viernes, 31 de mayo de 2013

El transporte de Madrid, en la encrucijada

El transporte madrileño se encuentra en un cruce de caminos. La crisis económica ha trastocado su modelo de crecimiento y, por extensión, la vertebración regional. Atrás han quedado las promesas de kilométricas redes o de obras faraónicas para dejar paso a una articulación más racional en cuanto a la necesidad y el coste de los proyectos. Se ha llegado así a una etapa en la que los responsables se cuestionan cuál es la mejor salida para dar viabilidad al sistema, teniendo en cuenta la importancia económica del sector y su incidencia sobre el medio ambiente. 

 
Paralelamente se ha producido una reducción de los ingresos. La parálisis económica y el desempleo provocado por la recesión han provocado que el número de usuarios del transporte público se haya desplomado casi un 7 por ciento desde 2007, según datos del INE. Ante la caída de los ingresos, las administraciones han subido los precios un 34,98 por ciento en el caso del abono normal de transportes y un 33,07 por ciento el abono joven, lo que ha sido muy criticado al estar estos incrementos muy por encima de la subida del IPC. El argumento oficial se centra en que no es sostenible un sistema en el que casi un 60 por ciento del precio de los títulos de transporte público está subvencionado. Por eso, se pretende reducir este nivel hasta el 50 por ciento.
Pero más allá del dinero, la red está en un cambio de filosofía. El usuario se ha convertido en cliente. El metrobús y el abono tradicional están en extinción ante la implantación del abono sin contacto, y los operadores compiten por desarrollar planes de modernización en diversos ámbitos como el tecnológico, el medioambiental o el de la accesibilidad para atraer a la mayor parte de los viajeros posible.

Los nudos gordianos de la movilidad regional son los intercambiadores, auténticas estaciones distribuidoras de viajeros. Sin haberse terminado todavía los previstos en la corona de Madrid (aún faltan algunos como los de Legazpi y Conde de Casal, paralizados por la crisis), ya se han acometido obras en varias de estas infraestructuras para adaptarlas a las necesidades del siglo XXI. Los intercambiadores se ven complementados por las áreas intermodales de transporte.
 
También el desarrollo de la red viaria se ha visto afectado por la marcha económica del país. El ‘boom’ de la construcción fue acompañado de importantísimas actuaciones en materia de infraestructuras y las carreteras regionales se convirtieron en referencia nacional e internacional, para bien y para mal. El soterramiento de la M-30 marcó un hito en la articulación de la movilidad de una capital de primera línea como Madrid, permitió recuperar un río para los ciudadanos y cerrar una enorme cicatriz urbana. El precio de esta apuesta fue hipotecar la ciudad hasta 2040. Los expertos hablan ahora de que el siguiente soterramiento necesario es el de la zona norte de la M-40, que tendría que acometer el Ministerio de Fomento.
A nivel regional, se acometieron actuaciones para descongestionar el tráfico en las carreteras nacionales y fomentar la conectividad y la transversalidad, con distintos resultados. Las radiales, hijas del ‘boom’ de la construcción, han perdido durante la crisis entre un 25 y 50 por ciento de su intensidad circulatoria, convirtiendo muchas de ellas en infraestructuras insostenibles. Las administraciones tuvieron que salir al rescate de las empresas adjudicatarias, que en muchos casos han presentado concursos de acreedores porque, tal y como se conoció más tarde, los cálculos de explotación de las vías estaban mal realizados. No están mucho mejor las carreteras sostenidas mediante peajes en sombra, que, en plena crisis, suponen una importante losa para las cuentas regionales. No es de extrañar que el Ejecutivo se haya planteado implantar peajes directos en estas infraestructuras, medida que aún no ha tomado debido a los problemas técnicos que supondría.
 
Por otra parte, frente al indudable éxito que tuvo el plan regional para mejorar la conectividad de los municipios más pequeños, algunos proyectos, como el desdoblamiento de la M-501 o la M-61, han chocado con la realidad. La condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España a causa de la ‘carretera de los pantanos’, que se construyó sin declaración de impacto ambiental, puso en paréntesis la extensión del proyecto hasta la provincia de Ávila. 
El cierre de la M-50 está replanteándose para hacer una infraestructura más barata, con la espada de Damocles de que afecta a un espacio medioambiental protegido como el Monte de El Pardo.


Otro de los pilares afectados por la crisis ha sido el aeropuerto de Madrid-Barajas, auténtico motor económico de la región. Supone el 10,2 por ciento del PIB de la Comunidad y emplea a 195.000 personas, entre trabajos directos e indirectos. Su situación es el perfecto termómetro de la salud económica de Madrid. Entre 2007 y 2012 perdió un 13,2 por ciento de viajeros y un 22,78 por ciento de operaciones, aunque aumentó en 10,5 puntos las operaciones de mercancías.

Y es que la crisis ha provocado un desplome de las previsiones que se fijaron en el ‘Plan Barajas’, redactado en los 90. La construcción de la terminal 4 introdujo al de Madrid entre los diez aeródromos con más tráfico y más potencial futuro pues ampliaba la capacidad para pasajeros de la infraestructura en más de 50 millones anuales. La estrategia estatal pasaba por convertir al aeropuerto en un nodo de comunicaciones, principalmente, articulándolo como la puerta aérea a Latinoamérica, aspecto que está en cuestión por la recesión y la ya anunciada privatización de Aena, gestora de Barajas.
No es la única infraestructura aérea afectada. El aeródromo de Cuatro Vientos, principal ‘colegio’ de pilotos de España, se esfuerza por no desaparecer fagocitado por la ‘Operación Campamento’ y por Eurovegas, y víctima de su propia antigüedad. La base aérea de Torrejón de Ardoz tiene un plan para circunscribirse a sus tareas militares, abandonando las responsabilidades que tenía hasta ahora como receptora de los vuelos privados.


El tren es el medio por el que pasa buena parte del futuro del transporte de la región. Mientras se ultima el tercer túnel de la risa, que será usado en exclusiva por los trenes de alta velocidad para conectar Atocha con Chamartín y el aeropuerto de Barajas, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está ampliando el acceso de AVE entre Puerta de Atocha y Torrejón de Velasco, para dar servicio a los corredores ferroviarios de Andalucía y Levante. También se está concluyendo el centro logístico de Aranjuez, que permitirá atender a trenes de mercancías de hasta un kilómetro de largo.
El 20 de mayo de 2009, el Ministerio de Fomento presentó un plan de 5.000 millones de euros para mejorar las Cercanías, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Aparte de nuevas ampliaciones radiales a doce municipios, la gran apuesta del proyecto, si la crisis lo permite, será romper la dependencia axial de la red con los túneles de la risa, implantando un corredor este-sureste que entre desde Canillejas al centro por las futuras estaciones de Avenida de América (que ya tiene reservado espacio en el nuevo intercambiador) y Alonso Martínez hasta Príncipe Pío, pasando por la flamante estación de Sol, para luego continuar por un eje entre las líneas de Leganés y Móstoles.
 
Por su parte, Metro de Madrid se acerca a su centenario en una crisis de identidad, a pesar de ser la sexta red del mundo por kilómetros, la quinta por número de estaciones y, probablemente, la mejor en cartera de servicios. Entre rumores de una futurible privatización, la Consejería de Transportes está elaborando un plan de optimización económica del servicio de transporte público mejor considerado por los ciudadanos, que incluye cierre de accesos a estaciones, reducción de la frecuencia de trenes, ampliación de los espacios comerciales, venta de suelo y uso de los espacios de la red como soporte publicitario.
Pero no es el único concepto en el que la compañía tiene que redefinirse. Alberto Ruiz-Gallardón transformó el concepto del metro como suburbano en el de ferrocarril metropolitano al prolongar la línea 9 hasta Arganda del Rey y entregar su gestión a una empresa privada. Esta decisión hizo entrar a este medio de transporte en competencia directa con la red de Cercanías y abrió la veda para el uso electoralista del servicio.
 
