso a los puntos de origen/destino de la mercancía, en la longitud imprescindible para ello».

La Generalitat anuncia un aumento de concesión para Acesa en la C-32

La protesta en el peaje a la altura de Vilassar provocó hasta 12 kilómetros de congestión en la C-32 Ateneu Ind.
Si bien el Govern mantiene como prioridad recuperar la concesión de la autopista C-32 el 2021, no dice lo mismo una publicación en el Diari Oficial de la Generalitat que ha crispado los ánimos de las plataformas que integran la comisión de Movilidad del Consell Comarcal. 

El jueves se publicaba en el boletín oficial que, "a fin de restablecer el equilibrio económico de la concesión", alterado por la nueva inversión de 71 millones en el tramo Blanes-Lloret (Girona), la concesionaria Invicat será compensada por la administración mediante "un periodo adicional de duración de la concesión" lo que, a criterio de las plataformas del territorio no deja sombra de duda sobre la prolongación del peaje.

El anuncio ha indignado sobremanera a la plataforma Preservem el Maresme, que acusa al conseller Santi Vila de venderse a los intereses de la concesionaria y despreciar las necesidades del Maresme. Los activistas vuelven a reclamar la gratuidad de la vía rápida cuando concluya la concesión "después de 45 años pagando".

Los activistas ya anuncian nuevas movilizaciones después de considerarse "engañados" por el conseller Santi Vila, que en su última visita al Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal ya se vio obligado a matizar sus palabras en lo referente a los sistemas de peajes de las vías catalanas, incluida la C-32, aduciendo que no se tomará ninguna decisión sin el consenso del territorio. En el caso del peaje en el Maresme, la unanimidad es total entre las fuerzas políticas y sociales.

En la misma línea se posicionan los alcaldes del territorio, -algunos como el de Mataró lo consideran un tema innegociable- mantener la gratuidad de la autopista "sobradamente amortizada" hasta el 2021, fecha en la que caduca la concesión después de 45 años. Para las plataformas, las palabras de Vila en el Maresme se contradicen con lo publicado en el DOGC, por lo que exigen un posicionamiento rápido del máximo responsable de las infraestructuras viarias catalanas.

La bonificación de peajes sacará 9 millones de camiones de las carreteras

Foto: EUROPA PRESS
El Ministerio de Fomento espera sacar hasta 9 millones de vehículos pesados cada año de las carreteras convencionales españolas con su plan para obligarles a circular por autopistas de peaje paralelas a cambio de bonificar hasta la mitad del coste.

Así lo señaló hace unos días el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, ante la Comisión de Fomento del Congreso, cuando la portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, le pidió más detalles sobre la propuesta ministerial.

Niño recordó que entre Maçanet y la frontera francesa en la AP-7 se puso en marcha en abril de 2013 una experiencia piloto de este tipo que ha resultado "muy positiva", ya que ha conseguido que 1,9 millones de vehículos pesados --"2.900 camiones al día"-- salieran de la Nacional II y circularan por la carretera de peaje.

"Si se llevase a cabo en su conjunto la propuesta del plan que hemos elaborado estaríamos desviando anualmente de las carreteras convencionales 9 millones de vehículos pesados, que es una cifra muy importante", apostilló el secretario general de Infraestructuras.
Además, subrayó que las ventajas de esta iniciativa no serán sólo en materia de seguridad, sino que también habrá importantes ahorros para los transportistas, que deben calcularse teniendo en cuenta "no solamente el coste del peaje y del carburante, sino también el tiempo de viaje, que claramente disminuye" al ir por vías más rápidas y con menos tráfico.

"Niego totalmente que (esta medida) sirva para incrementar la recaudación de los concesionarios de autopistas, porque se llevará a cabo normalmente en autopistas ya maduras", precisó Niño, subrayando además que ya el año pasado el tráfico por las vías de pago, sobre todo de vehículos pasados, aumentó casi un 7%.

