El Ministerio de Fomento ha ofrecido a las constructoras y concesionarias de la decena de autopistas que están en riesgo de quiebra tomar una participación del 20% en el capital de la empresa pública que prevé constituir para rescatar a estas vías.
Así lo ha planteado el Departamento que dirige Ana Pastor a las propietarias de las autopistas en la ronda de negociaciones que han mantenido esta pasada semana, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
Tras estos encuentros, Fomento ha quedado en volver a convocar a una reunión a todo el sector, esta vez de forma conjunta, para comunicarle la decisión final que adopte al respecto.
El Ministerio trabaja actualmente en la constitución de una sociedad pública que se quede con las autopistas y la deuda de unos 3.500 millones que suman, bajo la órbita de este Departamento, concretamente de la Sociedad Estatal de Transportes Terrestres (Seittsa), para atajar los problemas de estas autopistas.
La quiebra de las vías provocaría que el Estado tuviera que hacer frente a la responsabilidad patrimonial que tiene sobre estas infraestructuras y a contabilizar su deuda en el déficit público.
La solución propuesta por Fomento contaría ya con el 'visto bueno' de la banca acreedora de las autopistas. No obstante, las empresas propietarias de las vías no la aceptan el nuevo planteamiento de entrar en la sociedad pública, al menos si no se eleva ese porcentaje.
Según detallaron a Europa Press las mismas fuentes del sector, la empresa pública de autopistas actualmente plantea dos escollos. De un lado, la forma en que las constructoras y concesionarias se repartirían el capital que Fomento les cede en la sociedad y, de otro, la forma en que el Gobierno sorteará que compute en déficit.
Para evitar el efecto en la cuentas públicas, la nueva compañía debe asegurarse que sus ingresos cubran al menos un 50% de los gastos, incluidos los financieros y las amortizaciones. Para cumplir este requisito, el sector propone poner peaje directo en la M-50, la vía que explotan en peaje en sombra las concesionarias de las radiales de Madrid.
Respecto a la participación de las constructoras en la sociedad, según dichas fuentes, el sector ha recordado a Fomento las aportaciones de capital e inversiones realizadas en las vías (2.800 millones de euros) y el importe de pago de expropiaciones al que se enfrentan (2.300 millones).
Precisamente el sobrecoste de las expropiaciones, junto con el desplome de los tráficos, constituyen las dos principales causas de los problemas económico y financieros de estas vías. Seis de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores (las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera), y entre las que afrontan dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas.
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