Llegó después Metrosur, sustitutivo de la segunda circular que necesitaba la capital, aunque tardó en tener la respuesta masiva que solía acompañar a cada ampliación. Esperanza Aguirre prolongó las líneas 1, 2, 5, 6, 7 (llegando hasta San Fernando de Henares), 8 y 11, remodeló la línea 3 y creó tres líneas de Metro Ligero, gestionadas por empresas privadas, que llegaron a Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Con la llegada de la crisis, las ampliaciones se limitaron a pequeños remates como el de Mirasierra.
También la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha enfilado su sexta década afrontando el reto de la modernización. Ha vetado el diesel como combustible y ha apostado por alternativas más limpias como el gas o sistemas para reducir la polución urbana mediante filtros. Es solo la primera pata de un proceso que también incluye la accesibilidad universal en los vehículos, mediante pisos bajos, plataformas de acceso y reservas de espacio en el autobús, y la aplicación de I+D en tecnologías de la información y optimización del servicio. A nivel de red, se han quedado a medias por la crisis proyectos estratégicos como el desarrollo de las líneas transversales que unen los distritos exteriores a la M-30 y las líneas exprés a centros de trabajo y al aeropuerto.

Desde 2009, el sistema de autobuses interurbanos de la región se catapultó como uno de los más avanzados del mundo. El Consorcio Regional de Transportes impuso un plan de modernización exprés que están acometiendo las 28 empresas que explotan el sector. Hasta el momento se han invertido 300 millones de euros, dinero con el que han sido sustituidos 750 autobuses de los 1.200 que prestan su servicio.

La crisis ha interrumpido, de hecho, el desarrollo del transporte en todos sus campos, desde la ampliación de la red de Cercanías hasta la prolongación del AVE al aeropuerto, pasando por la conclusión de los nudos de alta velocidad que conectarán la región con el sur de España o el desarrollo del plan que convertirá Madrid en el centro de operaciones de la red ferroviaria transeuropea en la península ibérica. Eso sin contar las importantes transformaciones de las estaciones de Atocha y Chamartín para mejorar la conectividad de la ciudad; el traslado de la estación de contenedores de Abroñigal a Vicálvaro con el objetivo de liberar suelo en Méndez Álvaro; la decisión sobre el futuro aeropuerto de El Álamo; la finalización de los grandes intercambiadores de la capital; la habilitación de plataformas reservadas en las autovías nacionales para los autobuses interurbanos; la continuación de la M-501, o la ejecución de la M-61 y la R-1, con o sin peajes, por citar algunos de los proyectos pendientes.

Fomento dice que rescatar las autopistas de peaje 'es responsabilidad de todos'

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha justificado la necesidad de que el Estado rescate las autopistas de peaje en quiebra porque es "la responsabilidad es de todos".

En un acto informativo de Executive Fórum, el secretario de Estado advirtió de que "hay que encontrar una solución a corto plazo" y se refirió a la creación de una sociedad, con participación pública, en que se agrupen las nueve concesiones con problemas.

El número dos de Fomento espera que las concesionarias respondan al informe sobre la creación de la citada sociedad que les ha enviado el Ministerio, para agregar que es necesaria una solución rápida.

Catalá explicó que en esas concesiones, que acumulan una deuda conjunta de unos 3.500 millones de euros, participan 52 entidades financieras, 10 empresas constructoras y 21 socios, además de miles de expropiados que siguen pendientes de recibir la compensación por la entrega de sus terrenos.

En cuanto a las causas de esta mala situación actual, denunció que además de las expropiaciones, los sobrecostes y la caída de los tráficos, "se establecieron estructuras financieras muy agresivas que ahora son insostenibles".

"La credibilidad está en juego", prosiguió Catalá, que alertó de que las soluciones llevadas a cabo hasta ahora, los préstamos participativos y las cuentas de compensación, "no es una solución de futuro".

Por ello, reiteró que "hay que buscar una alternativa más viable" porque "si se deja que las cosas transcurran hay un riesgo muy alto de pérdida de valor del modelo concesional".

Por último, el secretario de Estado destacó la fuerte presencia del sector en el mundo, ya que seis de las diez principales concesionarias son españolas y lamentó que "hoy de las 22 que operan en España, nueve están en situación difícil y cinco en concurso".

El Mundo.es 30/05/2013

jueves, 30 de mayo de 2013

Fomento estudia "integrar" los tramos de autopistas que son deficitarios

El ministerio de Fomento estudia la posibilidad de "integrar" los nueve tramos de autopistas del país que tienen problemas de viabilidad económica, y que suman una deuda de cerca de 3.000 millones de euros, para ayudar a las empresas concesionarias. 
Así lo ha confirmado el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, durante una visita, junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a las obras de la línea del tren de alta velocidad Madrid-Extremadura. 
Catalá ha señalado, a preguntas de los periodistas, que hay nueve concesiones de autopistas que tienen problemas de viabilidad como consecuencia de la caída del tráfico y del sobrecostes de las obras que han desarrollado. 
Por esto, ha indicado que se están "estudiando distintas alternativas de préstamos participativos o de cuenta de compensación, así como la posibilidad de integrar todos esos tramos de autopista". 
En este sentido, ha apuntado que la unión de estos tramos con la sostenibilidad financiera que el Estado puede soportar tendrían más posibilidades de viabilidad que cada una de ellas por separado
Catalá ha insistido en que "no se está planteando destinar presupuesto público" sino que, simplemente, "es un tema de renegociar la deuda, que asciende a cerca de 3.000 millones de euros, o de integrarlas". Para el secretario de Estado sería "paradójico" que "estas empresas españolas líderes en el mundo en materia de concesiones justamente en su casa tuviesen problemas de viabilidad". 
Las nueve concesionarias en cuestión son las de las radiales 3, 4 y 5 de Madrid, la Madrid-Toledo (AP-41), Ocaña-La Roda (AP-36), el tramo Cartagena-Vera de la AP-7, la R-2 de Madrid, la M-12, de acceso al aeropuerto de Barajas y el tramo Cartagena-Alicante de la AP-7.

Una sociedad pública asumirá las autopistas deficitarias, entre ellas el eje Cartagena-Vera

La ministra de Fomento, Ana Pastor, garantizó que su departamento «no permitirá que caiga el sistema concesional español, considerado como el mejor del mundo», en referencia a la decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra.

La caída de los tráficos por la crisis y los sobrecostes de expropiación que afrontaron constituyen los principales problemas de estas autopistas (entre las que figuran la de Cartagena-Vera, las radiales de Madrid, la que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda y la Madrid-Toledo, entre otras), de las que cinco están en concurso de acreedores. La autopista de Cartagena-Vera redujo el pasado año un 10,2% su volumen medio diario de tráfico, según datos del Ministerio. Cayó por encima de la medida de la red.

Pastor, que participó en el VII Encuentro del Sector de las Infraestructuturas organizado por Deloitte y ABC, agradeció públicamente el «esfuerzo» que Seittsa, la sociedad dependiente de su Ministerio, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, están realizando para «solucionar» el problema de estas vías. Según fuentes del sector, Fomento trabaja en la constitución de una sociedad pública, dependiente de Seittsa, que asumirá las nueve autopistas en problemas. Las concesionarias y constructoras actualmente titulares de las vías tendrían una participación del 20% en el capital de la empresa.

El Ministerio de Fomento, por otra parte, lanzará a lo largo de este año contratos de obras de construcción y conservación de carreteras, entre ellas la autopìsta del Mediterráneo, por un importe total de casi 1.300 millones de euros.

Este anuncio de próximas obras de carreteras se conoce en medio del parón que registra la inversión en obra pública en España. Según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan, la licitación de proyectos por el conjunto de las administraciones públicas se desplomó un 38% en el primer trimestre del año, tras cerrar 2012 en mínimos históricos (unos 7.400 millones de euros, un 46% menos) y encadenando seis años consecutivos de retrocesos.