Por último, Niño recordó que la idea es aplicar descuentos del 50% a los vehículos pesados que circulen por las autopistas de peaje en lugar de por las vías convencionales, y del 35% para aquéllos que decidan hacer todo el itinerario por las vías de peaje para "evitar que tengan que entrar y salir" cuando ya circulan por ellas pero quieran beneficiarse de la bonificación.

Además, el responsable de Infraestructuras aseguró que Fomento está negociando con el Ministerio del Interior y las consejerías de las comunidades autónomas con competencias en carreteras para "aplicar la medida de manera coordinada", y que su intención es llegar a un acuerdo con el sector profesional de transporte por carretera antes de que entre en vigor el plan.

Fomento pretende implantar este plan, de manera gradual, a partir de este segundo trimestre del año, siempre que cuente con un acuerdo con el sector. De este modo, ya antes del verano los camiones de gran tonelaje (de cuatro o más ejes) deberán circular por autopistas en vez de por las carreteras nacionales en los tramos en los que estas vías presenten una mayor congestión y siempre que cuenten con una vía alternativa de pago.

Los tramos de autopistas por la que estarán obligados a circular los grandes camiones suman una longitud de 1.360 kilómetros de vías de pago, la mitad de los 2.500 kilómetros que actualmente suma la red de autopistas.

El 'mapa' de tramos incluye distintos trazados de las autopistas AP-6, AP-61, AP-51, AP-4, AP-2, AP-7, AP-2, AP-1, AP-9, AP-68, AP-53 y AP-66. Entre ellas no figura ninguna de las vías de pago que actualmente están en quiebra y que el Gobierno pretende fusionar en una nueva empresa nacional de autopistas.

Estos tramos obligatorios para camiones de gran tonelaje se reparten por el centro peninsular (en la conexión Madrid, Segovia y Ávila), por el Sur (entre Sevilla y Cádiz), por el arco Mediterráneo, por la zona de Burgos, La Rioja y Aragón, y por la de León y Galicia.

viernes, 27 de marzo de 2015

El BNG volverá a llevar al Parlamento la supresión del peaje en la autopista AG-55

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, anunció que volverá a solicitar en el Parlamento gallego la supresión del peaje en todo el trazado de la AG-55 o, por lo menos, entre A Coruña y Arteixo, mientras duran las obras de acceso al puerto exterior. Este anuncio lo hizo el jueves con motivo de su visita a las obras que Fomento realiza en Quinto Pino, que se prolongarán en torno a los siete meses. Jorquera califica de «escandaloso» el cobro entre A Coruña y Arteixo por las obras.

Jorquera, que estuvo acompañado en su visita por la portavoz nacionalista en Carballo, Xosé Regueira; y el responsable comarcal de Bergantiños y edil, Xoán Sande, criticó las pocas alternativas que tiene los conductores que realizan este trayecto de forma habitual. «Ten curvas e pendentes moi pronunciadas e agora súmaselle as obras de conexión da estrada de acceso ao porto exterior da Coruña».

Según el portavoz parlamentario del Bloque, la otra alternativa es pagar por un vial que también tiene un carril cortado y en el que Fomento ha habilitado uno de forma provisional por el que hay que pagar 0,55 euros. Según Jorquera, además de los lógicos cortes y retenciones, los usuarios de la AG-55 abonan unos peajes que conllevan recortes de personal en las cabinas.

La AP-68 es la vía de peaje con más tramos peligrosos

Accidente en el tramo riojano de la AP-68. Sonia Tercero
Según Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha elaborado un informe en el que se hace hincapié sobre la mayor seguridad de las autopistas de peaje con respecto a otro tipo de vías, y señala que, de los más de más de 2.500 kilómetros de este tipo de vía que analiza el estudio, se han localizado un total de 40, en los que el índice de peligrosidad es, al menos, 3,6 veces superior al de la media nacional (que para las autopistas de peaje se sitúa en 8,2).

