martes, 30 de abril de 2013

La crisis económica en las concesiones de autopistas de Peaje (II)


La crisis económica tuvo esencialmente dos tipos de orígenes, uno exógeno a la economía local y otro endógeno a la actividad económica española. Los factores exógenos más destacables fueron el encarecimiento de las materias primas y la fuerte crisis económica en EEUU, debido a una cotización del dólar anormalmente baja y a la crisis hipotecaria y crediticia por las conocidas hipotecas subprime. 

En cuanto a los factores endógenos, es destacable la carta que elaboraron los inspectores del Banco de España al Gobierno sobre la situación económica en nuestro país (Asociación de Inspectores del Banco de España, 2006). Esta carta advertía del elevado riesgo del sistema financiero español por su excesiva exposición a los activos inmobiliarios. Una de las causas de la delicada situación del sector financiero era la pasiva actitud de los órganos rectores del Banco ante el insostenible crecimiento del crédito bancario, especialmente del inmobiliario, por la falta de determinación mostrada por su Gobernador a la hora de exigir a las entidades sometidas a supervisión el rigor necesario en la asunción de riesgos a gestores de recursos ajenos. La consecuencia de esta asunción fue la aceleración del crédito bancario en el que las entidades con menor cultura de asunción de riesgos conseguían un mayor número de créditos, obligando a las entidades con mayor cultura de control de riesgos a asumir créditos de menor rentabilidad para no ser expulsadas del mercado. Con ello, los riesgos del sector bancario podían acabar por trasladarse a toda la sociedad. Una de las grandes causas de la crisis ha sido la burbuja inmobiliaria debida a un desmesurado incremento del precio de los pisos, que a su vez ha sido provocado por el extraordinario aumento del crédito destinado a la financiación de la actividad inmobiliaria. Todo este proceso acabó por provocar otro tipo de problemas en las entidades de crédito. Algunos riesgos típicos del sector como el riesgo del tipo de interés o el de liquidez, se incrementaron por la necesidad de acudir al ahorro exterior para poder financiar este aumento del crédito; los depósitos bancarios tradicionales ya no eran suficientes. Las vías de financiación no tradicionales fueron la emisión de “títulos híbridos de capital”, la titulización de activos y la captación de liquidez por medio del endeudamiento a corto plazo en los mercados interbancarios de la zona euro. Los problemas de estos tres sistemas son diferentes, pero tienen una consecuencia similar para el sector financiero. En el primero de los mecanismos los titulares de los híbridos de capital exigen rentabilidades muy superiores a la ofrecida en los depósitos bancarios tradicionales; respecto a los títulos resultantes de la titulización, muchas veces su venta no comprende los tramos de mayor riesgo, con lo que este riesgo se acumula en el balance de las cajas o bancos, y en el último de los mecanismos existe un claro riesgo ante una subida de los tipos de interés. 

Tras un detallado análisis, los inspectores instaban al Gobernador del Banco de España a cambiar de actitud ante el control del riesgo, pues la situación ponía en peligro a la sociedad española. Desgraciadamente, esto no sucedió y la crisis financiera provocada por una mala actuación en la supervisión pública acabó por trasladarse al resto de la sociedad. 

Otros factores que también han influido negativamente en la situación económica han sido una clara descompensación entre el sector interior y exterior en la balanza de pagos, una estructura laboral excesivamente rígida y la continua pérdida de competitividad del país. 

La principal consecuencia de la crisis durante los años 2009 y 2010 ha sido un aumento del paro por encima del 20%. Además, las perspectivas económicas para el año 2011 no son favorables, con un crecimiento del PIB del 0,8% y una inflación del 2,9% (Banco de España, 2011). 

Respecto a los efectos de la crisis sobre el sector de autopistas de peaje, en este trabajo se realiza un análisis del tráfico en los corredores y la rentabilidad de esos proyectos. El trabajo se centra en las concesiones de autopistas de peaje adjudicadas por la Administración estatal desde 1996. No se han analizado las concesiones más antiguas por varios motivos. En primer lugar, el efecto de la crisis económica sobre la viabilidad de dichas concesiones no ha ocasionado un problema tan grave a las sociedades concesionarias porque esas autopistas ya llevan muchos años en explotación y tienen el tráfico completamente consolidado. En segundo lugar, no se dispone de información sobre las estimaciones llevadas a cabo por los licitadores de los concursos de todas las concesiones antiguas, por lo que no es posible establecer una comparativa completa con los datos reales. 

El tráfico en los corredores 

Las autopistas de peaje en España tienen siempre una carretera libre de peaje alternativa, de tal manera que los usuarios tienen la posibilidad de elegir entre una autopista de peaje que les ofrece una mayor calidad y un menor tiempo de viaje, y una carretera sin peaje, que puede ser carretera convencional o autovía, y que les ofrece una menor calidad y mayor duración del tiempo de viaje. La tabla 1 indica la principal infraestructura con la que compiten las autopistas por la captación del tráfico, y otro tipo de competidores como pueden ser el transporte público o autovías más alejadas de la traza del corredor. Asimismo, muestra la tarifa máxima y mínima de cada una de las autopistas y el año de entrada en explotación. La tabla 2 recoge los porcentajes de tráfico de las autopistas de peaje dentro de sus respectivos corredores. Cabe señalar que las autopistas de peaje que compiten con carreteras convencionales tienen una mayor captación de tráfico que las autopistas que compiten con autovías en entornos urbanos y transporte público. También es destacable que el porcentaje de captación de las autopistas urbanas, recogidas en el Grupo 2, disminuyó desde 2008 a 2009 a un ritmo mayor que las de los Grupos 1 y 3, que principalmente compiten con carreteras convencionales. 

La tabla 2 compara el crecimiento del tráfico en las autopistas de peaje con el crecimiento en sus corredores en tres períodos diferentes: desde que entró en explotación hasta el año 2007; desde 2007 a 2008, cuando la crisis económica comenzó; y desde 2008 a 2009 en plena crisis. 

Se desprenden varias ideas de este análisis. La primera es que antes de la crisis, desde que comenzó la explotación de la concesión hasta 2007, la mayoría de las concesiones de autopistas de peaje experimentaron un crecimiento del tráfico superior al crecimiento medio del PIB en España, y mayor en general que el crecimiento del tráfico en sus respectivos corredores. Esto fue debido a que la situación económica era buena y por ello, los usuarios eran más propensos a utilizar las autopistas de peaje que su carretera alternativa gratuita. Las razones que pueden explicar esto son dos. La primera es que cuanto mayores son las rentas de las familias y las empresas, mayor es su disposición a pagar por el uso de las carreteras. La segunda razón es que cuanto mayor es el tráfico en el corredor, los problemas de congestión son más habituales en las alternativas libres de peaje. La segunda idea es que el efecto de las crisis, que comenzó en 2008 y se agravó en 2009, tuvo un gran impacto en los volúmenes de tráfico en casi todos los corredores. Sin embargo, el efecto de la crisis fue mayor en las autopistas de peaje, especialmente en 2009. Esto demuestra que las concesiones de autopistas de peaje amplifican el efecto de la economía. En otras palabras, si la economía va bien, el tráfico en las autopistas irá mejor; pero si la economía va mal, el tráfico en las autopistas será aún peor. Las concesiones de autopistas que compiten con otra carretera alternativa tienen una mayor sensibilidad o elasticidad que la media de la economía y de las vías alternativas. 