La Verdad.es 28/05/2013

miércoles, 29 de mayo de 2013

Fomento destina un 47% menos a conservar carreteras que en 2007 con un 16% más de red

El Ministerio de Fomento anunció al fin una licitación para el mantenimiento de carreteras, un hecho que hacía más de dos años que no se producía. Sin embargo, las cifras que ha hecho públicas la ministra, Ana Pastor, no dan lugar precisamente al optimismo. En total, el Gobierno prevé licitar por este capítulo contratos por valor de unos 640 millones de euros. Esta cifra supone un 47% menos que la registrada justo antes de la crisis, con el agravante de que la red de carreteras se ha incrementado en un 16%.

Mucho menos dinero para un buen número de kilómetros más. De esta forma se puede resumir la licitación para obras de mantenimiento y conservación de carreteras que anunció ayer la ministra de Fomento, Ana Pastor, después de que durante más de dos años el Gobierno no haya otorgado ningún contrato nuevo para este capítulo. A lo largo del ejercicio se destinarán a tal fin unos 640 millones de euros para el total de la red que gestiona el Estado, lo que se traduce en apenas 22.000 euros por kilómetro.

Una cifra ésta que contrasta con los más de 41.700 euros por kilómetro que el Ministerio de Fomento invertía en 2007 para la conservación y el mantenimiento de las carreteras de la red del Estado que, por entonces, contaba con cerca de 4.000 kilómetros menos que en la actualidad. Durante aquel año, el montante invertido en este capítulo se fue hasta los 1.060 millones de euros, de acuerdo con los propios datos de Fomento.

Es decir, que durante 2013 se invertirá en mantener cada kilómetro de carretera un 0,3% de lo que cuesta de media construir un kilómetro de autovía, una cifra que se antoja insuficiente a vistas de los expertos.

Si cada kilómetro de autovía supone una media de inversión de entre seis y ocho millones de euros, el mantenimiento debería cifrarse en entre el 8% y el 10% de esta cantidad”, señala un consultor del sector.

Un sector que ha incidido mucho en los últimos tiempos en que el incremento de la red de carreteras debería suponer también el correspondiente incremento en la partida destinada a su mantenimiento. Con la entrada en funcionamiento de las llamadas autovías de última generación, España posee más kilómetros de vías de alta ocupación que Alemania, un avance que también lleva aparejado un elevado coste, de difícil mantenimiento a causa de los efectos de la crisis económica.

El anuncio de la ministra Pastor cayó con cierta frialdad entre las grandes constructoras, que ven cómo llegan oportunidades de negocio en España pero en una cuantía muy inferior a la que sería recomendable, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que hace que Fomento no licitaba un contrato de mantenimiento.

En algunos círculos se ha interpretado el anuncio de Ana Pastor como una medida para tratar de suavizar los contactos con los grandes grupos constructores, que están en pie de guerra contra los planes del Ministerio para solventar los problemas financieros de las concesionarias que han presentado concurso de acreedores o se encuentran en una delicada situación debido a la caída de los tráficos y los sobrecostes de las expropiaciones que fueron aparejadas con la concesión.

Antes del próximo viernes, el sector debe presentar sus alegaciones a un plan que pasa por la constitución de una sociedad con una participación pública mayoritaria y que dejará en manos de las compañías una participación valorada en apenas 115 millones de euros.

No obstante, un somero tratamiento de las cifras que se manejan arrojan como conclusión que los números no salen. La partida destinada a mantenimiento se antoja claramente insuficiente para una red que no ha dejado de crecer en los últimos 15 años. 

Pastor dice que no permitirá que "caiga” el sector concesional de autopistas de peaje"

La ministra de Fomento, Ana Pastor, afirmó este lunes que “no vamos a permitir que caiga” el sector concesional de autopistas de peaje, y que su departamento trabaja en “solucionar un problema importante que nos hemos encontrado”.

Así lo indicó durante su intervención en el VIII Encuentro del Sector de las Infraestructuras, que en esta edición abordó “La situación actual y perspectivas del sector de las infraestructuras del transporte”.

“El Ministerio de Fomento confía en encontrar soluciones a esta problemática, porque desde luego que no vamos a permitir que caiga el sector concesional” de las autopistas de peaje en España, que “es uno de los mejores del mundo”, dijo Pastor.

En este sentido, explicó que Fomento “confía en una fórmula de colaboración publico-privada, pero hay que vincularla a proyectos equilibrados y que sean capaces de tener retornos”.

“Hay que hacerlo con escrupulosidad”, aseguró con la ministra, para agregar que es necesario además actuar “adelantándonos a problemas que puedan surgir en el futuro”.

El Economista.es 28/05/2013

martes, 28 de mayo de 2013

Las constructoras, contra la deuda: planean ventas por 7.000 millones

Al cierre de 2012 juntas sumaban un total de 21.476 millones de deuda y contaban con casi 30.000 millones en activos en sus cuentas. Hoy, atenazadas por los rigores financieros, ACS, FCC y Sacyr buscan su redención con la venta de negocios por valor de más de 7.000 millones de euros. Iguales en el fondo pero no en la forma, la carrera para sacudirse la presión ha comenzado y promete sacrificios.

Sin duda, la empresa más ambiciosa en sus objetivos está siendo ACS. El grupo que preside Florentino Pérez se aferró a las desinversiones el día que anunció pérdidas de casi 2.000 millones en 2012 (vinculadas en su mayoría a la pérdida de valor de su inversión en Iberdrola) y el mensaje ha calado en la confianza de los mercados. En apenas tres meses ha vendido la división de aeropuertos de Hochtief por 1.100 millones de euros y los activos de fibra óptica de Leighton, la filial australiana del grupo constructor germano, por 500 millones.

Pero la lista de desinversiones es amplia y aún podría ingresar más de 4.000 millones si vende todo lo que tiene en el mercado. Y es que una deuda de casi 5.000 millones al cierre de 2012 aprieta demasiado fuerte como para perderse en titubeos. Más aún cuando para consolidar esa cantidad y reducirla hasta el objetivo de 3.000 millones es necesario enajenar activos con deudas aparejadas que en algunos casos alcanzan casi el valor de su posible venta.

Algo que sucede con sus parques eólicos y plantas termosolares, los cuales, según varios analistas, estarían valorados en cerca de 2.500 millones con una deuda vinculada de 2.170 millones, por lo que su venta al completo dejaría un ingreso extraoridinario de alrededor de 340 millones. Aquí, no obstante, los cambios legislativos que se avecinan (para dentro de unas semanas se espera un recorte de 1.000 millones en las ayudas públicas a las energías renovables) hacen que estas valoraciones tengan un perfil marcadamente volátil.

En cuanto a las autopistas puestas en venta, el foco se centra sobre dos especialmente. Una es el Eje Diagonal en Cataluña, donde la inversión para su construcción fue de 250 millones, y la otra la Autopista de los Pirineos, con un coste de obra de más de 350 millones. Así, atendiendo al capital invertido, estas son las cantidades que, según los expertos, podría conseguir ACS.

Sobre las líneas de transimisión eléctrica que el grupo aún tiene en Brasil y que han sido consideradas como no estratégicas, éstas podrían ser traspasadas por una cantidad cercana a los 180 millones de euros. El año pasado ya se desprendió del grueso de estas estructuras gracias a un acuerdo de 750 millones con la empresa china State Grid.

Otros activos que tampoco están relacionados con el core business son las dos desaladoras que tiene en propiedad. En concreto, según ACS, dos instalaciones de este tipo estarían en venta, lo que apunta directamente a la participación del 50% que ostenta en la planta argelina de Beni Saf y de la Escombrera en España. En este caso, los analistas las han valorado en función del capital invertido en ellas, que casi alcanza los 280 millones de euros.

Otros activos susceptibles de venta son la participación del 17% que atesora en Xfera (200 millones); la división de servicios de Hochtief, valorada en 170 millones de euros según varios medios alemanes, y, por último, otros activos inmobiliarios como la actual sede de Dragados que, sin bien no tiene el cartel de se vende colgado oficialmente, sí que se están escuchando ofertas.

Otra de las constructoras empecinada con afán en la venta de activos es FCC, que ya en su plan estratégico hasta 2015 lo dejaba bien claro. Las desinversiones previstas en el periodo sumarán 2.200 millones y ya hay una que podría cerrarse próximamente. Se trata de la venta del 50% que posee en Proactiva (servicios urbanos en México) por unos 260 millones. Dentro de esta área de actividad, la compañía que dirige Juan Béjar desde comienzos de año también planea la venta de FCC Logística y Cemusa, ambas dentro del grupo Versia.