El ranking sitúa como el tramo de autopista más peligroso el kilómetro 53 de la AP-68, en la provincia de Álava, donde el IP (índice de peligrosidad) supera en 11 veces la media española y se han producido 19 accidentes con 31 víctimas (muertos o heridos) entre 2009 y 2013.

En esta autopista se sitúan 11 de los 40 puntos más peligrosos de España para este tipo de vías, seis de los cuales figuran entre los 15 primeros de la lista y pasan por las provincias de Álava y Logroño.

Otras autopistas con una alta concentración de puntos peligrosos son la AP-66, en la que se concentran nueve de los 40 kilómetros de autopista más peligrosos, en las provincias de León y Asturias; y la AP-7, donde un total de siete kilómetros situados en las provincias de Gerona, Barcelona, Tarragona y Málaga figuran en esta lista.

En esta última autopista (la AP-7) se encuentra el kilómetro de este tipo de vías que más accidentes y víctimas registra, un total de 78 accidentes y 106 víctimas entre muertos y heridos entre 2009 y 2013.

Los autores denuncian que de los puntos "negros" de carreteras que arroja el informe en esta edición un tercio ya figuraban el año pasado en el estudio como tramos de Concentración de Accidentes (TCA) de alta peligrosidad, pese a que solamente ocho están señalizados como tales en las vías y siete tienen radares para controlar la velocidad.

Para la AEA, el incremento del número de accidentes con víctimas en las carreteras que se ha producido en 2014 (un total de 89.519, lo que supone un 7,7% más que en 2013) "evidencia que la reducción presupuestaria destinada al mantenimiento de las carreteras está afectando negativamente a la seguridad vial".

"Todavía hay en las carreteras españolas demasiados puntos negros que son necesarios corregir, o al menos, advertir donde están ubicados en tanto persistan los recortes presupuestarios que impidan actuar sobre esas infraestructuras", subraya el informe.

Ana Pastor: "El Gobierno no rescatará ninguna autopista"

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado este domingo que el Gobierno "no va a rescatar ninguna vía" y ha indicado que lo que existe "en este momento" son empresas con "problemas financieros" ante los que se ha elaborado una propuesta para que "no le cueste un euros a los ciudadanos".

Pastor se ha manifestado así en Elche (Alicante), donde ha inaugurado, junto al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el primer tramo de la circunvalación sur de Elche, al ser preguntada por un posible rescate del peaje de la AP-7 a su paso por la Comunitat Valenciana.

"El Gobierno de España no va rescatar a ninguna vía. Lo que hay en este momento son empresas que tienen problemas financieros y el Gobierno ha hecho un propuesta para que no le cueste ni un euro a los ciudadanos españoles", ha indicado al respecto la ministra, que ha indicado: "en eso estamos y pido la colaboración a todos".

Por otra parte, cuestionada por la llegada de la Alta Velocidad Elche, la ministra ha afirmado que llegará, "claro que sí", y ha manifestado: "en eso estamos trabajando, ha llegado a Alicante y llegará a Elche". No obstante, no ha concretado una fecha exacta aunque "los trabajos van avanzados" y "hay presupuesto suficiente" y "todo el impulso necesario" para llevarla a cabo "lo antes posible".

Finalmente, interrogada por el Corredor Mediterráneo y su conexión con Elche, Pastor ha señalado que "hay planes y hay proyecto, que están elaborados" para lograr la "mayor conectividad". Ha recordado que cuando llegó al Ministerio estaba "pintado en un 'power point' y no había ni un solo proyecto y casi tres años después todo el Corredor está en obras y estamos potenciando las cercanías".
La ministra de Fomento ha asistido al acto de puesta en servicio del tramo de la circunvalación Sur de Elche, EL-20, comprendido entre la N-340 y la CV-851. "Contar con buenas carreteras ayuda a promover el desarrollo empresarial y dinamiza tanto el comercio como la industria, que tan importantes son en Elche", ha señalado Pastor.