La tercera idea es que el impacto de la crisis es mayor en las autopistas incluidas en los Grupos 2 y 3, generalmente en entornos urbanos y con mayores flujos de tráfico, que las autopistas de peaje del Grupo 1, en entornos interurbanos y sin apenas viajes de penetración en el corredor. La explicación de las del Grupo 2 puede ser que esas concesiones tienen una mayor competencia que las de los otros grupos. Para el caso de las del Grupo 3, la razón puede ser que el tráfico estacional se ve más afectado por la crisis.


La rentabilidad de los proyectos 

La crisis ha tenido un fuerte impacto en las concesiones, en especial sobre su principal fuente de ingresos, el tráfico. Las desviaciones producidas entre el tráfico real y el estimado cuando los concesionarios acudieron a los concursos de licitación son claves para conocer las repercusiones de la crisis sobre la rentabilidad de estos proyectos. La tabla 3 recoge las desviaciones del tráfico en las autopistas adjudicadas más recientemente. Esas desviaciones miden la diferencia entre el tráfico actual y el estimado. Un valor negativo significa que el tráfico fue sobreestimado, mientras que un valor positivo implica que el tráfico real ha sido superior al estimado por el grupo promotor. 

Los resultados que se extraen de la tabla 3 son los siguientes. En primer lugar, los concesionarios sobreestimaron mucho los niveles de tráfico para todas sus concesiones y durante los años analizados, a excepción del tramo Málaga-Estepona- Guadiaro que a partir del cuarto año de explotación presenta valores positivos en sus desviaciones. 

En segundo lugar, la exactitud de las estimaciones tiende a mejorar con el tiempo si la economía crece. La causa de ello es el denominado efecto “ramp up” (Bain, 2009). Durante los primeros años de explotación de una carretera el número de usuarios de la misma es menor porque necesitan un período de tiempo para familiarizarse con ella y conocer su efecto en la red. El período de ramp up es, por tanto, el tiempo que transcurre desde la entrada en servicio de la carretera hasta que el tráfico se consolida por completo. 

Sin embargo, esa tendencia de reducción de las sobreestimaciones del tráfico cambió en 2008. A partir de ese año, las estimaciones de tráfico comenzaron a separarse más de la realidad. Las únicas excepciones son las autopistas Cartagena-Vera y Circunvalación de Alicante porque se encontraban dentro del período de ramp up. En 2009 la situación empeoró. 

En tercer lugar, las autopistas de peaje que compiten directamente con una autovía (se han resaltado en negrita en la tabla 3) muestran unos niveles de sobreestimación más altos que las autopistas de peaje que principalmente compiten con una carretera convencional. 

La consecuencia general del comportamiento del tráfico es que las concesiones de autopistas greenfield, de nueva construcción, tienden a mejorar sus ingresos a lo largo de los años si la economía crece. Sin embargo, la mayoría de las concesiones de autopistas de peaje adjudicadas en España desde 1996 han tenido que hacer frente ala crisis económica cuando se encontraban en el período de ramp up, cuando se esperaba que los crecimientos del tráfico fuesen mayores. Las concesiones del Grupo 2 han visto agravado el problema del tráfico con el sobrecoste de las expropiaciones. Los propietarios de los terrenos expropiados para la construcción de las autopistas acudieron a juicio, ante lo que el Tribunal Supremo entendió en 2008 que las autopistas son sistemas generales viarios que “no cabe duda” están destinados a crear ciudad debido a la existencia de evidentes expectativas urbanísticas y la notoriedad de la escasez de suelo en la Comunidad de Madrid (Ortega et al., 2011).



lunes, 29 de abril de 2013

La crisis económica en las concesiones de autopistas de Peaje (I)

Reproduzco aquí un informe presentado por María De Los Ángeles Baeza Muñoz (Profesora Contratada Doctora en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada), Alejandro Ortega Hortelano (Investigador de la E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid) y José Manuel Vassallo Magro (Profesor Titular en la E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid) titulado "La crisis económica en las concesiones de autopistas de Peaje".

Resumen: A los pocos años de entrar en explotación las concesiones de autopistas de peaje adjudicadas en España a partir de 1996, comenzó la crisis económica. Esos contratos de concesión asignaron la mayoría de los riesgos (expropiación, construcción y tráfico) al sector privado. En este trabajo analizamos el impacto de la crisis económica sobre el sector de autopistas, así como las medidas adoptadas por el Estado para evitar el concurso de las sociedades concesionarias. Las conclusiones obtenidas pueden ayudar a un mejor diseño y desarrollo de los contratos de concesión. 

INTRODUCCIÓN

A finales de los años noventa, España optó por impulsar la inversión en infraestructuras para mejorar su red de carreteras y ser un país más competitivo. En el desarrollo de esos proyectos se utilizaron tanto recursos públicos como privados. La fórmula de asociación público-privada más utilizada fue la del contrato de concesión. Mediante este tipo de contrato se adjudicó la construcción, conservación y explotación de diecisiete tramos de autopistas de peaje. La mayoría de los riesgos (expropiación, construcción y tráfico) se transfirieron al sector privado.

La llegada de la crisis económica en 2008 ha producido efectos devastadores sobre esas concesiones de autopistas de peaje adjudicadas entre 1996 y 2006. El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, evaluar las consecuencias de la crisis económica sobre el sector de autopistas de peaje y, en segundo lugar, analizar las implicaciones de las medidas adoptadas por el Estado para mitigar los efectos de dicha crisis. Se concluye con una serie de recomendaciones para un mejor diseño de los contratos de concesión de autopistas de peaje.

EL SISTEMA CONCESIONAL ESPAÑOL DE AUTOPISTAS DE PEAJE

España tiene una gran experiencia en la gestión y financiación de carreteras a través de asociaciones público-privadas (PPPs). Gran parte de esas asociaciones se han desarrollado a través de contratos de concesión de autopistas de peaje, con una larga tradición en la legislación española. Se pueden identificar tres períodos de adjudicaciones: desde 1967 a 1975, desde 1976 a 1995, y desde 1996 a 2006. Desde ese año el Estado no ha vuelto a adjudicar ningún tramo de autopista de peaje más (Baeza, 2008).

Las primeras concesiones de autopistas de peaje se adjudicaron sobre la base de Decretos específicos. En 1972 se aprobó una ley que estableció el régimen jurídico a aplicar a la construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión. El segundo de los periodos se caracterizó por la ausencia de actividad dentro del sector. Transcurridos más de treinta años, se aprobó la Ley 13/2003 sobre el contrato de concesión de obras públicas. Con ella se actualizó el modelo de concesiones de autopistas antiguo, haciéndolo extensivo a todo tipo de obras públicas. 

Esta ley quiso impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de infraestructuras, así como definir un nuevo esquema de asignación de riesgos. En 2007 se aprobó una nueva Ley de contratos del sector público para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la normativa europea en esa materia. Aunque esta norma introdujo algunas novedades, recoge gran parte del contenido de la anterior. Además, estableció la necesidad de regular la captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas. Actualmente se está tramitando un proyecto de ley sobre ello. 