Pero, de todos los activos transferibles, sin duda es la división de energías renovables la que más valor podría alcanzar en el mercado, cercano a los 900 millones. En este caso, como sucede con ACS, el problema viene por la incertidumbre de la que adolece este mercado, al que los sucesivos cambios legislativos lo han convertido en impredecible. En cuanto a Realia y Globalvia, el valor en libros de una y otra es de casi 140 millones y 424 millones por el 30% y el 50%, respectivamente, que controla FCC.

Por último, Sacyr. La empresa que dirige Manuel Manrique es la que, a priori, lo tendría más complicado. De las tres empresas analizadas tiene la mayor deuda, 8.640 millones (perfectamente estructurada) y el menor resultado bruto de explotación (506 millones). Además, es la constructora que menos activos ha dispuesto para la venta.

De momento sólo tres, la Torre Adria en París (450 millones), la división de Agua de Valoriza, la cual se estima que podría tener un valor de 300 millones, y el 15% que mantiene en Itínere, valorado en 350 millones. Aunque, eso sí, no descarta vender otras concesiones que se consideren maduras y no formen parte del core business.

El Economista.es 27/05/2013

Constructoras acusan a Ana Pastor de “comunismo bananero” en las autopistas de peaje

Las principales constructoras españolas se han sumado a la ya larga lista de damnificados por las medidas económicas del Gobierno y han desenterrado el hacha de guerra contra la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la que acusan de preparar una expropiación encubierta” de las autopistas de peaje, “al más puro estilo del comunismo bananero”, dicen algunos empresarios, que sin embargo reconocen que tendrán que pasar por el aro y dejarse las pestañas en el nuevo plan de salvamento de las autopistas de peaje. 


Las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital con el Aeropuerto de Barajas, la que conecta Madrid con Toledo (el paralelo a la autovía gratuita) y las que van de Ocaña a La Roda, de Cartagena a Vera o la circunvalación de Alicante, todas ellas de peaje, tienen una intensidad de tráfico mucho menor del previsto, acumulan una deuda difícil de pagar de 3.500 millones de euros y cinco de ellas están en concurso de acreedores, habiendo nombrado los juzgados de lo mercantil al Ministerio de Fomento administrador judicial. Las empresas adjudicatarias llevan más de tres años intentando buscar soluciones, primero con el Gobierno Zapatero, que dio créditos participativos, y ahora con el de Rajoy que no está dispuesto a poner ni un euro más y prepara una expropiación en la sombra.

El Ministerio de Fomento tiene un plan que se basa en la constitución de una sociedad pública de autopistas, en la que el 80% del capital será del Estado y el 20% restante se repartirá entre las grandes constructoras propietarias de las autopistas en quiebra (FCC, Abertis, OHL, Sacyr, Ferrovial y Globalvía –participada por Bankia-). Estas empresas traspasarán a la empresa pública la titularidad de las autopistas y su deuda y a cambio recibirán una participación en la compañía. Después la empresa titulizará la deuda a través de la emisión de bonos que alargarán el pago a 40 años pero que tendrá un coste en intereses durante esas cuatro décadas.

La raíz del problema radica en los pliegos de condiciones de las concesiones, que en el caso de las radiales de Madrid, las que mayores dificultades atraviesan, vienen de la etapa de Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento del Gobierno de José María Aznar. En esos contratos se especificaban unos costes de expropiaciones que han sido sobrepasados por la realidad en 1.700 millones de euros y se señala que en caso de peligro de quiebra, cosa que ha ocurrido ya por la diferencia entre el tráfico de vehículos previsto y los pocos que las transitan, el Estado tendría que hacerse cargo de ellas. Eso supondría la devolución de las concesiones y el pago a las constructoras de las indemnizaciones que fijaran los tribunales.

Pero la ministra de Fomento ha encontrado una solución para quedarse con las autopistas (el 80% de la propiedad será del Estado) sin tener que expropiar y, por tanto, sin indemnizaciones. La deuda acumulada (3.500 millones) y el sobrecoste de las expropiaciones que hicieron las constructoras (otros 1.700 millones de euros) supondrían cargar a la deuda pública española con otro 5% del PIB. Pero si la asume una empresa con mayoría de capital estatal suma deuda a efectos globales, pero no en la contabilidad de déficit excesivo de Eurostat. Algo muy complicado pero que salva los muebles de las estadísticas del Gobierno que finalmente expropia las autopistas por la puerta de atrás y con el aparente acuerdo de los interesados.

Los empresarios, sin embargo, no están muy de acuerdo con la solución, porque la entrega de las autopistas por un porcentaje pequeño en el capital de la sociedad pública lo consideran una auténtica nacionalización de “comunismo bananero”, en palabras de uno de ellos, porque se hace a cambio de nada y después será el Estado quien vuelva a privatizarlas cuando funcionen. Mientras tanto, todos los españoles, transiten o no por estas autopistas, serán los dueños del 80% de los ingresos, de los gastos y de las cuantiosas pérdidas que se les prevé para los próximos años.

En el fondo, los empresarios preferirían una fórmula mixta, en la que el Gobierno diera a las empresas préstamos participativos, como los que se dieron en la etapa de José Blanco como ministro de Fomento de Zapatero, y a la vez se buscara una solución para satisfacer, aunque fuera a largo plazo, el sobrecoste de las expropiaciones. Los créditos participativos son préstamos a largo plazo que computan prácticamente como capital social, ya que en caso de quiebra o concurso de acreedores están detrás de todos los demás acreedores a la hora de cobrar, y sólo por delante de los accionistas.

El Plural.com 27/05/2013

lunes, 27 de mayo de 2013

Nacionalizar deudas, privatizar beneficios

Así, como lo dice el título, nos encontramos. Se nacionalizan las deudas que tienen empresas privadas porque así lo permite la dichosa "responsabilidad patrimonial de la Administración", pero los beneficios ¡Ay!¡Los beneficios! Esos se reparten siempre entre los mismos.

Y es que estamos en la cuenta atrás, que finaliza este próximo viernes 31 de Mayo, en el que el Ministerio de Fomento, encabezado por Ana Pastor, dará un paso más hacia la creación de lo que en la jerga se ha dado por llamar “Autopista Mala”. Peroe no se crean que va a ser otra autopista de peaje, esta vez llena de baches y mal asfaltada; no, esta vez es una empresa pública que nacionaliza y hace pública las deudas de las empresas concesionarias de estas desastrosas infraestructuras con las que el Sr. Aznar (¡Otra vez los fantasmas del pasado!) tanto se encariñó. ¡Otra vez, como ya ha sucedido con el “Banco Malo”, es el ciudadano de a pie el que se tiene que hacer cargo de unas empresas que nunca decidió tener, que nunca quiso tener o de las que nunca le informaron!

Con esta empresa, con esta “Autopista Mala”, se liberarán a concesionarias y bancos de las obligaciones de financiación y explotación que contrajeron de una manera asquerosamente legal, resarciéndolas con dinero público de hasta casi 4.000 millones de euros que deben.

Podríamos hacernos la pregunta de siempre: “¿por qué tenemos que ser nosotros los que sostengamos las deudas de unas empresas cuando los beneficios económicos no se reparten de la misma manera?” Pero, es que la pregunta tiene una fácil respuesta: “Porque este es el modelo de negocio especulativo con el que los gobiernos anteriores nos han estado engañando”.

Ocho mil conductores al día han dejado de usar la autopista AP-7

Las autopistas continúan vaciándose de coches. Al mismo tiempo en que la crisis no amaina, el paro aumenta, las empresas desaparecen y el transporte se resiente, también los conductores renuncian a usar vías de pago. Sólo hay que echar un ojo a la intensidad media de vehículos por la autopista AP-7. En los dos últimos años, 8.180 conductores diarios han dejado de usar el tramo que va de Barcelona a Tarragona, pasando de los 43.508 usuarios del primer trimestre de 2011 a los 35.328 del mismo periodo para 2013.