El cierre de la Circunvalación de Elche por el sur, entre la N-340 al este de la ciudad y la Ronda Carrús al oeste, se está realizando mediante dos actuaciones del Ministerio de Fomento. La primera fase, que ahora se ha puesto en servicio, entre la N-340 y la CV-851 (carretera de León), con una longitud aproximada de 5,7 km, y una segunda fase posterior, entre la CV-851 y la Ronda Carrús, que se encuentra en fase de proyecto y se ha sometido a información pública el 14 de marzo de 2015.

El presupuesto de la obra asciende a 51,88 millones de euros. Según ha destacado la ministra, en las carreteras de la Comunitat Valenciana se invertirán en el conjunto de la legislatura cerca de 670 millones de euros, de los que 265 millones de euros corresponden a la provincia de Alicante.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado que la Generalitat "mejorará" a través de una Vía Parque la conexión entre Elche y Santa Pola y ha avanzado que se van a iniciar "los trámites", para una obra con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

El objetivo es "poder hacer que toda esa movilidad, existente en la zona, mejorando la seguridad vial y sobretodo haciendo hincapié en las infraestructuras productivas, pueda ser una realidad en la ciudad de Elche", ha señalado.

Sobre la circunvalación de Elche, la alcaldesa Mercedes Alonso ha agradecido al Gobierno la inversión realizada que "supone un desahogo de trafico y conecta la ciudad con las pedanías". Asimismo, ha reivindicado "toda la agilidad posible" para licitar el último tramo que unirá el puente de Barrachina y la carretera de Crevillent, cuyo trazado provisional ya se encuentra en exposición publica y saldrá a licitación por un importe aproximado de 19,4 millones de euros.

jueves, 26 de marzo de 2015

El sector del transporte hará su «contrapropuesta» al plan de Fomento en abril

Todo lo que haga el Ministerio de Fomento respecto al proyecto de desviar el tráfico pesado de las carreteras convencionales hacia las autopistas de peaje «será por consenso». Así se lo transmitió el equipo de Ana Pastor al Comité Nacional de Transportes en la «reunión de trabajo» que mantuvieron el pasado lunes, en la que participaron la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, y el director general de Trasnporte por Carretera, Joaquín del Moral. El consenso es una prioridad para la ministra y por eso se apostó por el diálogo con las partes implicadas desde un primer momento, con la bonificación de un porcentaje del trayecto como acto de buena fe bajo el brazo.

El proyecto de Fomento consiste en prohibir la circulación a vehículos pesados de cuatro o más ejes por determinadas carreteras derivándolos a las autopistas de peaje con una bonificación de entre un 35 y un 50 por ciento del trayecto, para lo que el Ministerio ha previsto una partida de 10 millones de euros.

Ahora es el turno del sector que deberá hacer su «contrapropuesta» en la semana inmediatamente posterior a la Semana Santa, después de que el Ministerio les haya facilitado todos los datos que el sector ha solicitado sobre la intensidad del tráfico para evaluar el impacto de la medida en los distintos tramos viarios sobre los que se quiere aplicar.

Sin embargo, fuentes del Ministerio insistieron a este diario que todo lo que se haga «será por consenso», por lo que se organizó este encuentro entre las partes para analizar las posibles salidas del plan. El departamento de Ana Pastor ya ha asegurado que «estudiará» el documento y, tras esto, volverán a verse para debatirlo.

No obstante, el sector ya tiene claras algunas de las posiciones que mantendrá en esa propuesta como que la medida podría ser tenida en cuenta «siempre que se plantee como una opción voluntaria para el empresario de transportes», como aseguran fuentes de la Federación de Asociaciones de Transporte de mercancías por carretera de Castilla y León, (Fetracal).

Desde el inicio, esta federación se ha mantenido contraria a la obligatoriedad de tener que pagar por circular con sus vehículos, «no nos pueden obligar» reclaman, pero también apuestan por el diálogo por lo que su alternativa recogerá la «flexibilización» de los periodos de prohibición durante las horas, días o meses de menor intensidad circulatoria, así como adecuar las bonificaciones de los peajes según las vías.