Este trabajo se centra en el análisis de las concesiones de autopistas de peaje adjudicadas por la Administración estatal desde el año 1996. Para facilitar dicho análisis, se han clasificado esas concesiones en tres grupos diferentes. El primer grupo lo conforman las autopistas de peaje que compiten con carreteras convencionales en corredores interurbanos con baja densidad de población. Se trata básicamente de autopistas de peaje que enlazan un origen a un destino, pero con bajos niveles de tráfico de corta distancia y sin apenas viajes de penetración dentro del corredor. El segundo grupo está compuesto por autopistas de peaje que compiten directamente con autovías que se congestionan diariamente en las horas punta o en ciertos periodos estacionales del año como el verano. Están localizadas en entornos urbanos y sometidas a condiciones de tráfico muy cambiantes. Además gozan de una buena oferta de transporte público que también puede competir con la autopista como solución a los problemas de movilidad. El tercer grupo lo forman las autopistas de peaje en corredores con alta densidad de población y situados en regiones turísticas a lo largo de la costa. Las autopistas de peaje de este tercer grupo no sólo compiten con carreteras convencionales, sino también con autovías libres pero sensiblemente más alejadas de la traza del corredor.


Identificación de riesgos 

El sistema concesional español se basa en el principio de riesgo y ventura del concesionario. Este principio implica que es el concesionario el que asume el riesgo económico de construcción y explotación de las obras públicas objeto de concesión (Baeza and Vassallo, 2010). Así, en España tradicionalmente el riesgo de expropiación se ha atribuido al concesionario. 

Desde el año 2003 las partes contratantes pueden acordar la mitigación del riesgo de tráfico mediante el establecimiento de dos umbrales máximo y mínimo de rentabilidad. De esta manera, se evita que el concesionario incurra en riesgos excesivos, pero también que renuncie a la obtención de beneficios que superen el umbral máximo fijado. Sin embargo, ninguna de las concesiones en explotación recoge este mecanismo de mitigación del riesgo de tráfico. 

Otro de los elementos esenciales del contrato de concesión es el principio de equilibrio económico de la concesión. El concesionario tiene derecho a que se mantenga el equilibrio económico de la concesión, pero no su equilibrio económico-financiero. El riesgo financiero es asumido por el concesionario. Se debe proceder al reequilibrio económico de la concesión en tres supuestos: 
  • Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las condiciones de explotación de la obra (ius variandi). 
  • Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración (factum principis) determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión. 
  • Cuando se produzcan los supuestos establecidos en el propio contrato para su revisión. 
Otros riesgos que también se atribuyen al concesionario son el tecnológico, medioambiental y legislativo (cláusula de progreso). Por otro lado, la Administración puede otorgar ventajas o penalizaciones económicas al concesionario en función de la calidad del servicio ofrecido. En los últimos seis tramos de autopistas de peaje adjudicados por el Estado, el concesionario puede contar con un período concesional más amplio si cumple con determinados criterios de calidad establecidos en función de los índices de accidentalidad y de mortalidad en la autopista, la congestión en la vía, el tiempo medio de espera en los puestos de peaje, el estado del firme, la calidad del servicio prestado al usuario y la captación de vehículos pesados. 

Una de las cuestiones más debatidas actualmente en materia de concesiones es el denominado riesgo político. El rescate de la explotación de la obra por el órgano de contratación constituye una de las causas de resolución del contrato de concesión. En este caso, la Administración concedente tiene que abonar al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación, la ejecución de obras y adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión. Ese importe se establece teniendo en cuenta el grado de amortización de las inversiones en función del tiempo que reste para el término de la concesión y lo establecido en el plan económico-financiero. Además, la Administración concedente indemniza al concesionario por los daños y perjuicios que se le irrogen. Para ello, se tienen en cuenta los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, atendiendo a los resultados de explotación en el último quinquenio cuando resulte posible, y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no se tengan que entregar a la Administración, considerando su grado de amortización. 

Se trata, sin duda, de una garantía para el concesionario que podría ocasionar graves problemas al Estado en la medida en que el pago que tendría que realizar la Administración al concesionario incrementaría directamente el déficit público en un momento en que nuestro país necesita reducirlo.

domingo, 28 de abril de 2013

Expropiados de la AP-41 reclaman que la concesionaria sea liquidada

Expropiados de la autopista AP-41 Madrid-Toledo, hartos de esperar unas compensaciones por sus terrenos perdidos reconocidas por los tribunales pero que no llegan, están dispuestos a forzar una liquidación de la concesionaria de la infraestructura para obligar al Estado a pagarles.

Su determinación supondrá plantear ante el Juzgado de lo Mercantil un incidente concursal para que se decrete el cierre de la empresa que lleva prácticamente un año en concurso de acreedores, al entender que está imposibilitada no sólo económica sino legalmente para seguir operando. Si el juez acepta este planteamiento, supondría que la Administración estatal, como responsable patrimonial último de una infraestructura que en su día otorgó en concesión, asuma de golpe y porrazo sus débitos. Suman más de 500 millones de euros, de los que 150 corresponden a los propios expropiados.

El grupo representado por la consultora Cleocir, que agrupa a unos 200 de los 1.600 dueños de fincas en La Sagra y Sur de Madrid que las perdieron por el tendido de la autopista, ha dado el paso previo a plantear el incidente. Según comenta el abogado de la consultora, Fernando Guirao, se ha enviado a los administradores concursales de la concesionaria un escrito en que se plantean 30 cuestiones. La respuesta a estas cuestiones, según se concluye en el informe, avala que «no es compatible el ejercicio del concurso de acreedores con que la concesionaria continúe con la explotación de la Autopista de Peaje Madrid-Toledo».

Entre otros extremos, resaltan que la Ley de Contratos de Administraciones Públicas obliga a anular una adjudicación a una empresa si ésta entra en insolvencia, por lo que la AP-41 y sus problemas deberían pasar directamente a la gestión estatal.

Guirao recuerda la oposición de sus representados a ser tratados como meros acreedores de la empresa concursada, ya que sus débitos están garantizados integramente por sentencias judiciales. La última de ellas, dictada el pasado 14 de febrero, incluso reconoce la responsabilidad del Ministerio de Fomento de asumir el pago si la concesionaria no puede hacerse cargo. Por ello, no aceptarán que se les haga ninguna quita en lo que se les debe, incluyendo intereses de demora y recargos por el «enriquecimiento injusto» que ha beneficiado a concesionaria y Estado por hacerse con unos terrenos por lo que aún no ha pagado el precio dictado por los tribunales.

Además, Guirao en su informe recuerda la propia imposibilidad económica de reflotar la AP-41, ya que obtiene unos ingresos que no permiten ni siquiera sufragar su mantenimiento. Así, señala que su intensidad diaria de tráfico 1.800 vehículos, queda por debajo de los 25.000 previstos, lo que se traduce en «una pérdida económica para los intereses de la concesionaria de más de treinta millones de euros al año». Achaca en este extremo la culpa no ya a la concesionaria sino al propio Ministerio de Fomento, al redactar los documentos de adjudicación con «graves negligencias reiterativas, muy sospechosas de que fueran intencionadas al objeto de conseguir a la mayor brevedad la ejecucion de la autopista, que es lo que únicamente parecía que les interesaba».
Al no recibir respuesta de los administradores judiciales para que inicien la liquidación por propia iniciativa, reclamarán al juez que la ordene.


Silencio de Fomento.

Guirao reprocha que esta situación de ilegalidad que sufren los expropiados no sólo ha sido puesta en conocimiento de los administradores concursales, sino de las autoridades de Fomento, sin obtener respuesta. Así, el letrado critica que se no se tenga en cuenta las pérdidas irreparables de terreno por sus clientes, denunciando que se usa el proceso concursal para bloquear el pago de unas compensaciones reconocidas por la Justicia.