La pérdida en el último año ha sido de 2.511 vehículos, lo que supone un 6% menos respecto al ejercicio anterior. El balance es un reflejo más de la gran depresión, como indica Josep Lluís Aymat, presidente de la Federació d’Autotransport de Tarragona (Feat): «En las autopistas confluyen varios factores, como la bajada brutal de la actividad económica también a nivel de mercancías, que se ha reducido entre un 40 y un 42% en Tarragona desde que empezó la crisis. Eso es perfectamente congruente con la disminución del consumo de combustible o del negocio de las autopistas en general».

Así, el volumen de negocio del transporte en la provincia ha bajado más de un 20%. «En España han desaparecido 90.000 vehículos autorizados para el transporte», añade Aymat, que aporta otro dato contundente del sector: «En estos años han desaparecido 400 empresas en Tarragona que estaban afiliadas a la Federació. Esto ha sido un cataclismo y se nota en el menor tráfico en las carreteras». En la provincia los datos hablan por sí solos: si en 2007 circulaban 22.990 vehículos autorizados para el transporte en carretera –la mayoría, de mercancías–, en 2011 la cifra es de 8.886, un 61% menos, según datos del Departament de Territori i Sostenibilitat ofrecidos en Idescat.

Las estadísticas también certifican una disminución sostenida del tráfico de vehículos pesados. De media pasaron 8.212 vehículos pesados por la AP-7, según los datos del año pasado. Una diferencia muy notoria respecto a los 13.125 de 2007, por ejemplo. Si la perspectiva se amplía, la panorámica de la crisis deviene aún más espectacular: en 2007 se llegó al máximo de usuarios en la AP-7 en Tarragona, hasta alcanzar los 66.217 de media anual, un 34% más que actualmente –el dato medio del año pasado fue de 43.692 conductores–. 2007 fue el clarísimo punto de inflexión. A partir de ahí vino el descenso, más o menos sostenido: 58.198 usuarios de media anual en 2008, 54.446 en 2009 y 52.323 en 2010.

Algunas empresas optan por ir por la Nacional para ahorrar dinero. «Voy unas tres veces por semana y últimamente prefiero ir por la Nacional para ahorrarme dinero y porque tampoco puedes aprovechar la autopista para correr», comenta un camionero. «Intentas buscar alternativas pero es difícil porque aquí el uso de autopistas no se ha articulado como una opción más, sino que es casi obligatorio por una carencia de infraestructuras. Las nacionales se han quedado obsoletas y la utilización de la autopista se ha convertido prácticamente en una obligación, no en una elección libre que te dé un plus de rapidez», denuncia Aymat. «Los transportistas que no llevan mercancía peligrosa o urgente, que están obligados a ir por la autopista, se van por carretera, que les sale más barato», comenta un transportista tarraconense.

Pero este lustro de descenso continuado en el tráfico de autopistas no es reflejo sólo de la debacle del transporte. Influye también el paro –a menos trabajo, menos desplazamientos– y también los recortes en el ocio. Con la crisis nos movemos menos. En verano, esta vía ha perdido 6.000 conductores al día en el último año. De los 66.987 vehículos registrados en julio de 2011 a los 60.501 del año pasado. Y más o menos la misma proporción de reducción se dio en agosto, el mes con más desplazamientos: de 69.495 a 63.913. En términos generales, en cada periodo vacacional la crisis hace su efecto en las operaciones de tráfico. Según la DGT, este año hubo en España por Semana Santa medio millón menos de desplazamientos por carretera. El precio del carburante también es un factor influyente.

También el tramo de AP-7 entre Tarragona y Valencia sufre la reducción del tráfico. Con 16.511 usuarios, registró un descenso de un 15,5% en 2012, que se añade al 6% que ya bajó en 2011 respecto a 2010. En total, es un retroceso del 21% en los dos últimos años, al que se agrega un 12% en lo que va de 2013.

El problema va más allá de Tarragona y de Catalunya. De hecho, es más grave en el resto de España, donde las autopistas se desvelan como un despilfarro cuya gestión es difícilmente asumible. Si Catalunya ha amortizado más que de sobras las inversiones iniciales en sus vías de peaje, en España hay al menos 10 carreteras en quiebra al borde del rescate por parte del Estado.

Algunos datos ilustran la gran burbuja de las infraestructuras. Se calcula que las concesionarias gastaron 5.601 millones en poner en marcha las autopistas y que apenas recuperan el 1% anual de su inversión.

La explotación de terrenos disparó los presupuestos y la recesión hundió la demanda: 751 coches al día circulan por la AP-41, cuando se pronosticaba que la usarían 25.000. Se calcula que 80 años tardarían como mínimo las llamadas ‘autopistas tóxicas’ en pagar sus deudas, aunque dedicaran a ello todos sus beneficios. Estas autopistas deficitarias han visto caer el 48% de su tráfico entre 2008 y 2012. En 2013 continúa hundiéndose un 15%. Funcionan a menos del 20% de su capacidad.

Un dato refleja el socavón que sufren buena parte de las autopistas españolas. La que va de Madrid a Toledo gastó sólo en personal 2,7 millones en 2011, una cifra que supera su balance de negocio: 2,6 millones.

domingo, 26 de mayo de 2013

Audasa inicia la búsqueda de financiación para ampliar la AP-9


La concesionaria de la autopista del Atlántico acaba de iniciar la búsqueda de la financiación necesaria para acometer a principios del próximo año la ampliación del vial a su paso por el puente de Rande y la circunvalación de Santiago. La empresa ha lanzado una emisión de obligaciones por valor de 193 millones de euros que concluye el 20 de junio, con el objetivo de cubrir las necesidades de tesorería motivadas por la plasmación del proyecto por el que se dotará de un cuarto carril al entorno de Santiago y de un tercero, también en cada sentido, desde Moaña hasta la entrada de Vigo.

La información que la concesionaria ofrece a los inversionistas en su emisión de deuda destaca que «las obras y trabajos para la ejecución de la ampliación comprenderán varios ejercicios, estimándose que la puesta en marcha de los procedimientos para su adjudicación y ejecución se realicen en el segundo semestre del año». En la misma documentación Audasa especifica que el primer uso que les dará este mismo año a los 193 millones que se obtengan con la nueva oferta de obligaciones será para llevar a cabo los estudios finales y proyectos de la ampliación, expropiaciones y reposición de servicios en las zonas afectadas, e incluso los primeros capítulos de ejecución y dirección de obra. En cuanto la emisión de obligaciones se cierre, Audasa pretende anunciar la licitación del proyecto en el boletín de la Unión Europea, por lo que seis meses después podrá adjudicarse y comenzar unas obras cuyo plazo de ejecución máximo es de 36 meses.

La nueva búsqueda de liquidez llevará a la empresa gallega -liderada por un fondo de pensiones norteamericano- a ver cómo se eleva su deuda financiera, actualmente cifrada en 799,6 millones de euros.

Para atender dicho frente, la misma Audasa remarca los ingresos consignados en la AP-9 a través de sus peajes, vía por la que desde el año 2000 ha obtenido 1.634,7 millones de euros, colchón que le asegura un excedente que se podría utilizar en caso de que siga descendiendo la utilización del vial, según dice su documentación financiera, bajada que en el último ejercicio fue de un 8,7 %.

Además de achacar a la crisis la caída en el nivel de usuarios de la autopista (2.791 coches menos al día en el 2012), Audasa estima negativamente para su tráfico las subidas en los precios de los peajes decididas por el Gobierno el año pasado, que fue de un 7,5 % en julio y 3 puntos más en septiembre con la subida del IVA, que se sumaron a las revisiones del IPC de enero del 2012 del 3,29 % y un año más tarde de otro 2,59.

La concesionaria reconoce la competencia que puede suponer para su negocio la implantación del AVE en su mismo corredor.