Y es que para el presidente de la otra federación de transportes de la Comunidad, CYLTRA, Fernando Hernanz, «hay autopistas por las que nos saldría rentable» debido al ahorro en costes por el mejor estado de las vías. Sin embargo mantiene sus cautelas ante estas conversaciones al afirmar que «queda precioso eso del consenso» pero cree que «vamos a avanzar muy poco». Hernanz sostiene que la medida podría ser beneficiosa para el sector «pero gratis».

Fomento ultima un recurso para frenar la liquidación de radiales

Autopista AP-36, entre las localidades de Ocaña y La Roda.
Vuelven a saltar chispas, con batalla judicial incluida, entre el Gobierno y las empresas y bancos involucrados en la crisis de las radiales. La primera concesionaria abocada a la liquidación, la AP-36, que va de Ocaña (Toledo) a La Roda (Albacete) y está participada por Ferrovial y Sacyr, tiene ya sentencia de un juzgado de lo Mercantil en Madrid. Abierta la fase de liquidación, tras rechazarse la propuesta de convenio de Fomento, el propio ministerio prevé recurrir la próxima semana. La solución para esta autopista, y otras siete concesionarias, volverá a estar en el aire durante meses.

Se trata de un tiempo extra que en Fomento estima esencial para llevar a cabo el plan de nacionalización de autopistas, que lleva coleando toda la legislatura. En el sector de las infraestructuras se aprecia, sin embargo, un fuerte riesgo reputacional tanto para el país como para el propio negocio si la solución a la insolvencia de las concesionarias –por el incumplimiento de las previsiones de tráfico, sobrecostes de construcción y expropiaciones– sigue dilatándose en el tiempo o termina por no llegar.

Los tribunales, por tanto, elevan la presión para que sector privado y Gobierno lleguen a un acuerdo. La parte pública confía en tener margen para sacar adelante su proyecto de nacionalización antes de que finalice el actual mandato de Mariano Rajoy y de que se produzca una cascada de liquidaciones, situación ante la que el Estado debería indemnizar a la banca que financió la construcción de las citadas infraestructuras al ser titular de la garantía de cobro. Como es sabido, las concesionarias pignoraron la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) como aval a la hora de levantar los créditos para la construcción de las carreteras.

A este pulso legal se suma el malestar reinante en Fomento tras la advertencia de la patronal de las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan, sobre el coste de dejar entrar en liquidación a las ocho autopistas en crisis.

Ante la reiterada afirmación de la ministra de que el rescate “no costará un solo euro a los contribuyentes”, el presidente de Seopan, Julián Núñez, señaló la semana pasada en rueda de prensa que la crisis de las autopistas podría costar caro al bolsillo de los españoles: el pago de la RPA por la liquidación de las concesiones se iría a los 5.700 millones, a lo que habría que sumar la amenaza de costes superiores a los 2.300 millones por litigios, según cálculos del colectivo empresarial. La factura final superaría los 8.000 millones, según sus cálculos.

La legislatura está en su recta final y el plan de nacionalización está varado ante la negativa de la banca extranjera a aceptar una quita del 50% en la deuda de las concesionarias y la posterior remuneración del saldo pendiente, agrupado en un bono y que ya colgaría de la nueva empresa nacional de autopistas, a un interés garantizado mínimo del 1% durante 30 años.

Hacienda ha trabajado sobre escenarios de rendimiento del bono de hasta el 3%, pero fuentes del ministerio de Fomento aseguran que su oferta no se mueve. Desde el Seopan, así como los bancos, reclaman un rendimiento similar al del bono del Tesoro.