Una sociedad pública para rescatar las vías de peaje en situación de quiebra.

A comienzos de este mes, la ministra de Fomento confirmaba la solución que se prepara para evitar una quiebra descontrolada de la AP-41 y otras autopistas que ya han entrado en concurso de acreedores. Se trata de la creación de una Sociedad Estatal que asuma la gestión de estas infraestructuras que ahora regenta el sector privado. La clave, explicaba Pastor, es que si el Estado debe asumir finalmente estas vías ruinosas, mejor que lo haga a través de la Sociedad que con su liquidación, que provocaría un aumento inmediato del déficit público de 3.500 millones. Esto es el equivalente a un 0,3 por ciento del PIB, en un momento en que la reducción del déficit es una prioridad marcada por la UE.

«El Estado tiene una responsabilidad patrimonial sobre las autopistas, de forma que si se deja caer una autopista, esa responsabilidad va al déficit», detalló Pastor. «Estamos ante un gravísimo problema y hay que darle una salida, y una salida razonable para todos», añadió la ministra en una entrevista en Cadena Ser el pasado cuatro de abril.

La titular de Fomento confirmó que su Departamento estudia la constitución de una empresa pública dependiente de Fomento para que asuma la decena de autopistas en riesgo de quiebra y su deuda, un total de unos 3.500 millones de euros. «Estamos trabajando con el sector para ver las distintas salidas (al problema) y ésta es una de las propuestas que están sobre la mesa», aseguró.

Pastor recordó que las causas de la situación de estas vías es la caída de los tráficos y el sobrecoste que afrontaron las expropiaciones sobre lo proyectado inicialmente.
La ministra también aseguró, en una comparecencia posterior tras un Consejo de Ministros, que aplicará el ordenamiento jurídico si entiende que se deben pedir responsabilidades respecto a la situación de riesgo de quiebra de estas vías de peaje.

Preguntado por la creación de la Sociedad Pública, el abogado de los expropiados no se posicionó directamente en contra pero señaló que sus representados aún no tienen noticia sobre cómo les repercutirá. «Llevamos más de un año pidiendo una reunión con la Abogacía del Estado», señaló Guirao, que recordó que a la indemnización se suman los costes procesales y personales que han soportado sus clientes por haber recurrido la Justicia para defender sus derechos. «Quién paga todo eso», se preguntaba.

Fondos buitres sobrevuelan la autopista.

Guirao confirma que, en las pasadas semanas, los expropiados que representa han recibido una oferta económica para adquirir sus derechos a una indemnización. Este proviene de un fondo de inversión extranjero que el abogado sitúa entre los coloquialmente conocidos como «fondos buitre», entidades que buscan hacer negocio en el panorama español de crisis adquiriendo cualquier valor a un precio mínimo con la confianza de rentabilizarlo en el futuro. Este tipo de fondos son famosos, por ejemplo, por haber adquirido títulos de deuda argentina y haber planteado su cobro en instancias internacionales, y llegaron a ser capaces de intentar el embargo del buque-escuela de la Armada del país sudamericano cuando recaló en un país africano.

En el caso de la AP-41, el letrado afirma que el contacto del fondo con sus representados no ha fructificado precisamente porque pretendían ofrecer sólo un 30 por ciento de su valor. Y el colectivo rechaza toda quita.

sábado, 27 de abril de 2013

La AP-7 pierde dos de cada tres vehículos en seis años

De nuevo la crisis tiene buena parte de culpa de que la autopista de pago AP-7 haya sufrido durante los últimos años una auténtica sangría de vehículos, cuyos conductores están optando, cada vez con más frecuencia, por alternativas viarias libres de peaje.

Concretamente, a su paso por la Comunitat, esta carretera registró 14,4 millones de desplazamientos en 2006, frente a los poco más de 5,5 millones del pasado año, según los datos facilitados a LAS PROVINCIAS por el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia. Por tanto, en sólo seis años la AP-7 ha perdido más del 61 por ciento de sus vehículos. A grandes rasgos, casi dos de cada tres usuarios de esta autopista ha dejado de utilizarla en este periodo de tiempo.

La primera gran caída de vehículos se registró en 2008, coincidiendo con el comienzo de la actual crisis económica, ejercicio en el que la AP-7 perdió más del 40 por ciento de sus usuarios en relación al año anterior. A partir de ese momento las reducciones han sido más progresivas.

A la actual recesión se suma también la continua subida del precio de los carburantes, el incremento de los peajes y la progresiva apertura de alternativas gratuitas como razones para justificar esta importante reducción, en opinión del director de proyectos de la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial), José Ignacio Lijarcio.

«La crisis ha sido determinante, pero también que estén entrando menos mercancías por los puertos de Valencia, Barcelona y Sagunto. Por ello, están circulando menos vehículos pesados por este corredor», añadió Lijarcio.

En esta línea, señaló que los desplazamientos de ocio, de los fines de semana o periodos vacacionales «también se están reduciendo, y los conductores apuestan por rutas alternativas, a no ser que, por ejemplo, circular por la autopista sea el único camino para llegar al puesto de trabajo».

Las altas tasas de paro actuales también ayudan a la caída de los desplazamientos, así como las continuas mejoras que han ido registrando los viales alternativos a la AP-7, según este experto.

Desde Abertis, empresa que gestiona esta autopista, explicaron que el descenso de usuarios «ha sido especialmente relevante» en el tramo que recorre la Comunitat Valenciana, donde se ha registrado una continua apertura de alternativas libres de peaje de gran capacidad. Este descenso ha sido mucho más pronunciado «que en la parte catalana de la AP-7 o de otras autopistas españolas de pago.

De hecho, según los datos facilitados por la compañía a este periódico, en el tramo Tarragona-Valencia la intensidad media diaria (IMD) de vehículos ha pasado de los 25.165 de 2007 a los 14.243 de 2012. El siguiente tramo, Valencia-Alicante, también se encuentra en la misma situación, pasando de los 29.411 de 2007 a los 16.588 del pasado año. Fuentes de Abertis aclararon, además, que este índice es «una media ponderada de vehículos en función del número de kilómetros de cada tramo».



A nivel general, el tráfico de vehículos cayó en Valencia el año pasado un 36 por ciento con respecto a 2011; dos puntos menos que en España, según el ranking que elabora el Medidor INRIX del Tráfico, que vincula este descenso al aumento del desempleo.

Además, la ciudad de Valencia es en la que los conductores pierden menos horas en atascos, 16 de media, de las seis ciudades españolas analizadas. Ninguna de las capitales españolas en las que se ha hecho el estudio (Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia y Zaragoza) está entre las 25 ciudades europeas con peor tráfico en 2012, mientras que en 2011 Barcelona y Madrid ocupaban los puestos 12 y 13 en esta lista, respectivamente. Madrid fue la ciudad española más congestionada en 2012, situándose en el puesto 38 a nivel europeo.

A nivel nacional, el tráfico de vehículos cayó en España el año pasado un 38 por ciento con respecto a 2011, lo que lo convierte en el segundo país europeo que registró un mayor descenso, únicamente por detrás de Portugal, según refleja el citado informe.