Adiós al IBI de la autopista: El 25 % de las empresas pagan menos de lo que deberían

Aunque no haya «ánimo defraudatorio», como sostiene el concejal de Facenda, lo cierto es que el Concello sospecha que entre el 20 y el 25 % de las empresas «non pagan o que debería en concepto de IAE». De ahí que se iniciara en su día el proceso de inspección o actualización de los datos que figuran en el padrón. De hecho, de todas las inspecciones que se han llevado a cabo hasta ahora no se detectó ningún caso de firmas que no estén pagando el impuesto y tuviera que hacerlo.

El edil nacionalista apuntó que las empresas inspeccionadas hasta el momento son mayoritariamente del sector del automóvil «e algunha ubicada no enclave de Lourizán», sin dar mayores detalles. No quiso confirmar si Ence se encuentra entre esas firmas. Hay que recordar que el grupo municipal del PP presentó en su día una propuesta para que se elevase el tramo del IAE con el fin de cargar una mayor tasa impositiva a la pastera, una petición que fue descartada por el gobierno local.

La inspección del AIE se enmarca en una campaña municipal contra el fraude fiscal por la que el Concello esperaba obtener 1,8 millones de euros en dos años. Se incluía también una revisión del IBI, especialmente en el ámbito rural, que ha dado ya sus frutos, pues se han dado de alta más de un millar de inmuebles que hasta ahora no tributaban.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado una reclamación del Concello de Pontevedra para ingresar el IBI de la AP-9 a su paso por el municipio. El Estado exime a la autopista del 95 % del citado impuesto, y el Concello había ganado en su día una reclamación en la que solicitaba se le compensase con 1,2 millones de euros correspondientes a los ejercicios de 1998 al 2002. Aquella sentencia fue recurrida y el Tribunal Supremo falló en contra del Ayuntamiento. El nuevo fallo, conocido ayer, se refiere a las reclamaciones del Concello por los ejercicios del 2003 al 2008, y aplica la jurisprudencia del Supremo para desestimar ya en primera instancia las aspiraciones municipales.

La Voz de Galicia.es 21/05/2013

sábado, 25 de mayo de 2013

IU dice que el 'rescate' de la autopista Cartagena-Vera sería un "atraco" a los ciudadanos

IU-V ha exigido hoy a los Gobiernos autonómico y nacional que no destinen ninguna partida presupuestaria a refinanciar o avalar la deuda de unos 550 millones de euros de la autopista de peaje Cartagena-Vera (AP-7), de gestión privada.

El portavoz del partido en la Asamblea Regional de Murcia, José Antonio Pujante, ha defendido hoy una moción en ese sentido ante la Comisión de Política Territorial de la Cámara en la que ha considerado un "atraco del Gobierno a los ciudadanos de la región" que consiste en dar dinero público a un conjunto de empresas privadas ante el "fracaso" de una infraestructura considerada "innecesaria" por su partido en todo momento.

El diputado ha lamentado que no haya "ningún tipo de problema en plantearse rescatar con dinero público a una empresa privada, al igual que se hizo con la banca" mientras que se efectúan recortes en los servicios públicos básicos apelando a la crisis económica.

En su opinión, es "bochornoso" e "inaceptable" que las grandes empresas traten de "socializar sus pérdidas" cuando fracasan en su gestión, mientras que cuando obtienen beneficios "no se las puede tocar" e incluso exigen pagar menos impuestos.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz del grupo socialista, Begoña García Retegui, que ha considerado que "no hay razones de interés público para rescatar una autopista que nunca debió ser" de gestión privada, sino que debió plantearse como una autovía pública, como planteó en su día su partido.

La diputada ha lamentado que no se ayude a las pequeñas empresas que tienen pérdidas y se ven obligadas a cerrar y despedir a sus trabajadores, y se plantee el rescate a una gran empresa que gestiona una infraestructura que no está siendo útil y apenas es utilizada por los ciudadanos.

La propuesta, sin embargo, no ha salido adelante, dado que no ha contado con el apoyo del PP, con mayoría absoluta, y cuyo diputado Vicente Balibrea ha considerado que la autopista Cartagena-Vera es "de vital importancia para el desarrollo de la zona por la que discurre".

Según ha lamentado, la Autovía del Mediterráneo "se desvirtúa" al llegar a la Región de Murcia, ya que deja de transcurrir por la costa para hacerlo por el interior, y es precisamente la autopista AP-7 la que restituye ese trayecto y une a la región con la Comunidad Valenciana y Andalucía por la costa.

Además, ha considerado que la "potencialidad turística" de la zona por la que transcurre la autopista hace necesaria su supervivencia, y ha subrayado que el Gobierno regional se sumará a las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Fomento para crear una Sociedad Pública Estatal de Autopistas que se harán con el 80 por ciento del capital de una decena de autopistas en toda España asegurando su futuro.

MP-203, la autopista de Madrid que no va a ninguna parte

Madrid tiene mucho que aportar al museo de los horrores de la burbuja inmobiliaria. En la sala dedicada a los esqueletos millonarios de infraestructuras inútiles o inacabadas están el hotel de Barajas -construcción proyectada sobre en un solar de 13.700 metros cuadrados propiedad de AENA, junto al parking de la T-2 del aeropuerto de Barajas- cuyo encofrado abandonado la bienvenida a los turistas que llegan a la capital- y la MP-203. Hablamos de la autopista que debía servir para descongestionar la A-2 a su paso por Alcalá de Henáres.

El proyecto se aprobó en 2005 y su gasto ha superado con creces los 70 millones de euros. Una vía recién asfaltada y de doble carril, pero con un pero difícil de pasar por alto, que no lleva a ninguna parte. Una metáfora de la época de los excesos que sobredimensionó el parque de autopistas madrileñas que hoy se encuentran, en la mayoría de los casos, en concurso de acreedores dada la duplicidad del kilometraje.

La MP-203 presenta, además, un fallo importante en su planteamiento inicial. Al sobrecoste económico se suma la necesidad de ejecutar un paso por debajo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. La excusa mantenida durante años por el entonces Gobierno de Esperanza Aguirre hablaba de un boicot de Adif, dependiente en esas mismas fechas del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Puestos a buscar culpables el Ejecutivo regional también señaló al Ministerio de Fomento, en este caso por frenar la conexión de la carretera con la R-3.

Sin embargo la excusa solamente se sostuvo mientras gobernó el PSOE. Llegado el relevo en Moncloa, y ya con un gobierno de mayoría absoluta popular, el proyecto sigue estancado. Solamente 10 de los 12,5 kilómetros que debía presentar la MP-203 están construidos, y no hay señales de que la construcción se vaya a acabar. La apuesta de Aguirre por la primera autopista de peaje duro (pago directo de los usuarios) de Madrid ha caído en el olvido y sus responsables se excusan acusando a la otra parte.

Cintra, filial de Ferrovial, y ganadora del concurso se niega a desembolsar ni un euro más hasta tener los permisos pertinentes. La respuesta del Gobierno de Ignacio González ha sido desempolvar un convenio por el que asegura que, de acuerdo con la cláusula número 28 del pliego que rige la concesión, la firma concesionaria es la responsable de obtener todas las autorizaciones y licencias.

A la espera de una resolución, la carretera MP-203 permanece medio erguida, como rampa de salida a la nada.

viernes, 24 de mayo de 2013

CCOO critica que fomento reduzca servicios ferroviarios mientras se plantea rescatar autopistas

El Sector Ferroviario de CCOO criticó este viernes que el Ministerio de Fomento esté suprimiendo servicios de ferrocarril mientras “se habla en el Gobierno de rescatar autopistas y carreteras radiales que fueron construidas por unos y otros sin más sentido que el electoralista”.

Por ello, el sindicato anuncia que propondrá a los trabajadores, en los próximos días, “acciones encaminadas a salvar tanto la actividad y puestos de trabajo como el derecho de los ciudadanos a nos ser discriminados por el hecho de vivir en una provincia determinada”.

Según denuncia CCOO en un comunicado, esto supone “una discriminación a la ciudadanía que sucederá con la eliminación de parte de este servicio público. Además, lamenta que “dicha supresión se presenta sin un plan inmediato de mejora del ferrocarril”.