Más de 6.200 millones entre capital y deuda:
  • Las autopistas candidatas a ser nacionalizadas son las radiales 2,3,4 y 5 de Madrid; la M-12 o Eje Aeropuerto de Barajas; la AP-41 entre Madrid y Toledo; la AP-36 que va de Ocaña a La Roda; el tramo Cartagena-Vera de la AP-7, y la circunvalación de Alicante.
  • La inversión prevista en esas autopistas se disparó en más de 1.000 millones por mejoras solicitadas por la Administración. Sobre esta deuda ya se produjo una quita del 50% en la pasada legislatura. Actualmente las constructoras demandan 473 millones, una deuda comercial sobre la que Fomento persigue una nueva rebaja del 50% en el marco del plan de nacionalización.
  • Las concesionarias llevan toda la crisis denunciando el incumplimiento de las previsiones de tráfico e ingresos que Fomento planteó durante la licitación de las autopistas. Las infraestructuras han sufrido tanto la recesión como la apertura de alternativas gratuitas, imprevistas en los pliegos. Además, el coste de las expropiaciones se fue de los 388 millones previstos que calculó Fomento a 2.250 millones. El equilibrio económico de las concesiones quedó roto por razones ajenas a sus accionistas, lo que implica el reequilibrio o la asunción de la RPA por parte del Estado.
  • Los consursos de acreedores han sido generalizados y los casos se han agrupado tras los recientes cambios en la Ley Concursal. Tras el rechazo judicial a la oferta de convenio de Fomento, la AP-36 entra en liquidación y existes requerimientos de subsanación del convenio para las radiales 3 y 5, así como para la circunvalación de Alicante.
  • La oferta de Fomento pasa por reunir las ocho concesionarias en una empresa nacional de autopistas. Esta partiría con una deuda de 2.240 millones, tras una quita de 2.000 millones en la deuda bancaria y de 240 millones en la de construcción. Los accionistas de las concesionarias perderían los 1.760 millones de capital aportado y los acreedores cobrarían con un bono a 30 años con un cupón del 1% garantizado.

Alto coste para una autopista quebrada

La autopista ARA-A1 permanece cortada desde el 2 de marzo. Este cierre tiene un coste diario para los usuarios que asciende a 26.000 euros, según las primeras estimaciones que ha hecho el Gobierno de Aragón, ya que todos ellos tienen que realizar ahora mayores recorridos con el consiguiente gasto en tiempo y en kilometraje.

Estos cálculos demuestran la necesidad y rentabilidad social de una vía que nunca debió acometer la iniciativa privada. El retorno económico que ha producido ha sido menor de lo esperado, lo que ha provocado que la concesionaria haya entrado en un concurso de acreedores que parece dificultar una solución rápida a este problema. Se esperaban 6.500 vehículos diarios y la intensidad media diaria apenas alcanza la mitad.

En 2008, bajo el Gobierno del socialista Marcelino Iglesias, esta autopista autonómica era el modelo para el futuro plan de carreteras. Siete años después se ha demostrado otra decisión ruinosa que provoca un alto coste a la ciudadanía y a las empresas y que no ha sido ejemplo de nada.

La mayor afección que ha dejado la riada ha sido en esta vía, pero todo parece indicar que será la última en arreglarse. Las carreteras públicas ya han comenzado a repararse, con obras de emergencia y miles de euros de inversión de las administraciones, y de la ARA-A1 todavía no se tienen noticias, ni siquiera de si habrá un paso provisional que alivie el incremento de los costes por su cierre.

Dice el Gobierno de Aragón que buscará las fórmulas legales para resarcir todas estas pérdidas. Un dinero que no debe salir de las arcas públicas sino, en todo caso, de las de la empresa concesionaria, que asumió en su día el riesgo de esta aventura en busca de unos beneficios, que en caso de haberlos, no los hubiese disfrutado el erario autonómico.

La empresa privada en su inversión busca la rentabilidad económica, teniendo en cuenta y asumiendo las pérdidas y contratiempos que se puedan producir. Por ello, la concesionaria debe reabrir este paso cuanto antes con toda la seguridad para los que circulen por ella diariamente. El Ejecutivo debe ser firme en ello y no consentir que la solución se dilate en el tiempo cuando él está siendo veloz a la hora de volver a dejar todas las vías como estaban antes de la crecida.