El último año los conductores españoles pasaron una media de 25 horas atrapados en atascos, 15 horas menos que el año anterior. Esta tendencia parece continuar en 2013. Así, en el primer trimestre, el tráfico ha bajado un 57 por ciento con respecto al año anterior, la tercera mayor caída en Europa, lo que supone que los conductores pasaron seis horas menos en atascos que en 2012. «Siempre ha existido una estrecha correlación entre el estado de la economía y el nivel de congestión de tráfico en las carreteras», señaló Bryan Mistele, CEO de INRIX. Así, indicó que teniendo en cuenta que el desempleo alcanzó cifras récord en 2012 y la riqueza de los hogares europeos cayó un 13,6 por ciento, «no es sorprendente que los niveles de tráfico hayan caído de forma tan significativa».

De hecho, de los 13 países europeos analizados, aquellos que han sufrido más la crisis de la deuda son los que han registrado mayores caídas en la congestión del tráfico. De acuerdo al índice INRIX, el tráfico en Portugal cayó en 2012 un 50 por ciento, en España un 38 por ciento y en Italia un 34 por ciento, mientras que, por ejemplo, en Alemania la caída ha sido menor, del 14 por ciento, y lo mismo en Francia, con una reducción del 12 por ciento. En el conjunto de Europa, el tráfico cayó el año pasado un 18 por ciento, mientras que en el primer trimestre de 2013 ha caído un 23 por ciento. Como media los conductores europeos pierden 27 horas menos por el tráfico que el año anterior.

viernes, 26 de abril de 2013

Los conductores huyen de las autopistas de peaje y reviven los negocios de las antiguas carreteras


Cada vez se mira más el céntimo y los conductores huyen de los peajes de las autopistas aunque eso suponga hacer más kilómetros, transitar peores carreteras y aguantar atascos. Esta tendencia que va en aumento tiene su reflejo en las estadísticas, que revelan que el tráfico diario en febrero por estas vías de pago se redujo un 21%. Los restaurantes y gasolineras también han notado: los clientes bajan en las vías de pago y suben en las carreteras convencionales. 

Un ejemplo de negocio que se ha beneficiado del cambio ha sido el mesón Casa Quico en Arbás del Puerto (León), casi en la cima del Puerto de Pajares. El mesón tiene 300 años de historia, pero cerró en hace un par de décadas, tras la apertura de la autopista, que les puso en serios aprietos. Francisco Luis Álvarez, su propietario, consiguió una concesión para abrir el restaurante en la vía de pago. Pero ahora ha vuelto a su emplazamiento original. “Los tiempos han vuelto a cambiar”, explica.

La decisión de cerrar el bar de la autopista fue dura, te hace mella”, reconoce. Perderán el aval, pero el negocio les resultaba ruinoso, por eso Francisco y su familia optaron por reabrir el mesón del puerto y cerrar la concesión en la AP-66. “En los últimos cinco o seis años había decaído mucho el tráfico y el número de clientes, sobre todo en los dos últimos. Subieron tres veces el peaje y la gente miraba mucho esto, era un comentario diario que hacían los clientes, que cada vez eran menos. Ir y volver a Asturias se había puesto en 27 euros y, claro, con eso comes ”, cuenta Álvarez. 


La autopista ha pegado un bajón impresionante y hace meses que no podíamos con los gastos. Intentamos negociar con Aucalsa, la concesionaria, pero sus condiciones eran inamovibles. Se nos iban más de 11.000 euros al mes en rentas y otros 10.000 en luz, más las nóminas. Abrir todos los días era una ruina”, añade. “Ahora estamos contentos con la decisión que tomamos el año pasado. Cada vez pasa más gente por el puerto. Además, el problema no era sólo que hubiera menos tráfico en la autopista, es que en los últimos cuatro años el consumo de quienes viajaban por ahí se hundió un 70%. Mucha gente en lugar de menús prefería el bocadillo y hasta te pedían que lo partieras a la mitad para compartirlo”, señala Álvarez.

Desplome del tráfico en las autopistas

La circulación por las vías de peaje ha descendido de forma constante desde que empezó la crisis, una caída que ha provocado que seis de estas vías hayan tenido que declararse en concurso de acreedores. En 2013 la Intensidad Media Diaria(IMD), es decir, el número medio de vehículos que circulan por la carretera al día, ha caído un 12% en enero y un 21,69% en febrero, hasta los 11.138. Una disminución que sigue a la que ya sufrieron en 2012, cuando la media anual de tráfico diario durante los doce meses bajó casi un 11%, según los datos del Ministerio de Fomento.

Los conductores no solo evitan las autopistas en los casos en los que hay una carretera prácticamente igual, gratuita y en paralelo -como es el caso de las radiales de Madrid-, sino que optan por subir los puertos de montaña, con las incomodidades que esto supone. En el caso de Pajares, la concesionaria de la AP-66, Aucalsa, ha registrado una media diaria de tráfico en los tres primeros meses del año de 5.967 coches, lo que supone un 8,29% menos que en el mismo periodo del año anterior. Mientras que en la N-630 se ha incrementado casi un 8% en 2012, según los datos de Fomento. 


En Madrid, Iberpistas, que gestiona la AP-6, de Villalba a Adanero ha sufrido un descenso de tráfico del 12,8% en el primer trimestre hasta los 21.790 de media diaria. En 2012 la IMD fue 21.950, un 12,75% menos interanual. Los propietarios de restaurantes de la zona, como el Hostal San Francisco de Asís, el Molino del Rey o la sidrería el Llagadrón explican que se ven más coches de un tiempo a esta parte, en los últimos meses. Ellos no han notado un aumento de clientes: “El negocio ha caído para todos, por la crisis”, señala la dueña de el Llagardón. Además, a la mayoría de estos locales les ha perjudicado la circunvalación al pueblo que se inauguró hace cuatro años. Sin embargo, el restaurante Alto del León, ha conseguido “mantenerse igual que antes”. Y esto se explica en parte, por el aumento del paso de vehículos, ya que están ubicados justo en la salida que toman todos los que quieren evitarse el peaje, comentan en el restaurante.

En la A-4 también ha bajado el tráfico, sobre todo desde que en 2011 arreglaron y añadieron carriles a la autovía que sube por el Puerto de Despeñaperros. Según los datos de Abertis, la intensidad media diaria en la A-4 en 2012 fue de 14.659, un 10,06% menos que en 2011. 

La huida de los peajes también tiene su reflejo en el negocio de las gasolineras. Tal y como explica un portavoz de Cepsa, el consumo de gasolina en 2012 frente a 2011 ha caído un 15,3% en las autopistas y el del gasóleo, un 13,7%. El descenso ha sido mejor en las carreteras tradicionales, del 10% y del 11,7%, respectivamente. Esta menor caída se puede achacar a que, efectivamente, ahora circulan más automóviles por el segundo tipo de vías. En este sentido, el propietario de Casa Quico, que también se planteó hace años entrar en este negocio, comenta que "ahora nadie las quiere, tampoco son rentables, ningún negocio en la autopista puede serlo con esos precios". 

jueves, 25 de abril de 2013

¿Es la nacionalización de las autopistas al borde la quiebra una solución?

El Foro de Infraestructuras (ForoPPP) propone que el Estado asuma, a través de una agencia pública, la media docena de autopistas de peaje que actualmente están al borde de la quiebra por la caída del tráfico y los sobrecostes de expropiación que sufrieron durante su construcción.