“Más de dos millones de ciudadanos verán mermadas sus posibilidades de utilizar el tren o directamente no tendrán ninguna, porque alguien ha decidido que, en muchos puntos de España, los ciudadanos, que pagan sus impuestos, que necesitan el tren público por no tener coche, por no poder usarlo por razones de edad o economía, o por no querer usar la carretera, se vean obligados a no disponer de un tren que les da seguridad en su viaje y calidad en el transporte”, prosigue el escrito.

Además, advierte de que esta decisión “acarreará consecuencias nefastas para el empleo, con una reducción de cargas de trabajo importantes en todas las áreas de Renfe y con miles de puestos de trabajo expuestos a desaparecer de un modo u otro”.

La solución, según CCOO, es la adecuación del ferrocarril convencional y favorecer la conexión entre regiones sin tener que pasar por Madrid de forma obligada en gran parte de los casos, además de potenciar la interregionalidad.

“Somos el ferrocarril de Europa con menos trabajadores, con menos actividad por habitante y con más kilómetros de líneas de Alta Velocidad, que han servido para discriminar provincias y ciudades importantes dejándolas sin trenes”, concluye.

Las constructoras se opondrán con firmeza al plan de Fomento para peajes en quiebra

El Ministerio de Fomento ha dado de plazo hasta finales del presente mes para que los grandes grupos constructores presenten sus alegaciones a los planes del departamento que dirige Ana Pastor para la creación de una empresa nacional de autopistas. Las compañías aún deben unificar sus criterios a través de la patronal Seopan pero la oposición será frontal, especialmente debido a la valoración que Fomento pretende dar a una sociedad en la que las constructoras tendrán una participación máxima del 20%.


En menos de diez días los grandes grupos constructores deberán presentar ante el Ministerio de Fomento las alegaciones a los planes en los que trabaja el Gobierno para intentar solventar la situación de las numerosas concesionarias de autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores o en una delicada situación financiera.

El departamento que encabeza Ana Pastor ha dado de plazo hasta el 31 de mayo para realizar esas alegaciones, de las que se desprenderá un fuerte rechazo, especialmente a la valoración concedida a la sociedad, de apenas 608 millones de euros, y la participación que tendrán las compañías, un máximo del 20%.

En los próximos días, las constructoras articularán las alegaciones a través de la patronal Seopan, que trasladará a Fomento la postura de las compañías. Ésta se basará en que las cifras que se barajan en torno a la nueva sociedad pública apenas cubre el 10% de las inversiones que han llevado a cabo ya las concesionarias de infraestructuras en aquellas vías que ahora se encuentran quebradas o en graves dificultades financieras, y que asciende a más de 1.500 millones de euros.

Fuentes del sector apuntan a que las previsiones de tráficos para los próximos años pone de manifiesto igualmente la insuficiencia de los planes de Fomento. “Desde luego, acuerdo no va a haber en ningún caso a no ser que las circunstancias cambien mucho”, aseguran dichas fuentes.

Las reclamaciones de las constructoras no impedirán que el Ministerio siga adelante con su programa y la creación de la sociedad pública de autopistas, más allá de que los grupos afectados puedan amenazar con llevar a las concesionarias en concurso a la liquidación, lo que obligaría al Estado a reponer las inversiones realizadas como responsable último de las infraestructuras.

Todo dependerá de que las empresas afectadas por la situación sean capaces de definir posturas comunes y plantear una alternativa desafiante a un Ministerio que, por otro lado, ha mostrado en múltiples oportunidades una actitud dialogante.

Las compañías plantearán, entre otras cuestiones, que la estrategia de Fomento supone poco menos que un expolio a las concesionarias, afectadas por los sobrecostes de las expropiaciones que, en su día, fueron bendecidos por los tribunales y la caída de los tráficos como consecuencia de los efectos de la crisis.

Algunos casos también se han visto perjudicados por circunstancias excepcionales, como ha sido el de la AP-41 (Madrid-Toledo), en cuyo pliego de condiciones se especificaba la conexión con otra futura vía que prolongaba la autopista hasta Córdoba y que quedó en el limbo.

En cualquier caso, los próximos días serán claves para el sector de las concesiones de infraestructuras, toda vez que el plazo dado a las compañías para presentar sus alegaciones es reducido. El tiempo juega en contra de todos, toda vez que algunas de las concesionarias ya lleva más de un año en concurso de acreedores, a la espera de que llegue una solución que se ha demorado demasiado en el tiempo.

Voz Pópuli.com 23/05/2013

jueves, 23 de mayo de 2013

Villar Mir propuso a Fomento una solución "privada" a las autopistas en quiebra

La autopista mala no era la única opción sobre la mesa de Fomento. Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, así lo ha asegurado este martes, en la rueda de prensa que ha ofrecido a los periodistas minutos antes de la Junta General de Accionistas de este año. El empresario ha afirmado que, conociendo el estado catastrófico de las autopistas (“la mitad de las nueve están en concurso de acreedores”) y al ser su empresa concesionaria de dos de ellas, quiso ofrecer una solución a Ana Pastor.

Y su propuesta era “sólo privada”, es decir, que suponía el rescate de las empresas concesionarias sin necesidad de inyectar dinero público. En lo que hace referencia a su autopista (el Eje Aeropuerto), OHL propuso al Ministerio que fusionase el acceso a la Terminal T-4 de Barajas a través de la autopista de peaje M-12 con la salida de Madrid por la A-2, a fin de evitar que el Estado asuma la carretera del aeropuerto, lo que le generaría un coste patrimonial "muy importante".

Sin embargo, desde Fomento se desechó esta opción y se apostó por la empresa pública par todos los casos. En realidad, el Gobierno apuesta por la llamada “autopista mala”, una empresa que se quedará con los activos y la deuda de las concesionarias, al estilo de lo que ha hecho Sareb con los activos inmobiliarios de los bancos. Lo que todavía no está claro es cuánto pagará por ellos (es decir, a cuánto ascenderán las pérdidas de las constructoras) y cómo se gestionará la nueva empresa para intentar recuperar el dinero público puesto en el proceso.

Villar Mir ha dado un repaso a casi todos los temas de la actualidad de su empresa, desde su expansión internacional hasta la compra del 18,9% de Abertis. Respecto a lo primero, OHL es ya una empresa con presencia en 28 países, en la que España sólo aporta el 18% de su cartera. En lo que respecta a su apuesta por la concesionaria, Villar Mir está convencido de que será una unión muy fructífera, entre dos compañías “complementarias”: una especializada en la construcción y la otra en la gestión de concesiones ya en marcha.

En otro orden de cosas, el empresario madrileño se ha referido al desarrollo del proyecto más importantes que un consorcio español ha conseguido nunca: la construcción y explotación del tren de alta velocidad Medina – La Meca. Villar Mir ha asegurado que si no hubiera sido por los buenos oficios del Rey, “no ganábamos”. Eso sí, cuando se le ha preguntado por la relación entre todos los integrantes del consorcio ganador y sus ganas de protagonizar futuras apuestas conjuntas del mismo estilo, ha apuntado que “cuando haya un interés nacional”, su compañía será “leal”, aún cuando su objetivo sigue siendo acudir en solitario a proyectos alrededor del mundo: “Cuanto más grande y más compleja, mejor”.

Los periodistas han preguntado insistentemente a Villar Mir por su interés en empresas de renovables, campo en el que OHL es líder mundial en producción de silicio para paneles solares. Sin embargo, su postura es no implicarse en la producción todavía por ser una “tecnología experimental” y no acudir a proyectos que no sean viables “sin subvenciones”. Es decir, que puedan vivir de su propia gestión, sin estar pendientes de los cambios legislativos. Y en este campo, parece que sólo la eólica podría comenzar a estar en esta situación a corto plazo.

Por último, quizás el tema que más curiosidad ha generado ha sido la apuesta por Colonial, inmobiliaria que el grupo Villar Mir tiene en su punto de mira desde hace meses. A este respecto, su presidente ha admitido que, aunque habría que “meterle dinero en serio para que pueda vivir", puede ser una adquisición que “merezca la pena”, dado su tamaño. “Es buen momento de hacer adquisiciones", ha apuntado el empresario.