La eventual nueva agencia nacional de autopistas iría pagando a los bancos acreedores de las vías con los ingresos que obtuviera de su explotación.El resto del pasivo de estas infraestructuras quedaría garantizado por el Estado.

Respecto a las sociedades que actualmente tienen la concesión de las autopistas, en su mayor parte participadas por grandes constructoras y entidades financieras, podrían quedarse con las labores de mantenimiento y gestión de las vías, según explicó el presidente de esta organización, Pedro Michelena, en rueda de prensa.

A medio o largo plazo, una vez que las vías mejoraran y fueran rentables, la posible nueva agencia nacional podría proceder a su venta, tal como ya sucedió en su día con la Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Un grupo de autopistas de peaje negocia actualmente con sus bancos acreedores la ampliación de los plazos de refinanciación de deuda con el fin de ganar tiempo en tanto el nuevo equipo del Ministerio de Fomento diseña una posible solución a sus desequilibrios económicos y financiero.

Entre las vías que actualmente están en riesgo de declararse en concurso de acreedores figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera. Todas ellas suman un pasivo de alrededor de 3.000 millones de euros.

El Foro de Infraestructuras considera precisamente necesario solucionar este y otros problemas que ha presentado el sistema de concesión de obra pública en el pasado para poder impulsar la necesaria colaboración del capital privado en la promoción de infraestructuras públicas.

Con este fin, esta asociación ha elaborado un documento de propuestas que prevé elevar al Gobierno durante este mes de septiembre. Entre ellas, sobresale la de constituir una Oficina Pública de CPP (Colaboración Público Privada) similar a la ya existe en otros países, según el director gerente del Foro, Miguel de la Fuente.

El ForoPPP asegura que este organismo no supondría coste alguno para el erario público. En su opinión, se constituiría en el seno del Ministerio de Hacienda y contaría con representación de todas las administraciones y todos los organismos públicos y privados que intervienen en una concesión de obras públicas, desde el Ministerio de Fomento, hasta el Banco de España.

Otras de sus propuestas pasan por buscar alternativas a la financiación bancaria (emisiones de bonos y títulos de deuda de las infraestructuras) y garantizar la estabilidad jurídica con la aprobación de la Ley de Captación de Financiación y "definiendo claramente" los riesgos del contrato de concesión.

El Foro considera que ante las restricciones presupuestarias y la crisis financiera, los sistemas de colaboración con el capital privado se perfila como la principal vía de seguir promoviendo dotaciones públicas.

El ForoPPP es una asociación multisectorial constituida en 2007 que representa a todas los agentes que participan en el sector de las concesiones de infraestructuras y servicios públicos. Actualmente está integrada por unas cuarenta entidades de los sectores financiero, constructor, consultor, ingeniero, legal y servicios.

miércoles, 24 de abril de 2013

El PSOE avisa de que Fomento ya está preparando el terreno para una nueva tasa por el uso de carretera

El portavoz socialista de Fomento en el Congreso, Rafael Simancas, ha expresado este viernes su oposición "rotunda" a la posibilidad de que el Gobierno implante una nueva tasa por el uso de carreteras ya existentes, tal y como a su juicio se deduce de las palabras del secretario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, quien ante un grupo de empresarios afirmó que "hay que ir trasladando" al ciudadano el "concepto" de pagar por usar las infraestructuras.


En declaraciones a Europa Press, Simancas ha acusado a Catalá de "intentar preparar a la opinión publica ante la eventual aplicación de una tasa por el uso de las carretas", una medida con la que se ha especulado en diversas ocasiones pero que siempre ha acabado siendo desmentida desde el Gobierno. "Espero que esta nueva amenaza también quede en nada", ha deseado.

"No estamos en absoluto de acuerdo con esta medida y la vamos a combatir. Estos globos sonda deben recibir una contestación explícita. Por eso vamos a pedir la comparecencia del secretario de Estado ante la Comisión de Fomento del Congreso para que explique qué intenciones se esconden tras estas declaraciones", ha avanzado.

Además, el diputado ha asegurado que la intención que se esconde tras esta nueva tasa no es, como dijo Catalá, acostumbrar a los ciudadanos a que la conservación y mantenimiento de las infraestructuras debe asumirlos quienes las usan, sino "recaudar dinero para cubrir las pérdidas de las concesionarias de autopistas de peajes".

"Esto sería una aberración, porque ya cobran peaje y porque muchas de ellas se plantearon mal, con previsiones de pago y uso no acertadas. Si las concesionarias están quebradas es por culpa del Gobierno del PP, que las diseñó mal, y de los empresarios que no han sabido hacer bien su tarea. Y, desde luego, los españoles no tienen por qué pagar estos platos rotos en modo alguno", ha añadido, asegurando que el PSOE se opondrá "de forma radical" a la posibilidad de que el Estado se haga cargo de las "deudas y los beneficios" de las concesionarias que "quieren quitarse de encima" las carreteras de peaje.

Simancas también ha recordado que una medida de este tenor en un momento de "gravísima crisis económica" y con el actual nivel de desempleo y pobreza supondría "agravar aún más" la situación, tanto para el bolsillo de los ciudadanos como para la competitividad y productividad empresarial, dado que la logística y el transporte "pesa incluso más que los salarios" en la estructura de gastos de las compañías.

"Encarecer el transporte de mercancías en este contexto de crisis dañaría la productividad y la competitividad de las empresas y de la economía, y podría generar aún más paro", ha insistido, recordando además que las carreteras ya las pagan los ciudadanos a través de los impuestos.

Finalmente, Simancas se ha referido a la comparación que Catalá hizo entre el uso de las carreteras y de las piscinas públicas. "Nadie concibe que una piscina pública se pague con los impuestos de todos en vez de con las entradas que paguen quienes la usen", afirmó el secretario de Estado.

A juicio del diputado socialista, esta comparación es "poco respetuosa" y "ni mucho menos razonable" dado que "el baño en una piscina pública puede ser opcional" pero "el uso de una carretera a diario para buscar trabajo, para ir al médico o para llevar a los niños al colegio forma parte del ejercicio de un derecho fundamental básico y constitucional" como es el de la movilidad.

martes, 23 de abril de 2013

Autopista al Infierno

Lo cantaba AC/DC como premonición al fiasco que iban a suponer las autopistas radiales españolas. Y eso que, a algún presidente de comunidad autónoma, hoy ministro, se le llenaba la boca apostando por su rentabilidad. Y es que nos engañan como a niños (o al menos, eso pretenden).

lunes, 22 de abril de 2013

La R3 y la R5 piden a Fomento un trato especial que evite su nacionalización

Accesos de Madrid, la compañía concesionaria de las Radiales 3 y 5 de la capital, quiere evitar a toda costa que la sociedad pública de autopistas que prepara el Gobierno para rescatar a las carreteras en riesgo de quiebra se quede con ambos activos. Para ello cuenta a favor con el informe elaborado por los administradores concursales (la compañía solicitó la antigua suspensión de pagos a finales de 2012), donde se concluye que la actividad de Accesos de Madrid es viable porque la explotación de las radiales sí es rentable. El problema es, en este caso, el sobrendeudamiento de la empresa matriz Alazor.

"Aún está en marcha la fase común de negociación entre Fomento, los bancos acreedores y las empresas concesionarias para abordar la creación de esa sociedad pública pero, cuando haya acuerdo, Accesos de Madrid tratará de cerrar un convenio con el Ministerio para intentar dejar fuera de esa compañía estatal a la R3 y la R5", dice una fuente conocedora de la marcha de las negociaciones.