Fomento comunica a las constructoras su porcentaje en la nueva sociedad de rescate de las autopistas

El Ministerio de Fomento ha emprendido una nueva ronda de reuniones con las constructoras para informarlas de la participación que corresponde a cada una de ellas en el capital de la sociedad que rescatará a la decena de autopistas de peaje en riesgo de quiebra, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.


El Departamento que dirige Ana Pastor reserva a las empresas un máximo del 20% del capital de la nueva sociedad pública de autopistas.

El 80% restaría estará en manos del Estado a través de Seittsa, una sociedad de Fomento. Su porcentaje es el que resulta de capitalizar (convertir en acciones) ayudas por 473 millones que el Ministerio ha dado al sector.

En cuanto a la participación reservada a las empresas, tiene un valor de 121,71 millones de euros, dado que la sociedad de autopistas se valorará en 608 millones, según las estimaciones que un experto externo e independiente (Ernst & Young) ha realizado para el Departamento que dirige Ana Pastor.

La constitución de esta empresa pública de autopistas es la solución en que el Ministerio trabaja actualmente para solventar el problema de riesgo de quiebra que afrontan un grupo de autopistas por la caída de los tráficos y el sobrecoste de las expropiaciones.

En virtud del modelo, Fomento dará una participación en esta empresa pública a las empresas a cambio de que aporten a la misma las autopistas que explotan. El objetivo final es reestablecer el equilibrio económico y financiero de las vías para que vuelvan a manos privadas.

Con todo, el Departamento busca evitar que la quiebra de las autopista obligue al Estado a atender la responsabilidad patrimonial que tiene con estas infraestructuras, con el consiguiente efecto en las cuentas públicas.

Entre las vías de pago que se integrarán en la sociedad, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Todas ellas suman un pasivo de unos 4.000 millones de euros y cinco de ellas están en concurso de acreedores.

20 Minutos.es 21/05/2013

miércoles, 22 de mayo de 2013

IU exige que no se financie la autopista Cartagena-Vera con dinero público

IU-V ha exigido hoy a los Gobiernos autonómico y nacional que no destinen ninguna partida presupuestaria a refinanciar o avalar la deuda de unos 550 millones de euros de la autopista de peaje Cartagena-Vera (AP-7), de gestión privada.

El portavoz del partido en la Asamblea Regional de Murcia, José Antonio Pujante, ha defendido hoy una moción en ese sentido ante la Comisión de Política Territorial de la Cámara en la que ha considerado un "atraco del Gobierno a los ciudadanos de la región" que consiste en dar dinero público a un conjunto de empresas privadas ante el "fracaso" de una infraestructura considerada "innecesaria" por su partido en todo momento.

El diputado ha lamentado que no haya "ningún tipo de problema en plantearse rescatar con dinero público a una empresa privada, al igual que se hizo con la banca" mientras que se efectúan recortes en los servicios públicos básicos apelando a la crisis económica.

En su opinión, es "bochornoso" e "inaceptable" que las grandes empresas traten de "socializar sus pérdidas cuando fracasan en su gestión, mientras que cuando obtienen beneficios "no se las puede tocar" e incluso exigen pagar menos impuestos.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz del grupo socialista, Begoña García Retegui, que ha considerado que "no hay razones de interés público para rescatar una autopista que nunca debió ser" de gestión privada, sino que debió plantearse como una autovía pública, como planteó en su día su partido.

La diputada ha lamentado que no se ayude a las pequeñas empresas que tienen pérdidas y se ven obligadas a cerrar y despedir a sus trabajadores, y se plantee el rescate a una gran empresa que gestiona una infraestructura que no está siendo útil y apenas es utilizada por los ciudadanos.

La propuesta, sin embargo, no ha salido adelante, dado que no ha contado con el apoyo del PP, con mayoría absoluta, y cuyo diputado Vicente Balibrea ha considerado que la autopista Cartagena-Vera es "de vital importancia para el desarrollo de la zona por la que discurre".

Según ha lamentado, la Autovía del Mediterráneo "se desvirtúa" al llegar a la Región de Murcia, ya que deja de transcurrir por la costa para hacerlo por el interior, y es precisamente la autopista AP-7 la que restituye ese trayecto y une a la región con la Comunidad Valenciana y Andalucía por la costa.

Además, ha considerado que la "potencialidad turística" de la zona por la que transcurre la autopista hace necesaria su supervivencia, y ha subrayado que el Gobierno regional se sumará a las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Fomento para crear una Sociedad Pública Estatal de Autopistas que se harán con el 80 por ciento del capital de una decena de autopistas en toda España asegurando su futuro.

Finanzas.com 16/05/2013

¿A quién se rescata con la 'autopista mala'?

martes, 21 de mayo de 2013

La utilización de la autopista AP-53 cae a niveles de hace una década, con 4.373 vehículos diarios


La utilización de la autopista Santiago-Alto de Santo Domingo (Dozón) (AP-53) sigue cayendo mes tras mes y se acerca a su suelo histórico. Los 4.373 vehículos diarios registrados en el primer trimestre del año son equiparables al volumen de tráfico que tenía la vía en los primeros meses después de su puesta en servicio.

En efecto, es la media más baja desde el año 2004, cuando se abrieron al tráfico los 56,6 kilómetros que hay entre Santiago y Dozón; entonces eran 4.369 los automóviles que pasaban por la vía en una jornada, una cifra prácticamente idéntica a la registrada ahora. El mínimo histórico es de 3.614 vehículos por día en 2003, si bien entonces solo estaban en funcionamiento los 34,1 kilómetros comprendidos entre la capital gallega y Silleda.

Ya en 2005 se rebasaron los 4.400 vehículos diarios. El ritmo de crecimiento fue aumentando paulatinamente y al año siguiente la media superó los 4.800 y en 2007 se situó en más de 5.400. La circulación siguió incrementándose en los años siguientes, aunque de modo más contenido, rebasando los 5.600 vehículos en 2008 y los 5.800 en 2009 para alcanzar el récord histórico del ejercicio 2010, con 6.159 coches. A partir de ahí comenzó el declive, con 5.784 vehículos cada día de 2011 y 4.954 durante el pasado ejercicio, que supuso ya un desplome del 14,3%.

La intensidad media diaria de tráfico se ha reducido un 7,45% en el presente ejercicio, a tenor de los datos provisionales correspondientes al primer trimestre del año divulgados ayer por el Ministerio de Fomento. El volumen de tráfico varía en función de los meses. El mínimo anual suele darse en enero, que este año apenas rebasa las 4.000 unidades diarias (4.028), lo que supone un descenso del 10% con respecto al arranque de 2012. En febrero se produjo un notable repunte, como también viene siendo habitual, y fueron 4.417 los coches que utilizaron la AP-53, es decir, un 8,8% menos que en el mismo mes del año pasado. A marzo le corresponde la mejor marca del año, con 4.678 automóviles diarios y una moderación de la caída hasta el 3,7%.

La reducción de la circulación afecta tanto a los vehículos ligeros como a los pesados. De los 4.373 tránsitos diarios constatados en lo que va de año, 256 corresponden a camiones y autobuses: 246 en enero, 273 en febrero y 251 en marzo. En este caso es la cifra más baja de la historia de la vía, sin contar los 216 vehículos pesados registrados en 2003, cuando todavía no estaba abierta la autopista en su integridad. En cada jornada de 2004 fueron 283 los camiones y autocares que pasaron por la vía; la media fue creciendo hasta los 390 de 2008, récord histórico. El año pasado concluyó con 288 tránsitos, tras una caída del 14%.

La principal causa de la infrautilización de la AP-53 es su elevado peaje; si ya era caro desde el principio, todavía se incrementó más el año pasado. El desplazamiento entre Lalín y Santiago pasó de 5,30 euros en 2011 a los actuales 5,80, es decir, 50 céntimos más en trece meses, debido a la actualización del IPC y a la subida del IVA en septiembre del año pasado. A ello hay que añadir la caída general del tránsito por efecto de la crisis.