No obstante, aunque ya se ha transmitido esta voluntad al departamento que dirige Ana Pastor, estas fuentes indican que aún se tardarán meses en poder llegar a un acuerdo en este sentido.

En cuanto a cómo podría alcanzarse este objetivo, el procedimiento pasaría por dar una participación en Accesos de Madrid al Ministerio de Fomento, además de acordar una quita parcial y nuevas refinanciaciones con la banca acreedora. La concesionaria, por otro lado, reclama al Gobierno los 116 millones de ayuda financiera comprometidos a través de préstamos participativos y cuentas de compensación.

Accesos Madrid está participada por Abertis, quien posee un 35 por ciento del capital, Sacyr (25 por ciento), ACS (20 por ciento) y Bankia (20 por ciento). En cuanto a su deuda, ésta se eleva por encima de los 650 millones de euros.
3.700 millones de deuda

La concesionaria de la R3 y la R5 no es la única con problemas dentro del sector, muy afectado por la caída de los tráficos en las autopistas de peaje y por el elevado endeudamiento de muchas de estas empresas, derivado de los elevados costes de expropiación. Así, otras ocho concesionarias lidian en estos momentos con el riesgo de quiebra, sumando entre todas una deuda de 3.700 millones de euros. Frente a este panorama el Ministerio de Fomento, titular último de estas carreteras y sobre quien recaería la responsabilidad patrimonial en el caso de su hipotética quiebra, ya trabaja con todas las concesionarias en problemas y sus bancos acreedores, más de 40 entidades, la creación de una sociedad pública de autopistas donde traspasar todas estas carreteras. Para ello, busca poner de acuerdo al menos a un 75 por ciento de los acreedores, mientras que las concesionarias sumarían un 20 por ciento del capital de esa sociedad, con la que el Estado evitaría tener que asumir la deuda de las carreteras y elevar su déficit.

Además de la R3 y la R5, también están en concurso de acreedores la autovía Cartagena-Vera; la que discurre entre Madrid y Ocaña; la que conecta Ocaña con La Roda y, por último, la AP-41 entre Madrid y Toledo, siendo ésta última la que se encuentra en una posición más precaria, muy cerca de la liquidación.

El Economista.es 18/04/2013

domingo, 21 de abril de 2013

¿Qué hace una Ministra como usted con un problema como este?

En una entrevista concedida por Ana Pastor en Radio Nacional de España el pasado día 22 de Marzo de 2013, la Ministra hacía las siguientes declaraciones: El Gobierno trabaja en dos campos. Por un lado, en que las administraciones no pueden volver a hacer lo que nos hemos encontrado: en mi ministerio me he encontrado con una deuda de más de 40.000 millones y más de 3.000 millones de facturas sin pagar

En estas declaraciones, la Ministra parece que se hace no responsable de lo que sucedió en su Ministerio antes de su llegada, lo cual es, tristemente, algo muy normal en todos los gobiernos que hemos tenido en este país.
A los políticos en este país les ha salido, hasta el momento, muy barato ser responsables de sus decisiones en las diferentes instituciones del estado. Desde el gobierno de Jose Mª Áznar, y sus dos ministros de Fomento, Rafael Arias-Salgado y Francisco Álvarez Cascos, a el gobierno de Jose Luís Rodríguez Zapatero y sus respectivos ministros Magdalena Álvarez y José Blanco, hasta la última legislatura, la de Mariano Rajoy con su Ministerio encabezado por Ana Pastor, son responsables de lo que aquí está pasando.
Pero aquí nadie pasará por los tribunales por llevar a los ciudadanos primero a un despilfarro de las arcas públicas y después a la destrucción de terrenos. A diferencia de cualquier ciudadano, éstos no serán juzgados por sus responsabilidades, o al menos, por la responsabilidad de dilapidar hasta 4.000 millones de euros por el rescate de unas infraestructuras en quiebra (las Radiales R-2, R-3, R-4, R-5 y AP-41, y las autopistas M-12, AP-36, AP-7 y la circunvalación de Alicante).
Ahora, los políticos, en este estado en el que los ciudadanos cada vez son más conscientes de la situación  los que estos meros gestores de capital público les han llevado, se llevan las manos a la cabeza cuando se ven rodeados, ya no sólo en sus lugares de trabajo, sino en sus propios hogares por manifestaciones pidiéndoles responsabilidades.
Esto es lo que han gestado durante más de treinta años, y ¡Al fin! se están pidiendo responsabilidades.

sábado, 20 de abril de 2013

PSOE pide que Pastor explique en el Congreso los planes para crear una sociedad pública de autopistas

El PSOE ha solicitado la comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, ante la comisión del ramo del Congreso para que explique los planes del Gobierno de crear una sociedad pública que gestione las autopistas de peaje actualmente en riesgo de quiebra y si se usarán recursos públicos para cubrir sus pérdidas.

Según informaron los socialistas, su intención es que Pastor detalle sus planes sobre este proyecto, después de que el pasado día 4 reconociera que baraja la posibilidad de constituir esta sociedad para evitar que las vías de peaje quiebren y su deuda compute en el déficit.

"El Estado tiene una responsabilidad patrimonial sobre las autopistas, de forma que si se deja caer una autopista, esa responsabilidad va al déficit", detalló entonces la ministra.

Por ello, el PSOE exige a Fomento más información sobre estos planes de creación de una sociedad pública que gestione autopistas de peaje y sobre la posible utilización de recursos públicos para cubrir pérdidas en empresas privadas de este ámbito.

Según indicaron en fuentes del sector, la eventual sociedad de autopistas dependería de la Seittsa, un ente del Ministerio de Fomento. Este Departamento, habría ofrecido a las empresas concesionarias de las vías tomar un 20% de capital de la empresa.

Con esta firma, Fomento pretende ayudar a las autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra por la caída de los tráficos y el sobrecoste de las expropiaciones.

De la decena de autopistas con problemas, seis de ellas están ya en concurso de acreedores (las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera), y entre las que afrontan dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas. Las vías suman una deuda de unos 3.500 millones de euros y entre sus accionistas y concesionarios figuran ACS, Abertis, Cintra (Ferrovial), Sacyr, OHL, Ploder y Globalvía, además de alguna entidad financiera.


Europa Press 17/04/2013

viernes, 19 de abril de 2013

Conflicto autopistas. A fin de mes caerá la AP-41, Madrid-Toledo


  • Con ello se precipitará el proceso para crear una empresa pública que gestione las autopistas en dificultades.
  • Hablamos de las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5, la autopista al aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña–La Roda y la Cartagena–Vera, además de la mencionada AP-41.
  • Las empresas rechazan la propuesta de Fomento de participar un 20% en la empresa pública.
  • Las posiciones entre Gobierno y empresas continúan muy alejadas, y el tiempo se acaba.
En teoría, el Gobierno tiene prisa por solucionar el problema de las autopistas que atraviesan graves dificultades económicas, porque de no hacerlo, y en caso de que quiebren, la Responsabilidad Patrimonial del Estado irá al déficit público. Actualmente, la deuda conjunta de la AP-41, la AP-36, las ‘erres’ 3,4 y 5, y la que une Cartagena y Vera asciende a unos 5.000 millones de euros.

Por eso, el hecho de que la autopista Madrid-Toledo vaya a quebrar a finales de este mes de abril debería acelerar el proceso para crear una empresa pública que gestione estas infraestructuras.

El problema es que las posturas están todavía muy alejadas y las negociaciones no se están desarrollando a un ritmo que augure un final feliz. La ministra de Fomento, Ana Pastor (en la imagen), ha propuesto a las empresas participar con un 20% en la empresa pública -el Ejecutivo tendría el 80% restante-, extremo que las compañías no están dispuestas a admitir, y menos teniendo en cuenta que la propuesta del Ejecutivo implica una solución global a todas las infraestructuras, no una salida concreta para cada una de ellas. El razonamiento de las compañías es sencillo: ¿Por qué, además de mis deudas, tengo que cargar con las de las otras autopistas?

En definitiva: las concesionarias pretenden que el reparto en la empresa pública sea más parecido a un 49%-51% (empresas y Estado respectivamente).

Y mientras, la banca acreedora apoya la propuesta de la ministra Pastor. No en vano, las entidades cambiarían una deuda privada -la que mantienen con las empresas- por una pública con la garantía del Estado.

Las posturas, como se ve, continúan muy alejadas y el reloj sigue avanzando. Lo que suceda con la AP-41 marcará, sin duda, el futuro del sector.

jueves, 18 de abril de 2013

La Comunidad de Madrid paga 16,5 millones del IPC de los peajes en sombra en 2011

Para el Gobierno de Ignacio González, como anteriormente para el de Esperanza Aguirre, los peajes en sombra forman parte del legado maldito de Alberto Ruiz Gallardón como presidente autonómico. El modelo, que consiste en que una o varias adjudicatarias construyen y gestionan una carretera sin que lo haga directamente el Ejecutivo, que a cambio abona un canon anual por los vehículos que circulen por ellas —a medio y largo plazo es notoriamente más caro, y lo que es peor, no hay manera de revisar la relación— provocó un momento ingrato en el Consejo de Gobierno del jueves de la semana pasada. Ese día la Comunidad de Madrid aprobó el pago de 16,5 millones de euros por el IPC de esas concesionarias en el ejercicio de 2011. En la actualidad hay cuatro vías regionales (M-407, M-45, la M-511 y M-501) que se financian por este sistema, que supone una sangría anual de 103 millones.

En concreto, el Gobierno regional aprobó el gasto de 2,6 millones para la actualización del IPC de 2011 relativo al eje de la M-45 entre O’Donnell y la N-IV adjudicado a la empresa Autopista Trados 45; 7,5 millones para la actualización del IPC parcial y definitivo del tramo de la M-45 entre la N-II y el O’Donnell adjudicado a Concesiones de Madrid; otros 3,7 millones para el tramo de la M-45 entre la N-V y N-IV adjudicado a Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid; y otros 2,7 millones del contrato de concesión de obra pública de las Carreteras M-511 y M-501 entre la M-40 y la M-522 (punto kilométrico 21,800) adjudicado a la firma Ruta de los Pantanos.

El Gobierno regional justifica que el pago no se realizó antes “por trámites administrativos”. El coste relativo al ejercicio de 2012 se realizará “dentro de poco”, señala el Ejecutivo autonómico.

Neoliberales en penitencia por la autopista


A los que insisten en defender la eficiencia y ahorro de lo privado frente a lo público, yo les pondría como penitencia que recorriesen a pie todos los kilómetros de autopista que en las próximas semanas nos vamos a comer con patatas. ¿Consejero autonómico que propone privatizar hospitales? Una radial entera de rodillas. ¿Dirigente empresarial que alaba el sistema de concesiones? La autopista Cartagena-Vera, descalzo y con cruz al hombro. ¿Tertuliano de firmes convicciones neoliberales? La AP-41 a la pata coja. A ver si así se les quitan las tonterías.

Pocas demostraciones tan escandalosas del timo de la “colaboración público-privada” como el caso de las autopistas de peaje que tan alegremente se concedieron en los años de la burbuja. Un pozo sin fondo donde se han enterrado miles de millones, y que para variar ahora toca nacionalizar.

El cuento de las autopistas es largo, y da risa por no llorar. Una historia de final cantado, que recoge lo peor de nuestro “modelo productivo” en alianza con las decisiones políticas más nefastas. Un país de vieja querencia por el asfalto (al que se decidió dar prioridad frente al tren por intereses empresariales), donde las constructoras son un poder con mayúsculas, y que llegado el momento de la expansión burbujil encuentra en los kilómetros de asfalto otra oportunidad de pelotazo.

Y allá fueron, de la mano, ministros de Fomento, consejeros autonómicos, constructoras amigas (algunas en los papeles de Bárcenas) y por supuesto las cajas de ahorro, que no se perdían una fiesta. Juntos se sentaron a la mesa y organizaron un negocio redondo: construir costosísimas infraestructuras (que por el camino dejan enormes sobrecostes y suculentas comisiones), con crédito alegre de las cajas y avalado por el Estado, con contratos al gusto de la concesionaria, y lo más importante: con red, que es como se hacen en España los grandes negocios. Si sale bien, se lo lleva crudo la empresa; si sale mal, nos lo comemos nosotros.

Pasaron los años, y se cumplió todo lo que avisaban los aguafiestas que en su día alertaron de la inviabilidad de tanta autopista. No se construyeron, como sería lógico, para llegar a algún sitio pasando por el camino por otros sitios. No, no había lugar al que llegar ni por el que pasar, porque era la propia autopista la que iba a generar esos lugares. Se hicieron estimaciones de utilización fantásticas, basadas en esos lugares que no existían, y que surgirían espontáneamente por la propia existencia de las autopistas. Algunas no han llegado ni al 10% del tráfico estimado.

Y lo más cómico: se calcularon unos costes de expropiación de los terrenos que al final se multiplicaron por seis. Según la patronal de las constructoras, Seopan, pensaban pagar 427 millones por los terrenos, y acabaron obligados a soltar 2.267 millones, porque la propia autopista revalorizaba los terrenos, los “no lugares” que sin autopista valían cuatro duros, y con ella multiplicaban su precio.

Pero lo más importante era, por supuesto, la red de seguridad habitual en este tipo de funambulismo empresarial: las constructoras no corrían mucho riesgo, porque en caso de caerse del alambre, el Estado estaba en el suelo con los brazos abiertos para recogerlas. El Estado, es decir, nosotros, estamos pillados por créditos participativos, avales, compensaciones comprometidas, y la propiedad, que en el fondo sigue siendo nuestra. Todo conduce de cabeza al rescate, y si hay alguna posibilidad de evitarlo, ya se tirará de cabeza un gobierno siempre dispuesto a rescatar a los suyos.

Ya digo, una estafa monumental, otra más, que acumula una deuda de 3.500 millones que ahora pagaremos entre todos, y que de regalo nos deja con unas cuantas vías duplicadas y sin uso, que no sirven para nada, y que son irreversibles, no se pueden desmontar. Incluyamos ahí otro daño, incalculable: el destrozo ambiental y paisajístico, que una autopista no es una vieja vía de tren que ahora conviertes en vía verde para bicicletas.

En el pufo de las autopistas están implicadas las grandes del ladrillo: ACS, Abertis, Sacyr, Acciona, OHL. A sus consejos de administración los ponía yo a acompañar a los ministros y consejeros en la penitencia.

El Diario.es15/04/2013